Más de treinta organizaciones presentan proyecto de ley para declarar Reserva Natural una amplia franja de la costa de Avellaneda y Quilmes

Más de treinta organizaciones de la comunidad presentaron el 12 de marzo en forma conjunta un proyecto de ley para declarar Reserva Natural de Objetivos Mixtos a una amplia franja de bosques y humedales sobre la costa de Avellaneda y Quilmes, en la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto destaca en sus fundamentos que se trata de una contribución al ordenamiento ambiental de una región castigada por décadas de degradación ambiental, contaminación y pérdida de espacios verdes. La protección de los humedales y formaciones vegetales de la ribera de los partidos de Avellaneda y Quilmes es un deber que, visto el grado y el avance de los peligros y amenazas a este frágil ecosistema, ya no se puede posponer.
El área del proyecto incluye los terrenos transferidos en forma irregular por la CEAMSE a Techint, en pago de un contrato del cual se eliminaron en los años noventa costosas obligaciones del contratista, y sobre los cuales la multinacional intenta ahora obtener una rezonificación hacia uso urbano. La apropiación de la tierra pública dentro de un modelo de negocios que ha privatizado de hecho la planificación urbana es un proceso que se repite en el Área Metropolitana y particularmente el Conurbano Bonaerense, que es a la vez dramáticamente deficitario en espacios verdes.
El proyecto de ley fue presentado simultáneamente en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y en los municipios de Avellaneda y Quilmes en los niveles ejecutivos y de concejos deliberantes. La presentación en la Legislatura estuvo a cargo de la Asociación Civil Ambiente Sur, mientras que en Quilmes lo hizo el Foro de Asambleas por el Plan Urbano Ambiental en Quilmes, y en Avellaneda el Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda conjuntamente con Ambiente Sur.
Las presentaciones fueron realizadas en forma conjunta con las instituciones que suscribieron la declaración de apoyo: Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente; Asamblea Delta y Río de la Plata; Fundación Ecosur; Foro Hídrico de Lanús; Fundación Integradora Latinoamericana Ambiental; Asamblea de Wilde; Espacio Intercuencas; Asamblea Barrial de Beccar; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita; Asamblea Coordinadora de Vecinos de La Matanza; Foro de Salud de San Isidro; Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda; Confederación de Entidades de Fomento y Juntas Vecinales de la Provincia de Buenos Aires; Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones Libres del Pueblo de Quilmes; Soc. de Fomento V. Libertador Gral. San Martín (Quilmes); Junta Vecinal Ribera de Quilmes; Soc. Fto. Santo Domingo (Quilmes); Vecinos Autoconvocados de Don Bosco Oeste; Soc. de Fomento El Socorro (Quilmes); Mesa de Enlace de Quilmes; Soc. de Fomento 14 de Agosto (Quilmes); Junta Vecinal Emporio del Tanque (Quilmes); Vecinos Autoconvocados contra la CEAMSE, de González Catán; Vecinos Autoconvocados de Ramos Mejía; Vecinos Contra Smurfit Kappa; Asamblea Bernal Unido; Quilmes Unido; Centro PYME Bernal-Don Bosco; Vecinos Quilmes Centro; Foro de Asambleas por el Plan Urbano Ambiental en Quilmes; Asociación Ecológica de Lanús; Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Alcira; Fundación Ideales; Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y Asociación Civil Ambiente Sur.
A continuación se expone el proyecto de ley y sus fundamentos. Se espera que los legisladores de la Provincia de Buenos Aires analicen en profundidad el alcance de los mismos y la necesidad de esta legislación, y actúen en forma acorde con los intereses de la gente y la planificación racional del territorio.
Fundamentos
El proyecto de ley que presentamos es una contribución al ordenamiento ambiental de una región castigada por décadas de degradación ambiental, contaminación y pérdida de espacios verdes. La protección de los humedales y formaciones vegetales de la ribera de los partidos de Avellaneda y Quilmes es un deber que tenemos como legisladores y que, visto el grado y el avance de los peligros y amenazas a este frágil ecosistema, ya no podemos posponer.
Los antecedentes más inmediatos son la Ley 11.544 que amplía la Reserva Natural de Punta Lara manteniendo su característica integral, y la ley 12.814 que amplía dicha Reserva con tierras del Partido de Berazategui que en algún momento fueron afectadas a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La declaración como Reserva Natural de Objetivos Mixtos de la franja costera que es objeto de este proyecto, a la vez de estar animada por el mismo espíritu de la legislación mencionada, garantizará la protección de un ambiente de riquísima diversidad biológica, situado en el centro de una de las regiones más pobladas del planeta, y sobre el borde de dos partidos bonaerenses que suman más de un millón de habitantes con graves carencias de acceso a espacios verdes y contacto con la naturaleza. En efecto, de acuerdo a un estudio del CONICET, la superficie de espacio verde público por persona en los partidos de Avellaneda y Quilmes está en el orden del medio metro cuadrado por habitante, unas veinte a treinta veces menos de lo recomendado por organismos internacionales, médicos y urbanistas.
La zona a proteger está compuesta mayormente por humedales costeros, sobre parte de los cuales se realizaron actividades agrícolas hasta 1983, hace ya veintisiete años. Tienen un gran valor como refugio de vida silvestre, control de inundaciones, protección costera, regulación del clima, educación y recreación. Dentro de las necesidades de adaptación al cambio climático se reconoce hoy la necesidad de mantener las playas y zonas costeras, y de legislar sobre el ordenamiento territorial teniendo en cuenta los riesgos crecientes de inundación y los impactos regionales acumulativos de las decisiones sobre el uso del suelo. Asimismo, la conservación de las áreas verdes urbanas es una acción básica de mitigación de este problema a escala local.
Estos terrenos se encuentran actualmente amenazados por expansión urbana, contaminación, fragmentación de hábitat, ausencia de manejo, y han sido afectados en algunos casos por actividades ilegales incluyendo extracciones mineras no reguladas. Su protección, en un todo de acuerdo con la Ley 10.907, tiene objetivos definidos previstos por dicha ley. Así, se protegerá un ecosistema que contiene especies animales y vegetales representativas de los humedales del Río de la Plata, con valores estéticos y paisajísticos que ameritan que la zona se proteja con el objeto de prohibir lo que pueda alterar su belleza, y con un altísimo potencial educativo por tratarse de un área natural adyacente al mayor centro de de concentración demográfica de nuestro país. Es por ello que se propone su declaración, dentro de la categoría de reservas naturales de objetivos definidos prevista por la Ley 10.907, como Reserva Natural de Objetivos Mixtos. La tipificación indicando objetivos mixtos se fundamenta en este caso por abarcar, entre los objetivos definidos previstos por la Ley 10.907, aquellos que dicha ley adjudica a las reservas botánicas, faunísticas, escénicas y educativas.
El proyecto de ley que se presenta, además de atender a necesidades de salud, recreación y educación de un vasto sector de la sociedad bonaerense, da cumplimiento al Artículo 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y toma el mandato del Artículo 1o de la Ley 10.907, declarando de interés público la protección y conservación de un área de la provincia en la que por las razones de interés general arriba descriptas corresponde asegurar la existencia a perpetuidad de sus valiosos elementos naturales. Asimismo, el proyecto está a la altura de los compromisos asumidos por nuestro país como signatario de la Convención de Ramsar sobre los Humedales. La República Argentina aprobó la Convención sobre los Humedales en el año 1991 a través de la sanción de la Ley 23.919, que entró en vigor en setiembre de 1992 luego de depositado el instrumento de ratificación. Como signatario, nuestro país tiene el deber de incorporar consideraciones relativas a la conservación de los humedales en su planificación del uso del suelo. A la vez, debe crear reservas naturales que incluyan humedales, figuren o no en la lista oficial de la Convención, y promover la capacitación en la gestión y vigilancia de los humedales. El proyecto de ley que se presenta está además en un todo de acuerdo con la Ley General del Ambiente, Ley 25.675, contribuyendo a un ordenamiento ambiental que tiene en cuenta la vocación de cada zona o región en función de sus recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica, la distribución de la población y sus características particulares, la naturaleza y características de los diferentes biomas, las alteraciones de los biomas por las actividades humanas, y la conservación y protección de ecosistemas significativos.
El Proyecto de Ley
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1: Declárase Reserva Natural de Objetivos Mixtos en conformidad con la categorización prevista por la Ley 10907 – texto según Ley 12459, a la extensión de tierras comprendidas entre el Canal Santo Domingo en el Partido de Avellaneda, las aguas del Río de la Plata, los límites del predio costero municipal que ocupaba recientemente la filial Quilmes del Automóvil Club Argentino en el Partido de Quilmes, formando parte de la Reserva el área de vegetación espontánea que se ubica ente dicho predio y los límites del predio de la IMPA o Área Material Quilmes de la Fuerza Aérea, quedando determinado el límite oriental de la Reserva como adyacente al extremo Norte de la pista del aeródromo de la IMPA, y desde allí ocupando la Reserva el albardón costero poblado de vegetación arbórea espontánea, con sus humedales y juncales ribereños contiguos, hasta la Avenida Espora, y desde dicha Avenida hasta la Calle 295, en toda su extensión, extendiéndose la Reserva hacia Avellaneda y ocupando todos los terrenos no afectados por el relleno con residuos ejecutado por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado y su predecesora el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado, hasta el Canal Santo Domingo y la planta de tratamiento de líquidos lixiviados adyacente al Canal Santo Domingo, planta que queda excluida de la Reserva, tierras designadas catastralmente como Circunscripción . . (a completar) . . del Partido de Avellaneda y Circunscripción . . (a completar). . del Partido de Quilmes inscripto su dominio a nombre de Cinturón/Coordinadora Ecológico/a Área Metropolitana Sociedad del Estado y/o de Saneamiento y Urbanización S.A. y/o de quienes resulten ser sus legítimos propietarios.
Artículo 2: Los caminos, cavas y toda otra área con cualquier grado de alteración comprendida dentro de los límites definidos por la presente son parte integral de la Reserva Natural que se crea, y el Poder Ejecutivo al establecer las normas de manejo respectivas garantizará su compatibilización con los objetivos de la Reserva.
Artículo 3: Los objetivos de la Reserva Natural de Objetivos Mixtos que se crea son los previstos por la Ley 10907 – texto según Ley 12459, para las reservas botánicas, faunísticas, escénicas y educativas, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica del ecosistema ribereño rioplatense, garantizando los servicios ambientales que brindan sus procesos naturales a todos los bonaerenses, y facilitando la educación y concientización de la población respecto de la naturaleza y de la importancia ambiental y social de los humedales.
Artículo 4: Siendo de aplicación la ley 10907, el Poder Ejecutivo al establecer las normas de manejo respectivas podrá autorizar la extracción de especies vegetales y animales exóticos.
Artículo 5: La promulgación de la presente Ley operará como notificación fehaciente en los términos del Artículo 7, tercer párrafo de la Ley 10907 – texto según Ley 12459.
Artículo 6: En caso de operarse oposición de los titulares del dominio privado de los predios involucrados en la presente Declaración de Reserva Natural de Objetivos Mixtos, declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación los predios designados catastralmente como Circunscripción . . (a completar) . . del Partido de Avellaneda y Circunscripción . . (a completar) . . del Partido de Quilmes inscripto su dominio a nombre de Cinturón/Coordinadora Ecológico/a Área Metropolitana Sociedad del Estado y/o de Saneamiento y Urbanización S.A. y/o de quienes resulten ser sus legítimos propietarios, para ser destinados al fin previsto por los Artículos 1 y 2 de la presente.
Artículo 7: Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 8: Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sequía en Córdoba ¿Racionalización del consumo o cuestionamiento del complejo sojero exportador?

