Vuelve Radiografía!!!

Hoy, martes 9 de marzo, arranca un nuevo ciclo de Radiografía, el programa del Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda.
En esta ocasión, entrevistaremos a Sergio Martínez, miembro de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá (Catamarca), para que nos cuente cómo sigue la lucha contra los emprendimientos mineros tras la represión y pueblada del 15 de febrero pasado. También contaremos con la presencia de Jorge Trevín con quien hablaremos sobre las novedades del proyecto de Techint en la Costa de Avellaneda y Quilmes.
Todo eso y mucho más a las 18 hs por AM TANGO 1120, http://www.amtango.com.ar/

Leé los comunicados de la Asamblea El Algarrobo:
23 de febrero
29 de febrero

¿Qué oculta la ley Filmus de Glaciares?

En el programa del 27 de octubre también dialogamos con Adriana, miembro de la ONG Conciencia Solidaria, quienes están llevando adelante una incansable campaña de difusión para la protección de nuestros glaciares. La semana anterior, el Senado de la Nación le dio media sanción a la nueva ley de glaciares, que lleva la firma de Daniel Filmus y que vendría a "mejorar" aquella ley de 2008 vetada por la presidenta Cristina Fernández. Aquel acontecimiento se conoció como el "Veto Barrick Gold" ya que quedaba en evidencia la presión que habían ejercido las empresas mineras que tienen intereses sobre los glaciares cordilleranos.

No por casualidad, la nueva ley cuenta con el beneplácito de la familia Gioja y el guiño cómplice de las mineras. A continuación reproducimos el comunicado que Conciencia Solidaria emitió, donde se exponen las trampitas que tiene la ley.

COMUNICADO DE PRENSA
23 de Octubre de 2009

Hoy Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial, presentó una carta a los Senadores y Diputados de la Nación, firmada además por científicos y profesionales: el Dr. Carlos Adolfo Seara, la Prof. Mirta Beatriz Leguizamón, la Investigadora Elsa Bruzzone, la Dra. Elida Beatriz Hermida, la Dra. Hilda María Herzer, la Lic. Norma Giarracca, José Jorge Aldecoa, Ambientalista y Economista y el Dr. Héctor Sejenovich; en defensa de la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial, vetada por el Ejecutivo en noviembre del 2008.
Se declara la necesidad de ratificar el Proyecto de ley 26 418 - el 8 de Noviembre vence su plazo para la ratificación- o bien impulsar un proyecto de ley de igual espíritu y letra a la ley vetada. Alertando y denunciando sobre las graves falencias del proyecto de ley presentado por el Senador Filmus, el cual el miércoles 21 de octubre ha obtenido media sanción en senado.
Con la colaboración de científicos y abogados se vislumbraron grandes deficiencias en el Proyecto de ley presentado por el senador Filmus, que podrían generar baches jurídicos inaceptables. Se alerta en la carta a nuestros representantes que “hay que dejar en claro estas cuestiones para que luego, no resulte ser una ley que no termine protegiendo lo que intenta.”
“En primer lugar, no entendemos por qué la ley 26 418, votada por mayoría en ambas Cámaras, fue tildada de ley anti-minera, siendo que impediría cualquier actividad que impacte sobre los glaciares y el ambiente periglacial (…) Suponemos que tomó ese estado cuando empresas que no podían realizar actividades por las restricciones que la ley imponía, comenzaron a hacer un fuerte lobby político aunque pese a todo, no han podido obtener la licencia social para operar.
Es importante recalcar que las leyes están para ser cumplidas y no se basan en persecuciones a personas o empresas sino a la protección de la soberanía de la Nación y el efectivo ejercicio de los derechos que día a día intentamos construir.
Es fundamental para que esto sea serio, sean escuchadas todas las partes. En muchas provincias no hay libertad de expresión, se judicializan reclamos sociales, existen amenazas directas e indirectas, se compran voluntades. Esto es de público conocimiento en medios como internet, donde afortunadamente no existe la censura y se puede acceder a las realidades de nuestros coetáneos.
Como bien dice el art. 41 de nuestra Constitución Nacional hay tres puntos fundamentales que deben tenerse siempre presentes: el principio preventivo, el principio precautorio y el principio inter-generacional.
En este artículo no se prohíben actividades, pero sí se exigen los presupuestos mínimos para la protección de los bienes comunes de la Nación.
(…) Sin dudas los glaciares, el ambiente periglacial y los ríos de alta montaña son recursos fundamentales para el desarrollo y la vida de los ciudadanos argentinos. Y deben ser preservados de manera férrea. Con una ley soberana, eficiente y con visión a largo plazo.”

