En buena parte de las universidades del país se está realizando un serio debate sobre el rol de las mismas frente a la actividad minera, que pone en tela de juicio la vigencia de su autonomía y de su capacidad crítica.
No resulta nada casual que ante el crecimiento de los cuestionamientos hacia la minería a cielo abierto Minera La Alumbrera, el mayor emprendimiento en actividad situado en la provincia de Catamarca, se encuentre distribuyendo fondos hacia las universidades públicas. Se trata de jugosas sumas que buscan legitimar el perjuicio económico y ambiental que engedra, a través de la educación.
Al respecto, en el programa del martes 8 de septiembre nos comunicamos telefónicamente con Sergio Martínez, vecino y militante ambiental de Andalgalá, quien se encontraba en la Universidad de Córdoba como invitado a un foro donde se discutía dicha relación. Además, nos visitó en el estudio Juan Wahren, sociólogo y docente de la UBA, para analizar la aceptación de los fondos por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y la resistencia de docentes, investigadores y estudiantes.
A continuación, copiamos sendas declaraciones de rechazo formuladas en la Universidad de Buenos Aires y en la de Córdoba.
Declaración: No a los fondos de la Mina contaminante
Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del
país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.
Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.
Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc.
La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.
Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.
Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas- investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.
Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.
Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.
En defensa de la Universidad Pública, éticamente comprometida con la sociedad:
No a la contaminación ambiental. No a la violación de los DDHH. No a los Fondos de las Mineras.
“El solo repaso de los antecedentes de las tres empresas multinacionales que operan la mina justifica el rechazo de todo aporte económico generado por sus actividades. Su aceptación resulta sin embargo aún más incoherente y reñida con la ética universitaria cuando se repasan las situaciones ambientales críticas generadas por la mina y la situación judicial de uno de los más altos funcionarios de Xstrata Copper, Julián Rooney.”
Dr. Raúl Montenegro
Para comprender la importancia del tema de la megaminería y la gravedad de la aceptación de regalías mineras por las Universidades Nacionales, realizamos un recorrido histórico:
1939: El Dr. Abel Peirano, de la Universidad Nacional de Tucumán, inicia la exploración geológica de la zona de Bajo La Alumbrera, Andalgalá, provincia de Catamarca.
1959: Bajo un espíritu nacional, desarrollista y progresista, se crea por Ley 14.771 los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que en su art. 18 establece el destino de parte de las ganancias por la extracción a un fondo para las Universidades Nacionales.
1989-1999: El gobierno menemista y la política económica cavallista se encargan metódicamente de reorganizar la minería en el país bajo un espíritu claramente neoliberal, dando lugar a leyes como la 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras, 1993), la 24.224 (Reordenamiento Minero, 1993), la 24.228 (Acuerdo Federal Minero, 1993), la 24.523 (Creación del Sistema Nacional de Comercio Minero, 1995), la 24498 (Actualización Minera, 1995) y el Código de Minería (Decreto 456/97). El nuevo ordenamiento jurídico permite entre otras cosas dejar sólo un 3 % de regalías, eximir totalmente de impuestos a las empresas extractoras, brindar la posibilidad de sacar los minerales por puertos argentinos sin abonar un centavo y sin devengar retenciones a las exportaciones; omite todo tipo de restricción al uso de millones de litros de agua consumidos durante la explotación y, además, otorga la facultad para que lo que entren y saquen del país estas empresas no deba pasar por los controles aduaneros.
1997: Inicia su funcionamiento la mina “Bajo La Alumbrera”, uno de los más importantes yacimientos de oro y cobre del mundo, explotada por capitales suizos y canadienses. Surge Alumbrera Limited, una unión transitoria de empresas, de carácter multinacional, que congrega a Xstrata Copper, Yamana Gold y Goldcorp Inc. De este modo queda totalmente desvirtuado el espíritu original de la ley 14.771, asociando a YMAD con los intereses de multinacionales mineras, en una unión transitoria de empresas, bajo un espíritu completamente neoliberal.