Ante la grave sequía que atraviesa la provincia de Córdoba, nos pareció muy interesante reproducir este comunicado del Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida. En el mismo se desarma el argumento falaz construido por el gobierno, medios y la empresa que brinda el servicio de agua potable que busca responsabilizar el consumo doméstico. Por el contrario, el principal culpable es el complejo sojero exportador que utiliza nada menos que el 75% del agua disponible en la provincia.

Declaración y convocatoria de la CCODAV (Coordinadora de Córdoba en Defensa del Agua y la Vida) integrante de UAC

1) No solo el cambio climático es responsable del colapso hídrico

2) Las denuncias de las sucesivas crisis hídricas en toda la provincia, (CCODAV) condujeron irremediablemente al colapso hídrico en todo el territorio provincial y hoy es una trágica realidad que los gobernantes ocultaron año tras año de ruptura del delicado equilibrio en que se sostenía el sistema hídrico provincial de la región semiárida Córdoba.
A pesar que hace años el diagnostico de stress y crisis continuadas es compartido por técnicos y organizaciones ambientales y sociales, recién cuando no se pudo ocultar la noticia, apareció reconociendo lo que llamaron “crisis hídrica”, el subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Jorge Masih que previas directivas y consultas con la comunicadora Marcela Dávila de la transnacional Aguas Cordobesas , compartieron de endilgar a los cordobeses ser responsables de la crisis hídrica porque “consumen mucha agua”
Como siempre, recurrieron al disparatado y falaz argumento de culpabilizar a cada cordobés, acusándonos de consumir 400 lts, por día, que en la provincia significa la friolera de 1.288 millones de litros/día y a nivel de la capital 640 millones de litros/día y para culpabilizarnos, adicionaron el tramposo argumento que la Organización Mundial de la Salud fija solo 200 litros habitante/día, o sea que además de violar normas internacionales, los cordobeses ya nos tomamos toda el agua y la de generaciones futuras en 4 días, lo que no se dice es que mas del 75 % del consumo se lo llevan las 5,7 millones de hectáreas del complejo agro industrial exportador sembradas con monocultivo de soja transgénica en la provincia de Córdoba. Durante la campaña 2009/2010 (proyecciones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos) el consumo humano debería ser solo el 5% del total del agua disponible, situación negada a los habitantes del Norte Cordobés, Punilla, Sierras Chicas y los pobres de la ciudad desde hace años, a pesar de los declamados programas “aguas para todos” profusamente difundidos en cada campaña electoral, que terminan casi siempre en pozos de aguas con arsénico u otros contaminante y escándalos relacionados con corrupción.

Estos argumentos solo sirven para ocultar las responsabilidades del gobierno y su modelo criminal en el colapso hídrico que reconoce entre otros:

• La privatización y el desguace de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias, para favorecer en la capital el ingreso de la transnacional Suez-Roggio (Aguas Cordobesas) desde hace 12 años, con el abandono total del interior provincial en un desquiciado sistema de cooperativas, municipios, aguateros o pozos de agua. Esta empresa privada y monopólica solo estuvo preocupada por sus macroganancias sin realizar inversiones, y en lo que va desde el 2008 a la fecha, aumento las tarifas un 60% a través de 5 tarifazos.

• El “complejo agroalimentario” como gusta de llamar el gobernador a los especuladores y exportadores del monocultivo de soja transgénica, quienes devastaron el bosque nativo en un 96% y lo convirtieron en desiertos incapaces de retener el agua agravada por la contaminación que producen sus paquetes tecnológicos de agrotóxicos.

• La expansión inmobiliaria donde se vuelcan las regalías sojeras que han desertificado la provincia y secado las cuencas, contaminando ríos, arroyos y acuíferos.

Masih, tampoco se privó de “llevar tranquilidad” sobre las reservas de agua de la Capital, explicando que el dique San Roque que comenzó a operar en 1944, cuando la población de Córdoba era de 380 mil personas y que hoy abastece a más de 900.000 habitantes de la zona norte y gran Córdoba, todavía “aguanta un tiempito más”, ocultando que se encuentra en el record histórico de 6,69 metros bajo el vertedero, sin contar con la sedimentación del fondo, lo que reduce todavía más su capacidad de embalse. Tampoco mencionó la segura y abundante floración de algas que liberarán sustancias tóxicas (con olor a gamexane) en los meses de noviembre, diciembre y enero.
Sobre el dique Los Molinos, que abastece a la zona sur de la ciudad, con 360.000 habitantes, señaló que “no tiene problemas”. Lo que omitió fue referirse a la calidad del agua contaminada con agrotóxicos en los 64 kilómetros de canal a cielo abierto, sometido en este momento -época de siembra- a un diluvio de agrotóxicos, contaminación criminal que fue motivo de una denuncia penal por envenenamiento por parte de numerosos vecinos de la zona sur de la capital agrupados en la CCODAV y permanece cajoneada en la fiscalía anticorrupció n (Amayusco) desde julio de este año.
Lo que no pudo ocultar el subsecretario, es la tremenda crisis hídrica en las Sierras Chicas (50 mil habitantes): Río Ceballos, Salsipuedes, Unquillo y Mendiolaza, abastecidas por el Dique La Quebrada, que se encuentra a 10,23 metros por debajo de su capacidad máxima de embalse de 34 metros .
El intendente de Salsipuedes declaró graves sequías en los pozos de captación, pero a pesar de ello hace poco otorgó la factibilidad de un megaproyecto inmobiliario a Bugliotti, del grupo financiero Dinosaurio, que requerirá de miles y miles de litros de agua.
Cruz del eje, y en las localidades de Punilla: Cosquin, Bialet Mase, Tanti, Carlos Paz y otras la situación es desesperante, ya en muchas de ellas se han implementado cortes horarios y camiones aguateros tratan de paliar la situación.
Pero la tragedia de los 1800 habitantes de Rayo Cortado patentiza las mentiras y el abandono del estado, un cartel de la campaña “Agua Para Todos” es el testigo de pozos que se secaron y personas que solo tienen agua a 20 kmts. de allí.
El gobernador Schiaretti no perdió el tiempo y se involucró de lleno en la crisis hídrica con las propuestas de trasvasamientos de cuencas a pesar del fracasado acueducto contra natura de Calera – Rio Ceballos casi terminado, pero con la fuente de agua a punto de colapsar (dique San Roque) y reflotó su viejo proyecto del acueducto Paraná – Córdoba que deberá salvar 400km. desde Santa Fe y elevar el agua a una altura superior a los 300 ms. con un formidable costo energético pero que seguramente terminará para riego de su querido sector agroalimentario como gusta de llamar a los especuladores sojeros y como plan B, prevée un acueducto desde el río Dulce, que también atraviesa una región sojera escasa de agua.
El agua no es una mercancía para comerciar, es un derecho humano y de todos los seres vivos. Pocas alternativas son posibles ante este cuadro de tragedia e indolencia de gobernantes y especuladores, por lo que es indispensable detener la sangría del modelo y establecer un plan de ordenamiento territorial con participación popular y una ley de bosques que prohíba la deforestación y ordene la reforestación ampliada del bosque nativo por un periodo suficiente para permitir la recuperación natural de las cuencas y ecosistemas.
¿Qué podemos hacer para ahorrar agua? no usar el inodoro, no lavarnos los dientes o bañarnos menos – NO: declarar nuestro alerta rojo y participar, organizarnos, luchar y movilizarnos para así recuperar y crear una empresa estatal e integral de agua y saneamiento, pública y comunitaria, bajo control y gestión de usuarios y trabajadores.
Convocamos a Todas la Organizaciones y vecinos a una asamblea,. en el Salón Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos 450 para establecer un plan de lucha conjunto el día martes 3 de noviembre a las 20.hs

¿Qué oculta la ley Filmus de Glaciares?