El agua y la Vida no se negocian

www.glaciaresnosetocan.com.ar
Conciencia Solidaria - Ong Interprovincial

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Buenos Aires, octubre de 2009

Honorable Senado de la Nación
S_______/________D

Le escribimos por nuestra preocupación acerca del expediente S-2200-09 del Senador Daniel Filmus cuyo título es idéntico a la ley 26.418 vetada por la Sra. Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
No vamos a extendernos en las razones del veto, ya que es de público conocimiento las causas del mismo y cómo votaron los diferentes bloques durante la sanción, sin embargo la posible insistencia sobre esta ha quedado en el olvido.
En esta carta intentaremos señalar algunos puntos que creemos se necesitan clarificar acerca del proyecto del Senador Filmus.
En primer lugar, no entendemos por qué la ley 26 418, votada por mayoría en ambas Cámaras, fue tildada de ley anti-minera, siendo que impediría cualquier actividad que impacte sobre los glaciares y el ambiente periglacial vislumbrando la necesidad de proteger aquellos ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. Suponemos que tomó ese estado cuando empresas que no podían realizar actividades por las restricciones que la ley imponía, comenzaron a hacer un fuerte lobby político aunque pese a todo, no han podido obtener la licencia social para operar.
Es importante recalcar que las leyes están para ser cumplidas y no se basan en persecuciones a personas o empresas sino a la protección de la soberanía de la Nación y el efectivo ejercicio de los derechos que día a día intentamos construir.
Es fundamental para que esto sea serio, sean escuchadas todas las partes. En muchas provincias no hay libertad de expresión, se judicializan reclamos sociales, existen amenazas directas e indirectas, se compran voluntades. Esto es de público conocimiento en medios como internet, donde afortunadamente no existe la censura y se puede acceder a las realidades de nuestros coetáneos.
Como bien dice el art. 411 de nuestra Constitución Nacional hay tres puntos fundamentales que deben tenerse siempre presentes: el principio preventivo, el principio precautorio y el principio inter-generacional.
En este artículo no se prohíben actividades, pero sí se exigen los presupuestos mínimos para la protección de los bienes comunes de la Nación.
Como usted sabrá, vivimos en un mundo en crisis ambiental. Son innegables ya los efectos del calentamiento global. La raza humana está sometida a un flagelo que ella misma ha producido. Los líderes del mundo, desde las primeras Conferencias de las Partes (COP) han intentado llegar a acuerdos que no han tenido la repercusión necesaria frente a la gravedad del problema.
A fin de este año, se intentará lograr un acuerdo en la COP 15 en Copenhague. Hasta hace poco se tenía como límite de impacto del calentamiento global una concentración de 450ppm de CO2 en la atmósfera; el IPCC2 lo ha cambiado recientemente a 350ppm ya que los escenarios están siendo peores que los estimados. Hoy la atmósfera está por arriba de esa cifra, se estima que tiene 390ppm de CO2.
El calentamiento global es un factor muy importante en la retracción de nuestro ambiente glaciar y periglacial. Un ambiente que contiene el 70% del agua potable de la Argentina. Protegerlo debe ser una Cuestión de Estado ya que el agua pura, se está convirtiendo en un bien escaso para la humanidad, como ya sucede en varias partes del mundo.
Si a esto sumamos la acción directa sobre ellos por actividades productivas, la retracción será aún mayor. En Perú ya están sufriendo la acelerada retracción de glaciares cordilleranos por emprendimientos situados en la zona Andina.
Por eso es necesaria una ley que proteja realmente en forma íntegra estos valiosos ecosistemas. Los ambientes glaciares y periglaciales son fundamentales para el desarrollo de nuestra Nación y la continuidad de la vida.
La Cordillera tiene un activo económico fundamental, y es el agua. Sin agua, no hay emprendimiento productivo que sea posible. Sin agua no hay vida. Es por eso que debe considerarse, en este contexto en que vivimos, como un bien estratégico y protegerlo, una Cuestión de Estado.
La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), ha abierto una unidad especial de Cambio Climático y Seguridad Nacional3. Más recientemente ha paralizado actividades mineras en Los Apalaches por la contaminación del agua. Estos no son datos menores.
En un reciente artículo publicado en la CNN, el periodista Carlos Miguel Barber Kuri ha publicado una nota titulada "El agua podría ser un gran negocio"4, da como opinión que el agua no tiene precio, pero su acumulación, resguardo y traslado sí; ésta podría ser el recurso que impulse la economía de toda una nación, sabiéndolo utilizar, indicó.
Todo lo enumerado tiene un factor común, como Nación, es fundamental evaluar estratégicamente a que le vamos a dar prioridad. Sin dudas los glaciares, el ambiente periglacial y los ríos de alta montaña son recursos fundamentales para el desarrollo y la vida de los ciudadanos argentinos. Y debe ser preservado de manera férrea. Con una ley soberana, eficiente y con visión a largo plazo.