1999: Desde esta época se vienen detectando drenajes ácidos mineros que no solo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo del área de explotación, lo que deriva en daños ambientales que incluyen la contaminación de las napas freáticas. Este año, precisamente, se inicia el dilatado proceso judicial contra la empresa Minera La Alumbrera, por contaminación. La Cámara Federal de Tucumán considera que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y que desemboca en el embalse Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). El Vicepresidente y Gerente General y de Asuntos Corporativos de la firma, Julián Rooney, es procesado por esta causa.
2001: La devaluación del peso acentúa aún más la llegada de empresas multinacionales de extracción minera.
27 de mayo de 2008: El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firma el Acuerdo Plenario 672 por el cual propone la distribución entre las Universidades beneficiadas de las utilidades líquidas y realizadas por YMAD correspondientes a 2007, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales.
28 de mayo de 2008: Julián Patricio Rooney es procesado sin prisión preventiva por la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán acusado del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el Artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos n° 24.051 en coordinación con el Artículo 200 del Código Penal de la Nación, delito que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.
14 de octubre de 2008: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, profundiza la denuncia contra la megaminería y la lucha contra las violaciones a los DDHH y otros derechos causadas por estas multinacionales. Se reúne con Julián Rooney, vice-presidente de Alumbrera Limited, en las oficinas de la empresa en Buenos Aires (Av. L. Alem 855), a quien le entrega una carta e informe denunciando los daños provocados por la firma.
18 de mayo de 2009: El CIN firma el Acuerdo Plenario 699, por el cual se propone la distribución de las utilidades líquidas del fondo YMAD entre las instituciones universitarias beneficiadas, disponibles a la fecha, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales. http://www.cin. edu.ar/doc. php?id=1364
7 de junio de 2009: en Andalgalá, Catamarca, se reúne la Asamblea Socio-Ambiental del NOA, que debate sobre el saqueo del agua que llevan adelante las mineras extranjeras, la criminalizació n de la protesta por parte de los gobiernos y las acciones que deben coordinarse en toda la región, para impedir que se repita la experiencia de Alumbrera Limited.
10 de junio de 2009: Adolfo Pérez Esquivel solicita públicamente al Consejo Interuniversitario Nacional que cumplan “con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD”, y apoyen así la “resistencia contra las violaciones de los DDHH, a la salud, derechos económicos, sociales, culturales y políticos”, que las multinacionales mineras vienen provocando.
12 de junio de 2009: El Prof. Raúl Montenegro, de la Facultad de Psicología, Premio Nóbel Alternativo 2004, solicita y fundamenta claramente a las autoridades de la Facultad y de la UNC, la inmediata manifestación oficial de rechazo y repudio a los fondos de la minería para las universidades.
16 de junio: Por Res. N° 426/2009 el H. Consejo Superior de la UNC encomienda al ISEA, Instituto Superior de Estudios Ambientales, la elaboración de un informe fundamentado, en un plazo de 30 días, con la participación de especialistas de distintas disciplinas sobre las condiciones y efectos ambientales de la explotación minera en nuestro país. “El H. Consejo Superior tomará en consideración dicho informe para pronunciarse públicamente sobre el tema y para diseñar una clara estrategia específica de la Universidad, a partir de la convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina.”
17 de junio de 2009: En Catamarca, docentes de la Universidad Nacional de Catamarca solicitan a su Rector el rechazo de los fondos mineros. Horacio Machado, docente de la Facultad de Humanidades de la UNCa y uno de los propulsores de este reclamo, plantea que la relación entre las universidades y el fondo YMAD supone un debate sobre las “condiciones éticas y políticas de este tipo de fondos", ya que se “compromete el carácter público y democrático de la universidad pública y de la formación universitaria, que debe completar la preservación y la autonomía universitaria tanto frente a los grupos político-partidarios como frente a grupos empresariales y actores privados". "Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario, aceptar tales recursos pone a nuestras universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, asumiendo una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión".
Este mismo día, en Córdoba, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, por Res. N° 166/09 es la primera unidad académica del país que se pronuncia rechazando la aceptación de tales fondos y solicitando al Honorable Consejo Superior de la UNC que tome igual determinación.