En el programa del 27 de octubre también dialogamos con Adriana, miembro de la ONG Conciencia Solidaria, quienes están llevando adelante una incansable campaña de difusión para la protección de nuestros glaciares. La semana anterior, el Senado de la Nación le dio media sanción a la nueva ley de glaciares, que lleva la firma de Daniel Filmus y que vendría a "mejorar" aquella ley de 2008 vetada por la presidenta Cristina Fernández. Aquel acontecimiento se conoció como el "Veto Barrick Gold" ya que quedaba en evidencia la presión que habían ejercido las empresas mineras que tienen intereses sobre los glaciares cordilleranos.

No por casualidad, la nueva ley cuenta con el beneplácito de la familia Gioja y el guiño cómplice de las mineras. A continuación reproducimos el comunicado que Conciencia Solidaria emitió, donde se exponen las trampitas que tiene la ley.

COMUNICADO DE PRENSA
23 de Octubre de 2009

Hoy Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial, presentó una carta a los Senadores y Diputados de la Nación, firmada además por científicos y profesionales: el Dr. Carlos Adolfo Seara, la Prof. Mirta Beatriz Leguizamón, la Investigadora Elsa Bruzzone, la Dra. Elida Beatriz Hermida, la Dra. Hilda María Herzer, la Lic. Norma Giarracca, José Jorge Aldecoa, Ambientalista y Economista y el Dr. Héctor Sejenovich; en defensa de la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial, vetada por el Ejecutivo en noviembre del 2008.
Se declara la necesidad de ratificar el Proyecto de ley 26 418 - el 8 de Noviembre vence su plazo para la ratificación- o bien impulsar un proyecto de ley de igual espíritu y letra a la ley vetada. Alertando y denunciando sobre las graves falencias del proyecto de ley presentado por el Senador Filmus, el cual el miércoles 21 de octubre ha obtenido media sanción en senado.
Con la colaboración de científicos y abogados se vislumbraron grandes deficiencias en el Proyecto de ley presentado por el senador Filmus, que podrían generar baches jurídicos inaceptables. Se alerta en la carta a nuestros representantes que “hay que dejar en claro estas cuestiones para que luego, no resulte ser una ley que no termine protegiendo lo que intenta.”
“En primer lugar, no entendemos por qué la ley 26 418, votada por mayoría en ambas Cámaras, fue tildada de ley anti-minera, siendo que impediría cualquier actividad que impacte sobre los glaciares y el ambiente periglacial (…) Suponemos que tomó ese estado cuando empresas que no podían realizar actividades por las restricciones que la ley imponía, comenzaron a hacer un fuerte lobby político aunque pese a todo, no han podido obtener la licencia social para operar.
Es importante recalcar que las leyes están para ser cumplidas y no se basan en persecuciones a personas o empresas sino a la protección de la soberanía de la Nación y el efectivo ejercicio de los derechos que día a día intentamos construir.
Es fundamental para que esto sea serio, sean escuchadas todas las partes. En muchas provincias no hay libertad de expresión, se judicializan reclamos sociales, existen amenazas directas e indirectas, se compran voluntades. Esto es de público conocimiento en medios como internet, donde afortunadamente no existe la censura y se puede acceder a las realidades de nuestros coetáneos.
Como bien dice el art. 41 de nuestra Constitución Nacional hay tres puntos fundamentales que deben tenerse siempre presentes: el principio preventivo, el principio precautorio y el principio inter-generacional.
En este artículo no se prohíben actividades, pero sí se exigen los presupuestos mínimos para la protección de los bienes comunes de la Nación.
(…) Sin dudas los glaciares, el ambiente periglacial y los ríos de alta montaña son recursos fundamentales para el desarrollo y la vida de los ciudadanos argentinos. Y deben ser preservados de manera férrea. Con una ley soberana, eficiente y con visión a largo plazo.”

El agua y la Vida no se negocian

www.glaciaresnosetocan.com.ar
Conciencia Solidaria - Ong Interprovincial

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Buenos Aires, octubre de 2009

Honorable Senado de la Nación
S_______/________D

Le escribimos por nuestra preocupación acerca del expediente S-2200-09 del Senador Daniel Filmus cuyo título es idéntico a la ley 26.418 vetada por la Sra. Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
No vamos a extendernos en las razones del veto, ya que es de público conocimiento las causas del mismo y cómo votaron los diferentes bloques durante la sanción, sin embargo la posible insistencia sobre esta ha quedado en el olvido.
En esta carta intentaremos señalar algunos puntos que creemos se necesitan clarificar acerca del proyecto del Senador Filmus.
En primer lugar, no entendemos por qué la ley 26 418, votada por mayoría en ambas Cámaras, fue tildada de ley anti-minera, siendo que impediría cualquier actividad que impacte sobre los glaciares y el ambiente periglacial vislumbrando la necesidad de proteger aquellos ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. Suponemos que tomó ese estado cuando empresas que no podían realizar actividades por las restricciones que la ley imponía, comenzaron a hacer un fuerte lobby político aunque pese a todo, no han podido obtener la licencia social para operar.
Es importante recalcar que las leyes están para ser cumplidas y no se basan en persecuciones a personas o empresas sino a la protección de la soberanía de la Nación y el efectivo ejercicio de los derechos que día a día intentamos construir.
Es fundamental para que esto sea serio, sean escuchadas todas las partes. En muchas provincias no hay libertad de expresión, se judicializan reclamos sociales, existen amenazas directas e indirectas, se compran voluntades. Esto es de público conocimiento en medios como internet, donde afortunadamente no existe la censura y se puede acceder a las realidades de nuestros coetáneos.
Como bien dice el art. 411 de nuestra Constitución Nacional hay tres puntos fundamentales que deben tenerse siempre presentes: el principio preventivo, el principio precautorio y el principio inter-generacional.
En este artículo no se prohíben actividades, pero sí se exigen los presupuestos mínimos para la protección de los bienes comunes de la Nación.
Como usted sabrá, vivimos en un mundo en crisis ambiental. Son innegables ya los efectos del calentamiento global. La raza humana está sometida a un flagelo que ella misma ha producido. Los líderes del mundo, desde las primeras Conferencias de las Partes (COP) han intentado llegar a acuerdos que no han tenido la repercusión necesaria frente a la gravedad del problema.
A fin de este año, se intentará lograr un acuerdo en la COP 15 en Copenhague. Hasta hace poco se tenía como límite de impacto del calentamiento global una concentración de 450ppm de CO2 en la atmósfera; el IPCC2 lo ha cambiado recientemente a 350ppm ya que los escenarios están siendo peores que los estimados. Hoy la atmósfera está por arriba de esa cifra, se estima que tiene 390ppm de CO2.
El calentamiento global es un factor muy importante en la retracción de nuestro ambiente glaciar y periglacial. Un ambiente que contiene el 70% del agua potable de la Argentina. Protegerlo debe ser una Cuestión de Estado ya que el agua pura, se está convirtiendo en un bien escaso para la humanidad, como ya sucede en varias partes del mundo.
Si a esto sumamos la acción directa sobre ellos por actividades productivas, la retracción será aún mayor. En Perú ya están sufriendo la acelerada retracción de glaciares cordilleranos por emprendimientos situados en la zona Andina.
Por eso es necesaria una ley que proteja realmente en forma íntegra estos valiosos ecosistemas. Los ambientes glaciares y periglaciales son fundamentales para el desarrollo de nuestra Nación y la continuidad de la vida.
La Cordillera tiene un activo económico fundamental, y es el agua. Sin agua, no hay emprendimiento productivo que sea posible. Sin agua no hay vida. Es por eso que debe considerarse, en este contexto en que vivimos, como un bien estratégico y protegerlo, una Cuestión de Estado.
La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), ha abierto una unidad especial de Cambio Climático y Seguridad Nacional3. Más recientemente ha paralizado actividades mineras en Los Apalaches por la contaminación del agua. Estos no son datos menores.
En un reciente artículo publicado en la CNN, el periodista Carlos Miguel Barber Kuri ha publicado una nota titulada "El agua podría ser un gran negocio"4, da como opinión que el agua no tiene precio, pero su acumulación, resguardo y traslado sí; ésta podría ser el recurso que impulse la economía de toda una nación, sabiéndolo utilizar, indicó.
Todo lo enumerado tiene un factor común, como Nación, es fundamental evaluar estratégicamente a que le vamos a dar prioridad. Sin dudas los glaciares, el ambiente periglacial y los ríos de alta montaña son recursos fundamentales para el desarrollo y la vida de los ciudadanos argentinos. Y debe ser preservado de manera férrea. Con una ley soberana, eficiente y con visión a largo plazo.