El expediente S-2200-09

Centrándonos en el tema en cuestión vemos observancias que hemos tomado de abogados y científicos. Estas observaciones indican grandes deficiencias en la ley, que podrían generar baches jurídicos inaceptables.
Por eso, hay que dejar en claro estas cuestiones para que luego, no resulte ser una ley que no termine protegiendo lo que intenta.
Hay tres artículos débiles en esta ley: el artículo 2, 6 y 15.
Observaciones al Artículo 2º: Debería ser un artículo sin tantos tecnicismos ya que eso perfectamente puede ser establecido en su reglamentación. El artículo 2 debe asegurar la protección íntegra del ambiente glaciar y periglacial y sus cuencas hídricas asociadas.
La ley vetada contenía un artículo mucho más claro en este sentido y amplio, a saber:
"Ley 26.418 - ARTICULO 2º.‐ Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de la nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico."
No existen zonas grises o poco definidas. Los ambientes glaciares y periglaciales pueden ser correctamente delimitados. Por eso, es fundamental que antes de iniciar cualquier actividad productiva, el Estado garantice la provisión de los recursos necesarios para la constitución de un inventario de glaciares, que deberá completarse antes del comienzo de cualquier actividad productiva que pueda alterar el ecosistema.
Esto es fundamental ya que si no sabemos qué tenemos, ¿cómo lo vamos a proteger? ¿qué parámetros vamos a tener luego para medir los impactos realizados por las actividades productivas?
Por otra parte la Ley 26.418 establece claramente las necesidades de un inventario amplio que contempla los glaciares y ambientes periglaciales incluyendo el permafrost, mientras que en el proyecto S-2200-09 dicho inventario quedaría restringido exclusivamente a los glaciares, ya que el ambiente periglacial se reduce por definición al glaciar de roca o litoglaciar que, con ser una formación típica de esa zona periglacial, no es la única que debe tomarse en consideración.
Observaciones al Artículo 6º: se hace omisión al ambiente periglacial, por lo tanto, éste queda sin protección alguna en todas las actividades mencionadas. Este ambiente es de suma importancia por la cantidad de hielo que contiene (permafrost) y su capa activa (que deshiela en verano y se congela en invierno) que funciona como regulador del recurso hídrico.
Observaciones al Artículo 15º: Aquí se dilata innecesariamente y sin fecha cierta el control de las actividades que pueden ser perjudiciales. Es sabido que finalizar el inventario de una jurisdicción es un tema que puede demandar años conforme a las dificultades de accesibilidad. Por tanto el control referido a la adecuación de los emprendimientos existentes a la ley y su no interferencia con los glaciares debe ser inmediato. Recordamos que ese control es una obligación permanente de cada jurisdicción, pues no se pueden otorgar permisos de explotación sin ninguna verificación posterior. En los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizados por cada jurisdicción deben constar las características del terreno y los bienes sociales que serían afectados; de no ser así, la jurisdicción debe realizar los EIA independientemente de la realización de todo el inventario provincial.
La auditoria ambiental debe realizarse en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley. Esto es fundamental para ver en qué situación está el ecosistema, cuáles han sido los impactos producidos por la actividad en dicho ambiente y establecer si puede continuar, modificarse o cesar definitivamente sus operaciones.
Tenemos la experiencia del emprendimiento YMAD Bajo la Alumbrera, que además de la grave contaminación que está produciendo - con un juicio en curso por este hecho al Vicepresidente de la empresa William Rooney- por el volcado de tóxicos del canal DP2 al río Salí Dulce, así como las constantes roturas del mineraloducto, también se suma el problema económico que está sucediendo en las comunidades cercanas como Andalgalá que se declaró en emergencia económica en una zona donde se viene escuchando que estos emprendimientos tienen un impacto bajo ambiental y social y son fuente de desarrollo para las economías locales.
Otro de los proyectos polémicos, es el de la compañía Xstrata Copper en Minera Los Pelambres, Chile (Proyecto El Pachón del lado Argentino) allí, un informe5 de la Universidad de Waterloo (Canadá) dice expresamente: "En el caso de las regiones montañosas áridas y semiáridas, la importancia de los glaciares rocosos es significativamente mayor al constituir reservorios de aguas, que controlan la escorrentía superficial de los ríos de montaña, especialmente durante los meses secos." y afirma "Minera Los Pelambres ha intervenido glaciares rocosos con un equivalente de agua de 1.89 – 2.84 millones de metros cúbicos entre los años 2000 y 2006."
"En el Proyecto El Pachón, los recursos mineros metalíferos se localizan en el ambiente glacial de alta cordillera mientras que la ocupación humana del territorio tiene lugar en el oasis productivo del Valle de Calingasta, aguas abajo. Por tanto, sostenemos a modo de hipótesis que los impactos ambientales que involucran grandes movimientos de suelo, uso de importantes caudales de agua, la construcción de obras civiles, etc., localizados en cordillera afectarán no solo al ecosistema inmediato del proyecto minero sino que sus efectos en el territorio, esto es en lo natural, social, cultural y económico, se expandirán hasta el oasis de Calingasta y quizás hasta el oasis del Valle de Tulum, al comprometer a la cuenca del Rio San Juan."6
Eso debería estar presente en la evaluación de una ley, porque son casos concreto y reales de lo que hay que evitar en emprendimientos futuros.
Lamentablemente todavía no tenemos las garantías necesarias de que eso suceda desde el Poder Legislativo. Por lo tanto pedimos que se vuelva al proyecto de ley 26.418 vetado por el Poder Ejecutivo Nacional o un proyecto de igual espíritu y letra, como el expediente 6769-D-2008, presentado por el Diputado Miguel Bonasso.