24 de junio de 2009: El Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC “expresó su repudio frente a las vinculaciones existentes entre empresas mineras y las universidades argentinas, dejando en claro su oposición al uso de los recursos provistos por YMAD”.
3 de julio de 2009: Un grupo de docentes de la UBA, firman un petitorio por el cual “solicitan al señor rector Rubén Hallú rechazar ese dinero y abrir un debate sobre las financiaciones de este tipo, en todas las instancias de nuestra universidad.”
4 de julio de 2009: El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica – CTA rechaza los fondos mineros y promueve su debate en los cuerpos colegiados de co-gobierno de las universidades nacionales, alentando que los mismos se pronuncien por el rechazo y devolución de los fondos.
20 de julio de 2009: Se suma al rechazo a los fondos el H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
30 de julio de 2009: La Escuela de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, mediante expte. 21146/2009 eleva al H. Consejo Directivo de su Facultad y al H. Consejo Superior de la UNC la propuesta de aceptación de los fondos para que los mismos sean “utilizados en la financiación de proyectos para el diagnóstico, estudio y remediación del impacto ambiental negativo causado por cualquier actividad humana priorizando a la actividad minera”.
18 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, aprueba por unanimidad el proyecto que rechaza los fondos provenientes del YMAD.
20 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rechaza por unanimidad la aceptación de los fondos provenientes de la minera La Alumbrera. El Consejo Directivo también repudia al veto presidencial a la llamada Ley de Protección de Glaciares y convoca a la comunidad a "participar en la necesidad de garantizar a la sociedad y el estado argentinos la plena disponibilidad de los mayores reservorios de agua dulce que constituyen los glaciares y periglaciares, para uso de las actuales y futuras generaciones".
Hasta el día de hoy algunas universidades han aceptado los fondos, entre ellas las Universidades Nacionales de La Rioja, Cuyo, Luján y Entre Ríos, esta última en una votación dividida en su H. Consejo Superior (15 votos contra 11). La Universidad Nacional de Córdoba aún no se ha expedido al respecto.
A modo de cierre de esta revisión histórica, y para dejar completamente en claro la ilegitimidad de los argumentos a favor de aceptar los fondos de la megaminería para las universidades públicas, resultan sumamente clarificadores los planteos hechos en junio por los docentes de la Universidad Nacional de Catamarca:
“Por otro lado, dentro de las consideraciones que nos llevan a impulsar el rechazo a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, cabe destacar también la abierta contradicción entre el sentido político originario de la ley que estableciera la asignación de fondos resultantes de la explotación del yacimiento para las Universidades Nacionales, y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza.
En efecto, cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la ‘entrega’ de sus yacimientos a ‘empresas foráneas’. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos y a tales efectos la ley procede a la creación de YMAD con el objeto de “realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercializació n e industrializació n de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objetivo principal.” (Art. 1ª de la Ley)
Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos. Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.”
En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el ‘desarrollo nacional’ y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminació n cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.
Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los ’90 (Leyes 24.196 y sus correlativas) , provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la ‘industria minera’ a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos ‘a cielo abierto’ con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado.”
“Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario en su conjunto, una actitud tal pondría a nuestras Universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, dando la espalda a los reclamos y denuncias de nuestras poblaciones y asumiendo, por el contrario, una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión.
Por el contrario, rechazar esos fondos bajo objeciones éticas constituiría un indeleble acto de magisterio y ejemplaridad para el conjunto de nuestra sociedad y honraría la más pura tradición democrática de nuestra historia. La producción de conocimiento, favorecida en el capitalismo periférico hoy, toma como presupuesto casi indiscutible una economía fuertemente productora de materias primas y el uso intensivo de energía, debilitando así la que debería ser una dimensión crucial de la universidad: su capacidad anticipatoria de los problemas sociales y ambientales. En tal sentido, los aportes de recursos de este tipo debilitan a las universidades públicas en tanto instituciones sociales comprometidas con los problemas nacionales y de los pueblos.”