El expediente S-2200-09

Centrándonos en el tema en cuestión vemos observancias que hemos tomado de abogados y científicos. Estas observaciones indican grandes deficiencias en la ley, que podrían generar baches jurídicos inaceptables.
Por eso, hay que dejar en claro estas cuestiones para que luego, no resulte ser una ley que no termine protegiendo lo que intenta.
Hay tres artículos débiles en esta ley: el artículo 2, 6 y 15.
Observaciones al Artículo 2º: Debería ser un artículo sin tantos tecnicismos ya que eso perfectamente puede ser establecido en su reglamentación. El artículo 2 debe asegurar la protección íntegra del ambiente glaciar y periglacial y sus cuencas hídricas asociadas.
La ley vetada contenía un artículo mucho más claro en este sentido y amplio, a saber:
"Ley 26.418 - ARTICULO 2º.‐ Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de la nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico."
No existen zonas grises o poco definidas. Los ambientes glaciares y periglaciales pueden ser correctamente delimitados. Por eso, es fundamental que antes de iniciar cualquier actividad productiva, el Estado garantice la provisión de los recursos necesarios para la constitución de un inventario de glaciares, que deberá completarse antes del comienzo de cualquier actividad productiva que pueda alterar el ecosistema.
Esto es fundamental ya que si no sabemos qué tenemos, ¿cómo lo vamos a proteger? ¿qué parámetros vamos a tener luego para medir los impactos realizados por las actividades productivas?
Por otra parte la Ley 26.418 establece claramente las necesidades de un inventario amplio que contempla los glaciares y ambientes periglaciales incluyendo el permafrost, mientras que en el proyecto S-2200-09 dicho inventario quedaría restringido exclusivamente a los glaciares, ya que el ambiente periglacial se reduce por definición al glaciar de roca o litoglaciar que, con ser una formación típica de esa zona periglacial, no es la única que debe tomarse en consideración.
Observaciones al Artículo 6º: se hace omisión al ambiente periglacial, por lo tanto, éste queda sin protección alguna en todas las actividades mencionadas. Este ambiente es de suma importancia por la cantidad de hielo que contiene (permafrost) y su capa activa (que deshiela en verano y se congela en invierno) que funciona como regulador del recurso hídrico.
Observaciones al Artículo 15º: Aquí se dilata innecesariamente y sin fecha cierta el control de las actividades que pueden ser perjudiciales. Es sabido que finalizar el inventario de una jurisdicción es un tema que puede demandar años conforme a las dificultades de accesibilidad. Por tanto el control referido a la adecuación de los emprendimientos existentes a la ley y su no interferencia con los glaciares debe ser inmediato. Recordamos que ese control es una obligación permanente de cada jurisdicción, pues no se pueden otorgar permisos de explotación sin ninguna verificación posterior. En los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizados por cada jurisdicción deben constar las características del terreno y los bienes sociales que serían afectados; de no ser así, la jurisdicción debe realizar los EIA independientemente de la realización de todo el inventario provincial.
La auditoria ambiental debe realizarse en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley. Esto es fundamental para ver en qué situación está el ecosistema, cuáles han sido los impactos producidos por la actividad en dicho ambiente y establecer si puede continuar, modificarse o cesar definitivamente sus operaciones.
Tenemos la experiencia del emprendimiento YMAD Bajo la Alumbrera, que además de la grave contaminación que está produciendo - con un juicio en curso por este hecho al Vicepresidente de la empresa William Rooney- por el volcado de tóxicos del canal DP2 al río Salí Dulce, así como las constantes roturas del mineraloducto, también se suma el problema económico que está sucediendo en las comunidades cercanas como Andalgalá que se declaró en emergencia económica en una zona donde se viene escuchando que estos emprendimientos tienen un impacto bajo ambiental y social y son fuente de desarrollo para las economías locales.
Otro de los proyectos polémicos, es el de la compañía Xstrata Copper en Minera Los Pelambres, Chile (Proyecto El Pachón del lado Argentino) allí, un informe5 de la Universidad de Waterloo (Canadá) dice expresamente: "En el caso de las regiones montañosas áridas y semiáridas, la importancia de los glaciares rocosos es significativamente mayor al constituir reservorios de aguas, que controlan la escorrentía superficial de los ríos de montaña, especialmente durante los meses secos." y afirma "Minera Los Pelambres ha intervenido glaciares rocosos con un equivalente de agua de 1.89 – 2.84 millones de metros cúbicos entre los años 2000 y 2006."
"En el Proyecto El Pachón, los recursos mineros metalíferos se localizan en el ambiente glacial de alta cordillera mientras que la ocupación humana del territorio tiene lugar en el oasis productivo del Valle de Calingasta, aguas abajo. Por tanto, sostenemos a modo de hipótesis que los impactos ambientales que involucran grandes movimientos de suelo, uso de importantes caudales de agua, la construcción de obras civiles, etc., localizados en cordillera afectarán no solo al ecosistema inmediato del proyecto minero sino que sus efectos en el territorio, esto es en lo natural, social, cultural y económico, se expandirán hasta el oasis de Calingasta y quizás hasta el oasis del Valle de Tulum, al comprometer a la cuenca del Rio San Juan."6
Eso debería estar presente en la evaluación de una ley, porque son casos concreto y reales de lo que hay que evitar en emprendimientos futuros.
Lamentablemente todavía no tenemos las garantías necesarias de que eso suceda desde el Poder Legislativo. Por lo tanto pedimos que se vuelva al proyecto de ley 26.418 vetado por el Poder Ejecutivo Nacional o un proyecto de igual espíritu y letra, como el expediente 6769-D-2008, presentado por el Diputado Miguel Bonasso.

Conclusiones: Estas observaciones dejan al descubierto las falencias de este proyecto de ley. Debería tenerse muy en cuenta entonces si es pertinente darle el curso tan apresurado que está teniendo, revisarlo o descartarlo y volver al proyecto inicial, que si bien es perfectible, es mucho más completo que todos los proyectos que se han venido presentando luego del veto.
Las consecuencias del daño ambiental y social ya son sabidas. Tenemos un emprendimiento que lo ha demostrado. Pareciera que no hemos aprendido nada entonces. La provincia de Catamarca no se ha beneficiado con el proyecto YMAD Bajo la Alumbrera, sino todo lo contario: tiene un pasivo ambiental muy grande, ha contaminado aguas interjurisdiccionales, existen causas abiertas por contaminación, el consumo de electricidad de este emprendimiento ha generado un aumento del costo de vida en la población, lo mismo que la escasez de agua que sufren los pobladores, aumentaron los casos de algunas enfermedades y las actividades productivas de la provincia no han mejorado.
Es claro que aquí hay que comenzar a plantearse qué modelo de País esperamos todos, y como representante usted debe tenerlo muy presente a la hora de tomar una decisión.
No podemos seguir teniendo políticas a corto plazo que afecten luego, los derechos de las futuras generaciones. Se necesitan decisiones serias, comprometidas y valientes.
Esperamos que la conciencia, la ética y la razón lo acompañen en el análisis de este proyecto de ley, y que su acción contribuya a proteger los intereses de la República Argentina y de todos sus ciudadanos.
Le enviamos un cordial saludo en paz,

Cristina Martín, Presidente
Conciencia Solidaria
ONG Interprovincial

Prof. Mirta Beatriz Leguizamón D.N.I. 16.905.360
Dr. Héctor Sejenovich L.E. 5.819.295
Diputada (mc) Marta Maffei
Prof. Elsa Bruzzone, Investigadora
Dra. Hilda María Herzer
José Jorge Aldecoa, Ambientalista
Dra. Elida Beatriz Hermida , Física
Norma Giarracca, UBAL.C. 5.012.016
Dr. Carlos Adolfo Seara, Geólogo L.E. 6.502.20

1 Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
2 Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC)
3 CIA Opens Center on Climate Change and National Security, September 25, 2009, Press Release. https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/center-on-climate-change-and-national-security.html
4 http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/09/23/el-agua-como-un-gran-negocio
5 Guillermo Azócar, Alexander Brenning, Interventions in rock glaciers in the Los Pelambres mine, Coquimbo region, Chile, Technical Report, Department of Geography and Environmental Management, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, October 2008.
6 Arq. Elena Taber, Mag. Lic. Griselda Henriquez, Dra. Arq. Graciela Nozica, Los riesgos que imponen las nuevas activdades mineras de escala en San Juan, Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Encuentro del Espacio Intercuencas en Bernal

El martes 27 de octubre charlamos telefónicamente con Nieves Baldaccini, integrante del Foro de Asambleas por el Plan Urbano Ambiental, organización que será anfitriona del próximo encuentro del Espacio Intercuencas. Aquí copiamos la gacetilla de difusión.