Conclusiones: Estas observaciones dejan al descubierto las falencias de este proyecto de ley. Debería tenerse muy en cuenta entonces si es pertinente darle el curso tan apresurado que está teniendo, revisarlo o descartarlo y volver al proyecto inicial, que si bien es perfectible, es mucho más completo que todos los proyectos que se han venido presentando luego del veto.
Las consecuencias del daño ambiental y social ya son sabidas. Tenemos un emprendimiento que lo ha demostrado. Pareciera que no hemos aprendido nada entonces. La provincia de Catamarca no se ha beneficiado con el proyecto YMAD Bajo la Alumbrera, sino todo lo contario: tiene un pasivo ambiental muy grande, ha contaminado aguas interjurisdiccionales, existen causas abiertas por contaminación, el consumo de electricidad de este emprendimiento ha generado un aumento del costo de vida en la población, lo mismo que la escasez de agua que sufren los pobladores, aumentaron los casos de algunas enfermedades y las actividades productivas de la provincia no han mejorado.
Es claro que aquí hay que comenzar a plantearse qué modelo de País esperamos todos, y como representante usted debe tenerlo muy presente a la hora de tomar una decisión.
No podemos seguir teniendo políticas a corto plazo que afecten luego, los derechos de las futuras generaciones. Se necesitan decisiones serias, comprometidas y valientes.
Esperamos que la conciencia, la ética y la razón lo acompañen en el análisis de este proyecto de ley, y que su acción contribuya a proteger los intereses de la República Argentina y de todos sus ciudadanos.
Le enviamos un cordial saludo en paz,

Cristina Martín, Presidente
Conciencia Solidaria
ONG Interprovincial

Prof. Mirta Beatriz Leguizamón D.N.I. 16.905.360
Dr. Héctor Sejenovich L.E. 5.819.295
Diputada (mc) Marta Maffei
Prof. Elsa Bruzzone, Investigadora
Dra. Hilda María Herzer
José Jorge Aldecoa, Ambientalista
Dra. Elida Beatriz Hermida , Física
Norma Giarracca, UBAL.C. 5.012.016
Dr. Carlos Adolfo Seara, Geólogo L.E. 6.502.20

1 Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
2 Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC)
3 CIA Opens Center on Climate Change and National Security, September 25, 2009, Press Release. https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/center-on-climate-change-and-national-security.html
4 http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/09/23/el-agua-como-un-gran-negocio
5 Guillermo Azócar, Alexander Brenning, Interventions in rock glaciers in the Los Pelambres mine, Coquimbo region, Chile, Technical Report, Department of Geography and Environmental Management, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, October 2008.
6 Arq. Elena Taber, Mag. Lic. Griselda Henriquez, Dra. Arq. Graciela Nozica, Los riesgos que imponen las nuevas activdades mineras de escala en San Juan, Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Segemar admite que Alumbrera extrae uranio (y otros minerales)

Desde hace muchísimos años, las organizaciones que luchan contra la minera Bajo la Alumbrera denuncian que se llevan más minerales de los que declaran. Un informe del Segemar lo confirma.

Se llevan oro, plata, cobre... y algunas cosas más también. Prácticamente toda la tabla periódica!!!

Esto tiene dos tipos de consecuencias gravísimas: económica y ambiental. En el aspecto económico, queda claro que Alumbrera exporta más minerales de los que informa en su declaración jurada y por tanto no paga ningún tipo de impuesto. Y ambientalmente hablando, genera un gran perjuicio para la salud de las comunidades aledañas al emprendimiento y al Río Vis Vis ya que los rastros de uranio y torio son altamente radioactivos.

Reproducimos el mail que compañeros catamarqueños están haciendo circular.