XI ENCUENTRO ESPACIO INTERCUENCAS RRR
En Defensa de la selva ribereña y Río de La Plata
Sábado 31 de octubre en Bernal-Quilmes

El día sábado 31 de octubre se realizará en la localidad de Quilmes el XI Encuentro Intercuencas RRR. El Foro de Asambleas por el Plan Urbano Ambiental será Anfitrión. El mismo se desarrollará en la RIVERA DE BERNAL (Calle Espora y la Costa del Río de Bernal)
EN CASO DE LLUVIA NO SE SUSPENDE EL XI ENCUENTRO ESPACIO INTERCUENCAS RRR - se realizará en la Sociedad de Fomento Villa Alsira calle Lago Aluminé Nro.732 entre Tacuarí y Ramella.

ACTIVIDADES DE LA JORNADA
09.00 HS: CONVOCATORIA (Caseros y Espora)
09.30 HS: CAMINATA A LA SELVA MARGINAL
11.00 HS: VISITA A LA COSTA
12.00 HS: ALMUERZO A LA CANASTA
13.00 HS: INICIO DEL ENCUENTRO (Espora y Rivera de Bernal)

PROGRAMA
13:00 hs.: Acreditaciones. Inicio de la Jornada. Bienvenida y Presentación del Encuentro. COMPONENTES:
1) SANEAMIENTO CUENCAS: ACTUALIZACIÓN DE INFORMES SOBRE PLANES DE OBRAS HIDRICAS Y SANITARIAS EN ACUMAR, COMIREC, Y MUNICIPIOS COSTEROS (Río de la Plata )
2) ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DEFENSA Y PROTECCION DE LOS HUMEDALESInforme de situación respecto a las diversas iniciativas de privatización de la ribera y emprendimientos inmobiliarios: Delta (Colony Park) Avellaneda-Quilmes (Nueva Costa del Plata, Nuevo Quilmes). Instalación proyectada de plantas de tratamiento, vertederos y /o basurales sobre humedales: Sistema de Lagunas de Rocha y Santa Catalina-
3) CEAMSE Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Estado de situación sobre la renegociación de contratos. Iniciativas y amenazas en los distritos del conurbano; Plantas de Transferencia, Rellenos “sanitarios”.
4) SALUD-EDUCACION
Estado de situación de los factores medio ambientales que afectan la salud. Modalidades para divulgar y llevar las propuestas del Espacio a la educación.
5) TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y RECONVERSION DE INDUSTRIAS
Respuestas a los pedidos de Mapeo de vuelcos de efluentes industriales, para elaborar mapa visible y público.
6) PROPUESTAS DE ACTIVIDADES Y ACCIONES
Denuncias, Presentaciones y acciones ante Municipios: Acciones legales, Campañas y Movilizaciones. Solidaridad con luchas zonales.
Organización, documento y actividades del 12 del 12 a las 12
16:30 a 18hs: Aprobación de propuestas

En estos encuentros intercambiamos experiencias, información y la coordinación de acciones y propuestas de los grupos que integramos el espacio. En esta ocasión mantenemos el seguimiento y actualización sobre diagnósticos y propuestas en curso, sobre diversos temas vinculados al saneamiento integral de las cuencas. Se pide a los grupos preparar sus intervenciones, haciendo también un avance en electrónico,contacto@espaciointercuencas.org (para facilitar la confección del informe).

COMO LLEGAR
BAJADA BERNAL -Au. BUENOS AIRES LA PLATA: CASEROS Y ESPORA
Estación Constitución: Línea Roca hasta la Estación de Bernal.
LINEAS COLECTIVOS ZONA NORTE Plaza Miserere, Constitución, Avellaneda y Sarandi: 98 Ramal 1,2 y 5
Desde el Correo Central: 159 Ramal 1 x Mitre
Desde Retiro: 22 Ramal 1
LINEAS COLECTIVO ZONA OESTE
Estación Lomas de Zamora: 266 Ramal 1

EN CASO DE LLUVIA:Ver MAPA 2
SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA ALSIRA –BERNAL-
CALLE LAGO ALUMINE Nro. 732 E/ TACUARI Y RAMELLA 13 HS

Segemar admite que Alumbrera extrae uranio (y otros minerales)

Desde hace muchísimos años, las organizaciones que luchan contra la minera Bajo la Alumbrera denuncian que se llevan más minerales de los que declaran. Un informe del Segemar lo confirma.

Se llevan oro, plata, cobre... y algunas cosas más también. Prácticamente toda la tabla periódica!!!

Esto tiene dos tipos de consecuencias gravísimas: económica y ambiental. En el aspecto económico, queda claro que Alumbrera exporta más minerales de los que informa en su declaración jurada y por tanto no paga ningún tipo de impuesto. Y ambientalmente hablando, genera un gran perjuicio para la salud de las comunidades aledañas al emprendimiento y al Río Vis Vis ya que los rastros de uranio y torio son altamente radioactivos.

Reproducimos el mail que compañeros catamarqueños están haciendo circular.

Últimamente se ha conocido un Informe Técnico Pericial sobre el estado del ecosistema en el Río Vis Vis, Complejo Bajo La Alumbrera, y las localidades de Vis Vis, Amanao y Andalgalá, producido en Agosto de 2008 por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Nacional) que es el brazo técnico del Secretario de Minería Jorge Mayoral, ordenado por el Juzgado Federal de Catamarca, en el marco de una denuncia por contaminación contra la minera, formulada en el 2004 por las familias Casas y Flores, quienen debieron abandonar sus propiedades ubicadas a orillas de dicho Río, dos kilómentros más abajo del dique de cola.
El Informe de marras sigue en poder del Juez y del Fiscal Federal de Catamarca desde hace más de un año, sin que se conocieran a la fecha nuevas medidas procesales de parte de los funcionarios judiciales.
Este Informe del SEGEMAR está hecho para liberar de toda responsabilidad a Minera Alumbrera de su actividad contaminante, ése es su principal objetivo. Es incompleto, mendaz y tendencioso por donde se lo mire. Sin embargo, los técnicos firmantes Ferpozzi y Herrero, no pudieron ocultar la composición química de los sedimentos presentes en la cuenca inferior del río Vis Vis, pues han quedado los registros del laboratorio que les prestó asistencia técnica.
El informe, cuya copia completa se adjunta por archivo,dice en el párrafo segundo:
“Para la situación evaluada en agosto-noviembre de 2007, en la cuenca inferior y respecto de la línea de base, los sedimentos de corriente fluvial del cauce del río Vis Vis, están enriquecidos en Ag (plata), Al (aluminio), As (arsénico), Au (oro), Ba (bario), Be (berilio, Bi (bismuto), Br (bromo), Ca (calcio). Cs (cesio), Cu (cobre), Dy (disprosio), Er (erbio), Ga (galio), Gd (gadolinio), Ho (holmio), Lu (lutecio), Mg (magnesio), Mo (molibdeno), Na (sodio), Nb (niobio), Pb (plomo), Pr (praseodimio), S (azufre), Sb (antimonio), Sr (estroncio), Ta (tantalio), Ti (titanio), Tl (talio), V (vanadio), W (volframio), Zn (cinc), Zr (circonio), Esta asociación de elementos alcalinos, tierras raras, U (URANIO) y Th (torio), en alto grado, se deriva de los silicatos minerales de rocas de composición ácida (Granito de Belén) y de los elementos metálicos (Au, Ag, Cu, Mo) típicos de mineralizaciones tipo pórfido de Cobre y de los sulfuros metálicos hidrotermales que la acompañan.”
En el párrafo anterior, dice el Informe que en la cuenca superior y media del cauce del río Vis Vis, en cambio, los sedimentos de corriente fluvial están “empobrecidos” (menor concentración que en la línea de base). ¿Cómo es esto, de repente, de la nada, a partir de la denominada por los técnicos “línea de base”, aparecen gran cantidad de minerales que no están en el lecho ni en los sedimentos del río aguas arriba?
Lo más probable es que en los últimos años, el mineraloducto se haya roto una o más veces y el barro mineral volcado sobre el curso inferior del Río, y que esos episodios no fueran conocidos por la permanente acción de ocultamiento informativo en que incurre Minera Alumbera. Las circunstancias carecen de relevancia, lo importante es el reconocimiento de la presencia de esos minerales pesados o radioactivos, que no pudieron salir de otro lado sino de la mina.
Por primera vez en quince años, una voz oficial y cómplice de las mineras, el SEGEMAR, también reconoce la presencia de decenas de minerales que transporta el mineraloducto, información celosamente silenciada ante la ciudadanía y ante la AFIP, en el momento de su exportación. Entre ellos, la existencia de URANIO y TORIO, ambos radioactivos, EN ALTO GRADO.
El URANIO, entre otros contaminantes, es lo que contiene el polvo diseminado por las explosiones en la mina, que sigue cubriendo los valles cercanos, Andalgalá y Belén y otros pueblos. Es URANIO también lo que está contaminando la provincia de Tucumán, en toda la cuenca del río Salí-Dulce. Y es lo que va quedando también en el Dique de cola, que va a aflorar aguas abajo por el río Vis Vis cuando la Minera se vaya, por falta del tratamiento para evitar que suba el PH en sus aguas.
Es CONTAMINACION RADIACTIVA y se agrava por el proceso de acumulación. Cada día que pasa se agregan al suelo, a las aguas superficiales y subterráneas, y están dispersas en el aire, enormes cantidades de URANIO NATURAL, además de torio, cesio, estroncio, plomo, arsénico, etc que contaminarán por miles de años toda la región.
Una cosa es el uranio u otros metales en estado natural que en forma paulativa se movieron durante cinco millones de años por la acción de los agentes naturales; otra cosa muy diferente, es que en escasos quince años, se remuevan con explosiones esos metales iniciando un violento proceso de contaminación radiactiva por acumulación. SU MAYOR CONCENTRACION LO HACE EXTREMADAMENTE PELIGROSO PARA LA VIDA DE LAS PERSONAS, ANIMALES Y PLANTAS, REGISTRANDO PRESENCIA EN LAS AGUAS Y EN LOS ALIMENTOS.
La acción del uranio y sus isótopos es lo que explica la gran cantidad de ENFERMOS Y MUERTOS POR CÁNCER que actualmente se registran en nuestros valles.
Entonces la vida de la población cercana a la mina en la provincia de Catamarca y también en Tucumán por el mineraloducto, depende de la suerte, que no inhale o ingiera las micropartículas de URANIO y otros minerales contaminantes.
Pero el descalabro no termina allí. Sospechosamente, ninguna ley nacional contempla penalidades para quienes contaminen con materiales o residuos radioactivos. Por lo tanto, EN EL PAIS, HAY UN VACIO LEGAL EN CUANTO A LOS ELEMENTOS Y RESIDUOS RADIOACTIVOS, EN SUS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA.
Andalgalá va a desaparecer si es abandonada a su suerte, máxime teniendo en cuenta que la mina Agua Rica, tres veces más grande, está ubicada solamente a 17 kilómetros de la ciudad y tiene la misma composición de minerales que La Alumbrera, incluyendo el URANIO.
La solución consiste en que la provincia de Catamarca, en forma urgente, dicte una Ley prohibiendo la minería a cielo abierto.

Los monocultivos forestales no son bosques!

También el martes 20 de octubre nos comunicamos con Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad y responsable de Grain en Argentina, para conversar sobre la problemática que rodea a la realización del Congreso Forestal Mundial en la Rural. Carlos nos explicó que este congreso, con el auspicio de la Secretaría de Ambiente de la Nación, busca ampliar y profundizar los agronegocios en nuestro país. Con un maquillaje verde, empresas nacionales y transnacionales buscan apropiarse de extensas tierras para desarrollar monocultivos forestales, entre ellos los eucaliptos, materia prima de las pasteras. Es decir, que no solo hay empresas interesadas en deforestar a mansalva extensas zonas del país para avanzar con el modelo sojero sino que también pretenden reforestar con especies destinadas a un uso industrial. El discurso que utilizan apunta a que los bosques son una arma efectiva contra del cambio climático. Pero lo cierto es que se trata de una política económico-ambiental que arrasa con pueblos y bosques nativos, guardianes de la verdadera biodiversidad.

Más información en www.biodiversidadla.org

La minería busca legitimarse entregando fondos a las Universidades Nacionales

En buena parte de las universidades del país se está realizando un serio debate sobre el rol de las mismas frente a la actividad minera, que pone en tela de juicio la vigencia de su autonomía y de su capacidad crítica.

No resulta nada casual que ante el crecimiento de los cuestionamientos hacia la minería a cielo abierto Minera La Alumbrera, el mayor emprendimiento en actividad situado en la provincia de Catamarca, se encuentre distribuyendo fondos hacia las universidades públicas. Se trata de jugosas sumas que buscan legitimar el perjuicio económico y ambiental que engedra, a través de la educación.

Al respecto, en el programa del martes 8 de septiembre nos comunicamos telefónicamente con Sergio Martínez, vecino y militante ambiental de Andalgalá, quien se encontraba en la Universidad de Córdoba como invitado a un foro donde se discutía dicha relación. Además, nos visitó en el estudio Juan Wahren, sociólogo y docente de la UBA, para analizar la aceptación de los fondos por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y la resistencia de docentes, investigadores y estudiantes.

A continuación, copiamos sendas declaraciones de rechazo formuladas en la Universidad de Buenos Aires y en la de Córdoba.

Declaración: No a los fondos de la Mina contaminante

Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.
Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.
Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc.
La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.

Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.

Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas- investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.
Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.
Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.

En defensa de la Universidad Pública, éticamente comprometida con la sociedad:
No a la contaminación ambiental. No a la violación de los DDHH. No a los Fondos de las Mineras.

“El solo repaso de los antecedentes de las tres empresas multinacionales que operan la mina justifica el rechazo de todo aporte económico generado por sus actividades. Su aceptación resulta sin embargo aún más incoherente y reñida con la ética universitaria cuando se repasan las situaciones ambientales críticas generadas por la mina y la situación judicial de uno de los más altos funcionarios de Xstrata Copper, Julián Rooney.”
Dr. Raúl Montenegro