Últimamente se ha conocido un Informe Técnico Pericial sobre el estado del ecosistema en el Río Vis Vis, Complejo Bajo La Alumbrera, y las localidades de Vis Vis, Amanao y Andalgalá, producido en Agosto de 2008 por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Nacional) que es el brazo técnico del Secretario de Minería Jorge Mayoral, ordenado por el Juzgado Federal de Catamarca, en el marco de una denuncia por contaminación contra la minera, formulada en el 2004 por las familias Casas y Flores, quienen debieron abandonar sus propiedades ubicadas a orillas de dicho Río, dos kilómentros más abajo del dique de cola.
El Informe de marras sigue en poder del Juez y del Fiscal Federal de Catamarca desde hace más de un año, sin que se conocieran a la fecha nuevas medidas procesales de parte de los funcionarios judiciales.
Este Informe del SEGEMAR está hecho para liberar de toda responsabilidad a Minera Alumbrera de su actividad contaminante, ése es su principal objetivo. Es incompleto, mendaz y tendencioso por donde se lo mire. Sin embargo, los técnicos firmantes Ferpozzi y Herrero, no pudieron ocultar la composición química de los sedimentos presentes en la cuenca inferior del río Vis Vis, pues han quedado los registros del laboratorio que les prestó asistencia técnica.
El informe, cuya copia completa se adjunta por archivo,dice en el párrafo segundo:
“Para la situación evaluada en agosto-noviembre de 2007, en la cuenca inferior y respecto de la línea de base, los sedimentos de corriente fluvial del cauce del río Vis Vis, están enriquecidos en Ag (plata), Al (aluminio), As (arsénico), Au (oro), Ba (bario), Be (berilio, Bi (bismuto), Br (bromo), Ca (calcio). Cs (cesio), Cu (cobre), Dy (disprosio), Er (erbio), Ga (galio), Gd (gadolinio), Ho (holmio), Lu (lutecio), Mg (magnesio), Mo (molibdeno), Na (sodio), Nb (niobio), Pb (plomo), Pr (praseodimio), S (azufre), Sb (antimonio), Sr (estroncio), Ta (tantalio), Ti (titanio), Tl (talio), V (vanadio), W (volframio), Zn (cinc), Zr (circonio), Esta asociación de elementos alcalinos, tierras raras, U (URANIO) y Th (torio), en alto grado, se deriva de los silicatos minerales de rocas de composición ácida (Granito de Belén) y de los elementos metálicos (Au, Ag, Cu, Mo) típicos de mineralizaciones tipo pórfido de Cobre y de los sulfuros metálicos hidrotermales que la acompañan.”
En el párrafo anterior, dice el Informe que en la cuenca superior y media del cauce del río Vis Vis, en cambio, los sedimentos de corriente fluvial están “empobrecidos” (menor concentración que en la línea de base). ¿Cómo es esto, de repente, de la nada, a partir de la denominada por los técnicos “línea de base”, aparecen gran cantidad de minerales que no están en el lecho ni en los sedimentos del río aguas arriba?
Lo más probable es que en los últimos años, el mineraloducto se haya roto una o más veces y el barro mineral volcado sobre el curso inferior del Río, y que esos episodios no fueran conocidos por la permanente acción de ocultamiento informativo en que incurre Minera Alumbera. Las circunstancias carecen de relevancia, lo importante es el reconocimiento de la presencia de esos minerales pesados o radioactivos, que no pudieron salir de otro lado sino de la mina.
Por primera vez en quince años, una voz oficial y cómplice de las mineras, el SEGEMAR, también reconoce la presencia de decenas de minerales que transporta el mineraloducto, información celosamente silenciada ante la ciudadanía y ante la AFIP, en el momento de su exportación. Entre ellos, la existencia de URANIO y TORIO, ambos radioactivos, EN ALTO GRADO.
El URANIO, entre otros contaminantes, es lo que contiene el polvo diseminado por las explosiones en la mina, que sigue cubriendo los valles cercanos, Andalgalá y Belén y otros pueblos. Es URANIO también lo que está contaminando la provincia de Tucumán, en toda la cuenca del río Salí-Dulce. Y es lo que va quedando también en el Dique de cola, que va a aflorar aguas abajo por el río Vis Vis cuando la Minera se vaya, por falta del tratamiento para evitar que suba el PH en sus aguas.
Es CONTAMINACION RADIACTIVA y se agrava por el proceso de acumulación. Cada día que pasa se agregan al suelo, a las aguas superficiales y subterráneas, y están dispersas en el aire, enormes cantidades de URANIO NATURAL, además de torio, cesio, estroncio, plomo, arsénico, etc que contaminarán por miles de años toda la región.
Una cosa es el uranio u otros metales en estado natural que en forma paulativa se movieron durante cinco millones de años por la acción de los agentes naturales; otra cosa muy diferente, es que en escasos quince años, se remuevan con explosiones esos metales iniciando un violento proceso de contaminación radiactiva por acumulación. SU MAYOR CONCENTRACION LO HACE EXTREMADAMENTE PELIGROSO PARA LA VIDA DE LAS PERSONAS, ANIMALES Y PLANTAS, REGISTRANDO PRESENCIA EN LAS AGUAS Y EN LOS ALIMENTOS.
La acción del uranio y sus isótopos es lo que explica la gran cantidad de ENFERMOS Y MUERTOS POR CÁNCER que actualmente se registran en nuestros valles.
Entonces la vida de la población cercana a la mina en la provincia de Catamarca y también en Tucumán por el mineraloducto, depende de la suerte, que no inhale o ingiera las micropartículas de URANIO y otros minerales contaminantes.
Pero el descalabro no termina allí. Sospechosamente, ninguna ley nacional contempla penalidades para quienes contaminen con materiales o residuos radioactivos. Por lo tanto, EN EL PAIS, HAY UN VACIO LEGAL EN CUANTO A LOS ELEMENTOS Y RESIDUOS RADIOACTIVOS, EN SUS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA.
Andalgalá va a desaparecer si es abandonada a su suerte, máxime teniendo en cuenta que la mina Agua Rica, tres veces más grande, está ubicada solamente a 17 kilómetros de la ciudad y tiene la misma composición de minerales que La Alumbrera, incluyendo el URANIO.
La solución consiste en que la provincia de Catamarca, en forma urgente, dicte una Ley prohibiendo la minería a cielo abierto.