Para comprender la importancia del tema de la megaminería y la gravedad de la aceptación de regalías mineras por las Universidades Nacionales, realizamos un recorrido histórico:
1939: El Dr. Abel Peirano, de la Universidad Nacional de Tucumán, inicia la exploración geológica de la zona de Bajo La Alumbrera, Andalgalá, provincia de Catamarca.
1959: Bajo un espíritu nacional, desarrollista y progresista, se crea por Ley 14.771 los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que en su art. 18 establece el destino de parte de las ganancias por la extracción a un fondo para las Universidades Nacionales.
1989-1999: El gobierno menemista y la política económica cavallista se encargan metódicamente de reorganizar la minería en el país bajo un espíritu claramente neoliberal, dando lugar a leyes como la 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras, 1993), la 24.224 (Reordenamiento Minero, 1993), la 24.228 (Acuerdo Federal Minero, 1993), la 24.523 (Creación del Sistema Nacional de Comercio Minero, 1995), la 24498 (Actualización Minera, 1995) y el Código de Minería (Decreto 456/97). El nuevo ordenamiento jurídico permite entre otras cosas dejar sólo un 3 % de regalías, eximir totalmente de impuestos a las empresas extractoras, brindar la posibilidad de sacar los minerales por puertos argentinos sin abonar un centavo y sin devengar retenciones a las exportaciones; omite todo tipo de restricción al uso de millones de litros de agua consumidos durante la explotación y, además, otorga la facultad para que lo que entren y saquen del país estas empresas no deba pasar por los controles aduaneros.
1997: Inicia su funcionamiento la mina “Bajo La Alumbrera”, uno de los más importantes yacimientos de oro y cobre del mundo, explotada por capitales suizos y canadienses. Surge Alumbrera Limited, una unión transitoria de empresas, de carácter multinacional, que congrega a Xstrata Copper, Yamana Gold y Goldcorp Inc. De este modo queda totalmente desvirtuado el espíritu original de la ley 14.771, asociando a YMAD con los intereses de multinacionales mineras, en una unión transitoria de empresas, bajo un espíritu completamente neoliberal.
1999: Desde esta época se vienen detectando drenajes ácidos mineros que no solo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo del área de explotación, lo que deriva en daños ambientales que incluyen la contaminación de las napas freáticas. Este año, precisamente, se inicia el dilatado proceso judicial contra la empresa Minera La Alumbrera, por contaminación. La Cámara Federal de Tucumán considera que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y que desemboca en el embalse Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). El Vicepresidente y Gerente General y de Asuntos Corporativos de la firma, Julián Rooney, es procesado por esta causa.
2001: La devaluación del peso acentúa aún más la llegada de empresas multinacionales de extracción minera.
27 de mayo de 2008: El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firma el Acuerdo Plenario 672 por el cual propone la distribución entre las Universidades beneficiadas de las utilidades líquidas y realizadas por YMAD correspondientes a 2007, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales.
28 de mayo de 2008: Julián Patricio Rooney es procesado sin prisión preventiva por la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán acusado del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el Artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos n° 24.051 en coordinación con el Artículo 200 del Código Penal de la Nación, delito que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.
14 de octubre de 2008: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, profundiza la denuncia contra la megaminería y la lucha contra las violaciones a los DDHH y otros derechos causadas por estas multinacionales. Se reúne con Julián Rooney, vice-presidente de Alumbrera Limited, en las oficinas de la empresa en Buenos Aires (Av. L. Alem 855), a quien le entrega una carta e informe denunciando los daños provocados por la firma.
18 de mayo de 2009: El CIN firma el Acuerdo Plenario 699, por el cual se propone la distribución de las utilidades líquidas del fondo YMAD entre las instituciones universitarias beneficiadas, disponibles a la fecha, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales. http://www.cin. edu.ar/doc. php?id=1364
7 de junio de 2009: en Andalgalá, Catamarca, se reúne la Asamblea Socio-Ambiental del NOA, que debate sobre el saqueo del agua que llevan adelante las mineras extranjeras, la criminalizació n de la protesta por parte de los gobiernos y las acciones que deben coordinarse en toda la región, para impedir que se repita la experiencia de Alumbrera Limited.
10 de junio de 2009: Adolfo Pérez Esquivel solicita públicamente al Consejo Interuniversitario Nacional que cumplan “con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD”, y apoyen así la “resistencia contra las violaciones de los DDHH, a la salud, derechos económicos, sociales, culturales y políticos”, que las multinacionales mineras vienen provocando.
12 de junio de 2009: El Prof. Raúl Montenegro, de la Facultad de Psicología, Premio Nóbel Alternativo 2004, solicita y fundamenta claramente a las autoridades de la Facultad y de la UNC, la inmediata manifestación oficial de rechazo y repudio a los fondos de la minería para las universidades.
16 de junio: Por Res. N° 426/2009 el H. Consejo Superior de la UNC encomienda al ISEA, Instituto Superior de Estudios Ambientales, la elaboración de un informe fundamentado, en un plazo de 30 días, con la participación de especialistas de distintas disciplinas sobre las condiciones y efectos ambientales de la explotación minera en nuestro país. “El H. Consejo Superior tomará en consideración dicho informe para pronunciarse públicamente sobre el tema y para diseñar una clara estrategia específica de la Universidad, a partir de la convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina.”
17 de junio de 2009: En Catamarca, docentes de la Universidad Nacional de Catamarca solicitan a su Rector el rechazo de los fondos mineros. Horacio Machado, docente de la Facultad de Humanidades de la UNCa y uno de los propulsores de este reclamo, plantea que la relación entre las universidades y el fondo YMAD supone un debate sobre las “condiciones éticas y políticas de este tipo de fondos", ya que se “compromete el carácter público y democrático de la universidad pública y de la formación universitaria, que debe completar la preservación y la autonomía universitaria tanto frente a los grupos político-partidarios como frente a grupos empresariales y actores privados". "Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario, aceptar tales recursos pone a nuestras universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, asumiendo una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión".
Este mismo día, en Córdoba, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, por Res. N° 166/09 es la primera unidad académica del país que se pronuncia rechazando la aceptación de tales fondos y solicitando al Honorable Consejo Superior de la UNC que tome igual determinación.
24 de junio de 2009: El Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC “expresó su repudio frente a las vinculaciones existentes entre empresas mineras y las universidades argentinas, dejando en claro su oposición al uso de los recursos provistos por YMAD”.
3 de julio de 2009: Un grupo de docentes de la UBA, firman un petitorio por el cual “solicitan al señor rector Rubén Hallú rechazar ese dinero y abrir un debate sobre las financiaciones de este tipo, en todas las instancias de nuestra universidad.”
4 de julio de 2009: El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica – CTA rechaza los fondos mineros y promueve su debate en los cuerpos colegiados de co-gobierno de las universidades nacionales, alentando que los mismos se pronuncien por el rechazo y devolución de los fondos.
20 de julio de 2009: Se suma al rechazo a los fondos el H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
30 de julio de 2009: La Escuela de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, mediante expte. 21146/2009 eleva al H. Consejo Directivo de su Facultad y al H. Consejo Superior de la UNC la propuesta de aceptación de los fondos para que los mismos sean “utilizados en la financiación de proyectos para el diagnóstico, estudio y remediación del impacto ambiental negativo causado por cualquier actividad humana priorizando a la actividad minera”.
18 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, aprueba por unanimidad el proyecto que rechaza los fondos provenientes del YMAD.
20 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rechaza por unanimidad la aceptación de los fondos provenientes de la minera La Alumbrera. El Consejo Directivo también repudia al veto presidencial a la llamada Ley de Protección de Glaciares y convoca a la comunidad a "participar en la necesidad de garantizar a la sociedad y el estado argentinos la plena disponibilidad de los mayores reservorios de agua dulce que constituyen los glaciares y periglaciares, para uso de las actuales y futuras generaciones".
Hasta el día de hoy algunas universidades han aceptado los fondos, entre ellas las Universidades Nacionales de La Rioja, Cuyo, Luján y Entre Ríos, esta última en una votación dividida en su H. Consejo Superior (15 votos contra 11). La Universidad Nacional de Córdoba aún no se ha expedido al respecto.
A modo de cierre de esta revisión histórica, y para dejar completamente en claro la ilegitimidad de los argumentos a favor de aceptar los fondos de la megaminería para las universidades públicas, resultan sumamente clarificadores los planteos hechos en junio por los docentes de la Universidad Nacional de Catamarca:
“Por otro lado, dentro de las consideraciones que nos llevan a impulsar el rechazo a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, cabe destacar también la abierta contradicción entre el sentido político originario de la ley que estableciera la asignación de fondos resultantes de la explotación del yacimiento para las Universidades Nacionales, y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza.
En efecto, cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la ‘entrega’ de sus yacimientos a ‘empresas foráneas’. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos y a tales efectos la ley procede a la creación de YMAD con el objeto de “realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercializació n e industrializació n de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objetivo principal.” (Art. 1ª de la Ley)
Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos. Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.”
En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el ‘desarrollo nacional’ y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminació n cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.
Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los ’90 (Leyes 24.196 y sus correlativas) , provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la ‘industria minera’ a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos ‘a cielo abierto’ con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado.”
“Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario en su conjunto, una actitud tal pondría a nuestras Universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, dando la espalda a los reclamos y denuncias de nuestras poblaciones y asumiendo, por el contrario, una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión.
Por el contrario, rechazar esos fondos bajo objeciones éticas constituiría un indeleble acto de magisterio y ejemplaridad para el conjunto de nuestra sociedad y honraría la más pura tradición democrática de nuestra historia. La producción de conocimiento, favorecida en el capitalismo periférico hoy, toma como presupuesto casi indiscutible una economía fuertemente productora de materias primas y el uso intensivo de energía, debilitando así la que debería ser una dimensión crucial de la universidad: su capacidad anticipatoria de los problemas sociales y ambientales. En tal sentido, los aportes de recursos de este tipo debilitan a las universidades públicas en tanto instituciones sociales comprometidas con los problemas nacionales y de los pueblos.”

Multitud de invitados en el programa del 11 de agosto

El martes 11 de agosto, Radiografía contó con la presencia de cinco invitados. La primera fue Mariana, miembro de la Coordinadora contra el tarifazo de Avellaneda, que nos contó la marcha de la Campaña: volanteadas, mesas de difusión y los amparos judiciales que frenaron el aumento en algunos municipios como el nuestro. Hoy mismo el gobierno, a través del ministro De Vido, anunció la marcha atrás con el tarifazo... un triunfo de la movilización popular!!! Aunque debemos tener en cuenta que la diferencia por la importación de gas la seguirá pagando el Estado cuando Repsol sigue exportando nuestro gas.

Luego charlamos con Luciana Ghiotto, quien participó en la Cumbre de los Pueblos celebrada en Asunción, Paraguay, entre el 21 y el 24 de julio. Allí concurrieron organizaciones campesinas, sociales, partidarias e índigenas de todo el Cono Sur. Luciana nos contó sobre los cuestionamientos al modelo productivo actual, que en el caso paraguayo (como el argentino) está profundamente arraigado a la soja y que el gobierno de Fernando Lugo se empeña en mirar para otro lado. Pero no sólo fueron cuestionamientos sino que también se hicieron una serie de propuestas para construir un modelo productivo alternativo que beneficie a nuestros pueblos: soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía sobre el agua, etc.

El segundo bloque estuvo más enfocado a la situación de los trabajadores en nuestro país. Claudio, trabajador de Correo Argentino, vino a denunciar el despido de 70 compañeros por intentar organizarse sindicalmente. A pesar que Correo Argentino hoy en día es una empresa estatal, Claudio afirma que el directorio está conformado por agentes del macrismo. En esta, los Kirchner y los Macri son buenos socios...

Y también charlamos con Víctor, trabajador de la empresa que se llamara Filobel-Febatex en el partido de Quilmes. Ante el vaciamiento de la patronal, los trabajadores no se cruzaron de brazos y en febrero de este año tomaron la fábrica para ponerla a funcionar bajo su control. Así armaron la Cooperativa Textil Quilmes que actualmente produce hilo y lonas industriales. También estuvo Diego, miembro de la Comisión de apoyo, que narró la solidaridad que brindaron y siguen brindando partidos, organizaciones y vecinos para recuperar la fábrica junto a los trabajadores. Más información se puede encontrar en http://trabajadoresdefebatex.blogspot.com/

Tarifazos, Luciano Arruga y Techint en el programa del 4 de agosto

En el programa del 4 de agosto estuvimos charlando sobre los tarifazos que nos han perjudicado a los usuarios de gas y luz. En el caso del gas nos imponen aumentos siderables que llegan al 400% para costear la importación desde Bolivia y por barcos ya que las petroleras que operan en el país han exprimido los pozos existentes hasta su agotamiento y no han invertido en exploración. Basta recordar que antes de la privatización de YPF las reservas de gas eran de 35 años y las de petróleo eran de 15, mientras que en la actualidad apenas llegan a los 8 años en ambos casos. La población debe compensar las ganancias multimillonarias de empresas como Repsol, Pan American Energy, entre otras.