Programa completo: salud, medioambiente, conflictos sociales y laborales

El último martes, 22 de septiembre, compartimos muchas y variadas notas en Radiografía. Desde la situación de Honduras, tras el regreso de el presidente Zelaya, a la reducción del Presupuesto Nacional 2010 para la salud. Significará un recorte de fondos del 7,1 por ciento en relación con este año ya que de 6101 millones de pesos disponibles en 2009 se pasará a 5665 millones en 2010. No sorprendre de un gobierno al cual poco le ha importado la salud pública pero no deja de ser un ajuste totalmente inoportuno cuando aún debemos combatir grandes epidemias como la gripe porcina y el dengue.

También nos comunicamos con la Diputada Nacional Fernanda Reyes quien recientemente denunció penalmente al Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral (FOTO), por la posible comisión de los delitos de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas" y "tráfico de influencias". El eje de la denuncia gira sobre la empresa minera Millstone S.A, de la que Mayoral es dueño. El domicilio de la empresa, según los registros de la Secretaría de Minería, sería el mismo que los de las mineras Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Rodeo S.A, Minera Patagonia S.A, J.S Redpath Limited Sucursal Argentina y Newcrest Minera Argentina S.A. Además, el ex presidente de la Barrick en la Argentina , sería presidente de Millstone, la empresa del sanjuanino Mayoral. Esto siginificaría que el secretario de Minería y Barrick Gold tendrían vínculos comerciales y políticos.

También charlamos con la diputada sobre la Ley de Glaciares. Tras el veto de Cristina en noviembre de 2008, algunos diputados impulsan su ratificación e incluso lo lograron en la Comisión de Recursos Naturales. Pero, al mismo tiempo, en el Senado avanza un nuevo proyecto de ley que encabeza Daniel Filmus y que cuenta con algunas trampas en su redacción que permitirán a las mineras explotar el ambiente periglacial.

El segundo bloque estuvo dedicado a algunos de los tantos conflictos sociales y laborales que se vienen desarrollando. Hablamos telefónicamente con Ricardo, miembro de la Coordinadora Popular de Lucha, acerca de la campaña que llevan adelante contra el hambre y la pobreza, empezando por la equiparación de los sueldos de los funcionarios públicos al de un trabajador.

Por último, estuvo con nosotros en el estudio Matías, delegado de los trabajadores en la empresa Industrias MH. A pesar de la crisis internacional, a esta empresa ubicada en Lanús y que fabrica conductores eléctricos le va cada vez mejor. Sin embargo, abruptamente decidió despedir a 5 trabajadores sin mediar explicaciones. Para Matías, nada de esto es casual, ya que lo vincula a la reciente conformación de una comisión interna y a los logros que han obtenido en las condiciones de trabajo. La situación se agrava dado que los directivos impidieron el ingreso tanto de él como del otro delegado para poder realizar una asamblea donde discutir con los compañeros una medida de fuerza.

La minería busca legitimarse entregando fondos a las Universidades Nacionales

En buena parte de las universidades del país se está realizando un serio debate sobre el rol de las mismas frente a la actividad minera, que pone en tela de juicio la vigencia de su autonomía y de su capacidad crítica.

No resulta nada casual que ante el crecimiento de los cuestionamientos hacia la minería a cielo abierto Minera La Alumbrera, el mayor emprendimiento en actividad situado en la provincia de Catamarca, se encuentre distribuyendo fondos hacia las universidades públicas. Se trata de jugosas sumas que buscan legitimar el perjuicio económico y ambiental que engedra, a través de la educación.

Al respecto, en el programa del martes 8 de septiembre nos comunicamos telefónicamente con Sergio Martínez, vecino y militante ambiental de Andalgalá, quien se encontraba en la Universidad de Córdoba como invitado a un foro donde se discutía dicha relación. Además, nos visitó en el estudio Juan Wahren, sociólogo y docente de la UBA, para analizar la aceptación de los fondos por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y la resistencia de docentes, investigadores y estudiantes.

A continuación, copiamos sendas declaraciones de rechazo formuladas en la Universidad de Buenos Aires y en la de Córdoba.

Declaración: No a los fondos de la Mina contaminante

Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.
Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.
Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc.
La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.

Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.

Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas- investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.
Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.
Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.

En defensa de la Universidad Pública, éticamente comprometida con la sociedad:
No a la contaminación ambiental. No a la violación de los DDHH. No a los Fondos de las Mineras.

“El solo repaso de los antecedentes de las tres empresas multinacionales que operan la mina justifica el rechazo de todo aporte económico generado por sus actividades. Su aceptación resulta sin embargo aún más incoherente y reñida con la ética universitaria cuando se repasan las situaciones ambientales críticas generadas por la mina y la situación judicial de uno de los más altos funcionarios de Xstrata Copper, Julián Rooney.”
Dr. Raúl Montenegro

Para comprender la importancia del tema de la megaminería y la gravedad de la aceptación de regalías mineras por las Universidades Nacionales, realizamos un recorrido histórico:
1939: El Dr. Abel Peirano, de la Universidad Nacional de Tucumán, inicia la exploración geológica de la zona de Bajo La Alumbrera, Andalgalá, provincia de Catamarca.
1959: Bajo un espíritu nacional, desarrollista y progresista, se crea por Ley 14.771 los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que en su art. 18 establece el destino de parte de las ganancias por la extracción a un fondo para las Universidades Nacionales.
1989-1999: El gobierno menemista y la política económica cavallista se encargan metódicamente de reorganizar la minería en el país bajo un espíritu claramente neoliberal, dando lugar a leyes como la 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras, 1993), la 24.224 (Reordenamiento Minero, 1993), la 24.228 (Acuerdo Federal Minero, 1993), la 24.523 (Creación del Sistema Nacional de Comercio Minero, 1995), la 24498 (Actualización Minera, 1995) y el Código de Minería (Decreto 456/97). El nuevo ordenamiento jurídico permite entre otras cosas dejar sólo un 3 % de regalías, eximir totalmente de impuestos a las empresas extractoras, brindar la posibilidad de sacar los minerales por puertos argentinos sin abonar un centavo y sin devengar retenciones a las exportaciones; omite todo tipo de restricción al uso de millones de litros de agua consumidos durante la explotación y, además, otorga la facultad para que lo que entren y saquen del país estas empresas no deba pasar por los controles aduaneros.
1997: Inicia su funcionamiento la mina “Bajo La Alumbrera”, uno de los más importantes yacimientos de oro y cobre del mundo, explotada por capitales suizos y canadienses. Surge Alumbrera Limited, una unión transitoria de empresas, de carácter multinacional, que congrega a Xstrata Copper, Yamana Gold y Goldcorp Inc. De este modo queda totalmente desvirtuado el espíritu original de la ley 14.771, asociando a YMAD con los intereses de multinacionales mineras, en una unión transitoria de empresas, bajo un espíritu completamente neoliberal.
1999: Desde esta época se vienen detectando drenajes ácidos mineros que no solo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo del área de explotación, lo que deriva en daños ambientales que incluyen la contaminación de las napas freáticas. Este año, precisamente, se inicia el dilatado proceso judicial contra la empresa Minera La Alumbrera, por contaminación. La Cámara Federal de Tucumán considera que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y que desemboca en el embalse Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). El Vicepresidente y Gerente General y de Asuntos Corporativos de la firma, Julián Rooney, es procesado por esta causa.
2001: La devaluación del peso acentúa aún más la llegada de empresas multinacionales de extracción minera.
27 de mayo de 2008: El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firma el Acuerdo Plenario 672 por el cual propone la distribución entre las Universidades beneficiadas de las utilidades líquidas y realizadas por YMAD correspondientes a 2007, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales.
28 de mayo de 2008: Julián Patricio Rooney es procesado sin prisión preventiva por la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán acusado del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el Artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos n° 24.051 en coordinación con el Artículo 200 del Código Penal de la Nación, delito que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.
14 de octubre de 2008: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, profundiza la denuncia contra la megaminería y la lucha contra las violaciones a los DDHH y otros derechos causadas por estas multinacionales. Se reúne con Julián Rooney, vice-presidente de Alumbrera Limited, en las oficinas de la empresa en Buenos Aires (Av. L. Alem 855), a quien le entrega una carta e informe denunciando los daños provocados por la firma.
18 de mayo de 2009: El CIN firma el Acuerdo Plenario 699, por el cual se propone la distribución de las utilidades líquidas del fondo YMAD entre las instituciones universitarias beneficiadas, disponibles a la fecha, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales. http://www.cin. edu.ar/doc. php?id=1364
7 de junio de 2009: en Andalgalá, Catamarca, se reúne la Asamblea Socio-Ambiental del NOA, que debate sobre el saqueo del agua que llevan adelante las mineras extranjeras, la criminalizació n de la protesta por parte de los gobiernos y las acciones que deben coordinarse en toda la región, para impedir que se repita la experiencia de Alumbrera Limited.
10 de junio de 2009: Adolfo Pérez Esquivel solicita públicamente al Consejo Interuniversitario Nacional que cumplan “con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD”, y apoyen así la “resistencia contra las violaciones de los DDHH, a la salud, derechos económicos, sociales, culturales y políticos”, que las multinacionales mineras vienen provocando.
12 de junio de 2009: El Prof. Raúl Montenegro, de la Facultad de Psicología, Premio Nóbel Alternativo 2004, solicita y fundamenta claramente a las autoridades de la Facultad y de la UNC, la inmediata manifestación oficial de rechazo y repudio a los fondos de la minería para las universidades.
16 de junio: Por Res. N° 426/2009 el H. Consejo Superior de la UNC encomienda al ISEA, Instituto Superior de Estudios Ambientales, la elaboración de un informe fundamentado, en un plazo de 30 días, con la participación de especialistas de distintas disciplinas sobre las condiciones y efectos ambientales de la explotación minera en nuestro país. “El H. Consejo Superior tomará en consideración dicho informe para pronunciarse públicamente sobre el tema y para diseñar una clara estrategia específica de la Universidad, a partir de la convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina.”
17 de junio de 2009: En Catamarca, docentes de la Universidad Nacional de Catamarca solicitan a su Rector el rechazo de los fondos mineros. Horacio Machado, docente de la Facultad de Humanidades de la UNCa y uno de los propulsores de este reclamo, plantea que la relación entre las universidades y el fondo YMAD supone un debate sobre las “condiciones éticas y políticas de este tipo de fondos", ya que se “compromete el carácter público y democrático de la universidad pública y de la formación universitaria, que debe completar la preservación y la autonomía universitaria tanto frente a los grupos político-partidarios como frente a grupos empresariales y actores privados". "Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario, aceptar tales recursos pone a nuestras universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, asumiendo una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión".
Este mismo día, en Córdoba, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, por Res. N° 166/09 es la primera unidad académica del país que se pronuncia rechazando la aceptación de tales fondos y solicitando al Honorable Consejo Superior de la UNC que tome igual determinación.
24 de junio de 2009: El Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC “expresó su repudio frente a las vinculaciones existentes entre empresas mineras y las universidades argentinas, dejando en claro su oposición al uso de los recursos provistos por YMAD”.
3 de julio de 2009: Un grupo de docentes de la UBA, firman un petitorio por el cual “solicitan al señor rector Rubén Hallú rechazar ese dinero y abrir un debate sobre las financiaciones de este tipo, en todas las instancias de nuestra universidad.”
4 de julio de 2009: El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica – CTA rechaza los fondos mineros y promueve su debate en los cuerpos colegiados de co-gobierno de las universidades nacionales, alentando que los mismos se pronuncien por el rechazo y devolución de los fondos.
20 de julio de 2009: Se suma al rechazo a los fondos el H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
30 de julio de 2009: La Escuela de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, mediante expte. 21146/2009 eleva al H. Consejo Directivo de su Facultad y al H. Consejo Superior de la UNC la propuesta de aceptación de los fondos para que los mismos sean “utilizados en la financiación de proyectos para el diagnóstico, estudio y remediación del impacto ambiental negativo causado por cualquier actividad humana priorizando a la actividad minera”.
18 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, aprueba por unanimidad el proyecto que rechaza los fondos provenientes del YMAD.
20 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rechaza por unanimidad la aceptación de los fondos provenientes de la minera La Alumbrera. El Consejo Directivo también repudia al veto presidencial a la llamada Ley de Protección de Glaciares y convoca a la comunidad a "participar en la necesidad de garantizar a la sociedad y el estado argentinos la plena disponibilidad de los mayores reservorios de agua dulce que constituyen los glaciares y periglaciares, para uso de las actuales y futuras generaciones".
Hasta el día de hoy algunas universidades han aceptado los fondos, entre ellas las Universidades Nacionales de La Rioja, Cuyo, Luján y Entre Ríos, esta última en una votación dividida en su H. Consejo Superior (15 votos contra 11). La Universidad Nacional de Córdoba aún no se ha expedido al respecto.
A modo de cierre de esta revisión histórica, y para dejar completamente en claro la ilegitimidad de los argumentos a favor de aceptar los fondos de la megaminería para las universidades públicas, resultan sumamente clarificadores los planteos hechos en junio por los docentes de la Universidad Nacional de Catamarca:
“Por otro lado, dentro de las consideraciones que nos llevan a impulsar el rechazo a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, cabe destacar también la abierta contradicción entre el sentido político originario de la ley que estableciera la asignación de fondos resultantes de la explotación del yacimiento para las Universidades Nacionales, y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza.
En efecto, cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la ‘entrega’ de sus yacimientos a ‘empresas foráneas’. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos y a tales efectos la ley procede a la creación de YMAD con el objeto de “realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercializació n e industrializació n de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objetivo principal.” (Art. 1ª de la Ley)
Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos. Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.”
En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el ‘desarrollo nacional’ y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminació n cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.
Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los ’90 (Leyes 24.196 y sus correlativas) , provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la ‘industria minera’ a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos ‘a cielo abierto’ con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado.”
“Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario en su conjunto, una actitud tal pondría a nuestras Universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, dando la espalda a los reclamos y denuncias de nuestras poblaciones y asumiendo, por el contrario, una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión.
Por el contrario, rechazar esos fondos bajo objeciones éticas constituiría un indeleble acto de magisterio y ejemplaridad para el conjunto de nuestra sociedad y honraría la más pura tradición democrática de nuestra historia. La producción de conocimiento, favorecida en el capitalismo periférico hoy, toma como presupuesto casi indiscutible una economía fuertemente productora de materias primas y el uso intensivo de energía, debilitando así la que debería ser una dimensión crucial de la universidad: su capacidad anticipatoria de los problemas sociales y ambientales. En tal sentido, los aportes de recursos de este tipo debilitan a las universidades públicas en tanto instituciones sociales comprometidas con los problemas nacionales y de los pueblos.”