La COORDINADORA CONTRA EL TARIFAZO DE AVELLANEDA, que el Foro de Salud y Medioambiente integra, organizó una mesa de difusión el 30 de julio en la puerta de Edesur para explicar a los usuarios que el aumento es ilegal y que es posible pagar parcialmente la factura presentando el formulario correspondiente. Para participar e informarse se puede escribir a notarifazo@hotmail.com

También conversamos telefónicamente con Marcelo, miembro de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Como contamos en emisiones anteriores, Luciano desapareció el 31 de enero de este año y existen más que fundadas sospechas que los responsables sean personal del Destacamento de Policía de Lomas del Mirador: amenazas anteriores que había recibido este chico de tan solo 17 años y un testigo que lo vio golpeado y herido dentro del mismo destacamento.

Por último, recibimos la visita de un amigo de la casa: el ingeniero Jorge Trevín, miembro de Ambiente Sur. Con él retomamos la entrega de la costa de Avellaneda y Quilmes al grupo Techint y las consecuencias ambientales que podría tener un emprendimiento de la magnitud proyectada. En este momento, el proyecto se encuentra trabado en la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires.

Jorge afirmó rotundamente que no espera cambios con la llegada a la intendencia de Ferraresi, quien fuera Secretario de Obras Públicas de Cacho Alvarez y uno de los principales impulsores del proyecto Costa del Plata.

La diputada Liliana Parada visitó Radiografía

En el programa del 21 de julio tuvimos la oportunidad de charlar con Liliana Parada, actual legisladora porteña y diputada nacional electa de Proyecto Sur.

Entre los temas que conversamos se destacó la designación de Jorge Fino Palacios al frente de la nueva policía metropolitana por parte de Macri. Palacios está involucrado en causas tan notables como el atentado a la AMIA, la represión asesina de diciembre de 2001 y el secuestro de Axel Blumberg.

Ella nos contó que diversas organizaciones de la ciudad han lanzado una campaña para juntar 100.000 firmas contra su designación. Claro que este es un primer paso para denunciar la política represiva del gobierno macrista que a través de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) ha realizado violentos desalojos (cabe recordar el que llevara a cabo contra la Huerta Orgázmika de Caballito) y persigue a gente de la calle.

También hablamos de la necesidad de defender la salud pública y del proyecto de ley de educación que presentaron en la Ciudad.

Por último, nos referimos a la futura actividad en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el bloque de Proyecto Sur aspira a poner en el tapete la recuperación de nuestro petróleo y gas, la prohibición de la minería a cielo abierto y la protección del medioambiente.

La depredación de los recursos pesqueros argentinos

El martes 16 de junio nos visitó Pablo Rodríguez, licenciado en antropología social y docente de la Universidad Nacional de La Plata, con un tema muy preocupante y pocas veces difundido: el exterminio de los recursos pesqueros en el área marítima de nuestro país.

Nos dejó algunos datos que ilustran la situación y a continuación copiamos su trabajo "Crisis en la Pampa Líquida":

“La flota pesquera Nacional arroja al mar 1.500.000.000 de kgs. mensuales de pescado apto para el consumo humano. A 1 kilo por persona se puede alimentar a 5.000.000 de habitantes, en un país en donde niños comen de tachos de basura o padecen hambre.
De los 17 caladeros del mundo se estima que 9 fueron totalmente devastados por causa de la sobrepesca. De los restantes 4 enfrentan una amenaza equivalente.”
(La Central, Año 1, Nro. 9, Mayo de 2009. Contratapa. Periódico de CTA Pcia. De Bs. As.)

Crisis en la Pampa Líquida
Lic. Pablo Gustavo Rodriguez[1]

De dónde venimos y cuánto se pesca

La pesca la Argentina hasta se desarrolló como pesca costera realizada con las conocidas lanchas amarillas de la mano de inmigrantes italianos. Tras la segunda guerra imperialista la llegada de inmigrantes belgas con buques de altura y una nueva tecnología desarrolló la pesca de altura, básicamente de merluza. Pero hasta la década del 90 era un bien secundario. Los argentinos comemos poco pescado o productos del mar en general. Un promedio anual de 6,6 kgs. Por persona que compartimos con los uruguayos y algunos otros vecinos y que sólo sobrepasa al 1,5 kg de Bolivia, que no tiene costa marítima, contra 16 kgs. Anuales por persona que es el promedio mundial.
Desde que empezó a experimentar cierto crecimiento en los años ´60 hasta fines de los años ´90 prevaleció el principio de la “pesca olímpica”: todos podían pescar cuanto pudiesen sin necesidad de un permiso[2]. La ausencia de regulaciones y controles permitió que predominaran en el sector pesquero el empleo en negro, la declaración del volumen de las capturas y la navegación con absoluta libertad. En este escenario los actores privados nunca pensaron en restringir sus capturas, por el contrario, tuvieron incentivos para pescar cuanto pudiesen dado que el recurso parecía inagotable. Y prácticamente lo fue mientras la demanda fue baja y industria se mantuvo subdesarrollada. Pero a a fines de los ´90, ambas crecieron y ante la ausencia de regulación y control comenzó la crisis .

A principios de los años ´90, en el contexto de las reformas, los ajustes y las presiones por aumentar el ingreso de divisas para el pago de la deuda externa, el Estado decidió explotar a fondo los recursos pesqueros, aunque sin un cambio sustantivo en la manera de percibir al mar y a la actividad pesquera. Nuestra necesidad de exportar coincidió con el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 40 por ciento su flota pesquera debido al colapso de sus propias pesquerías y de acceder a nuevos recursos en otras partes del mundo, como una forma de aliviar la presión que sufren los caladeros del hemisferio norte. Así se firmó un Convenio en 1992 y los Acuerdos de Pesca en 1994, a través de los cuales la UE invirtió 1.418 millones de dólares anuales en subsidios para financiar el ingreso de sus buques pesqueros a aguas argentinas a través de joint ventures con empresarios argentinos. Japón pagó 800 millones de dólares. Diversas compañías pesqueras multinacionales, como la española Pescanova o la japonesa Mitsubishi, mantienen operaciones globales con bases en África, Asia, Oceanía y América Latina y se benefician de los acuerdos de pesca que sus países firman con países en desarrollo.
En este contexto la flota de buques pesqueros se incrementó enormemente y se empezó a sentir la depredación y la dificultad creciente para pescar, que los pescadores identifican como la necesidad de ir cada vez más lejos de la costa a buscar el pescado y que las capturas son cada vez menores en volumen y el tamaño promedio de los peces capturados cada vez menor.
Recién en 1997 con la sanción de la Ley de pesca (24.922), que establece Cuotas Individuales de Captura, se tiene el primer instrumento regulatorio que apunta a proteger los caladeros de la sobreexplotación. Pero esta norma llegó en el momento preciso en que las capturas cayeron a en picada debido a que ya se había sobrepasado el nivel de explotación biológicamente sostenible.
La Argentina captura cerca de 1.000.000 de toneladas de pescado y exporta el 60 por ciento de las capturas por valor de 1.000 millones de pesos. La merluza representa el 50 por ciento de los productos pesqueros argentinos. El procesamiento en plantas industriales de tierra es del orden del 30 por ciento, mientras que en los buques factoría se procesa el 70 por ciento restante. A diferencia de países pesqueros como Noruega, Islandia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, la Argentina exporta productos con un bajo nivel de valor agregado y está sujeta a una gran dependencia de los mercados extranjeros.
Es muy importante distinguir los diferentes sectores que existen en esta actividad. Además de los ya mencionados pescadores costeros de las lanchas amarillas están los buques fresqueros, que se dedican a la pesca de altura y traen el pescado enfriado para ser procesado en tierra con mano de obra local. Estas flotas no registraron un incremento muy significativo en sus capturas a lo largo de las últimas décadas. La mayor parte de ese incremento se dio en la flota de buques congeladores y factorías, que poseen mayor capacidad de pesca que los fresqueros y son verdaderas fábricas flotantes, que capturan y procesan, congelan y envasan el pescado a bordo, sin necesidad de volver a tierra, dejándolo listo para enviar al mercado consumidor. El procesamiento adicional cuando es necesario se realiza en el país de destino, donde se le suma valor agregado. El impacto diferencial que tienen estas flotas para las fuentes de trabajo es notorio. Según Roberto Maturana (2006):
“[...] sobre 30 mil toneladas de merluza anual, una planta en tierra obtiene entre 12 y 14 mil toneladas de producto final (incluyendo la harina de pescado y el reciclado de los desperdicios que se utiliza para elaborar pasta de merluza). Esta planta emplea alrededor de 850 trabajadores y con las 30 mil toneladas iniciales, logra exportar entre 21y 25 millones de dólares.
“En cambio, un buque congelador hace con la misma cantidad bruta de pescado, 12 millones de dólares de exportación y ocupa a 100 personas. Los congeladores tienen una capacidad mucho mayor de captura, mientras que la industria fresquera tiene más posibilidades de elaborar productos de mayor valor agregado, empleando una mayor cantidad de mano de obra”.

La flota de buques congeladores pasó de 62 unidades en 1992 a 302 en 1999. Este aumento se explica claramente por los mencionados Acuerdos de 1992 y 1994, que multiplicaron el esfuerzo de pesca. “Entre 1992 y 1997 las capturas realizadas por los fresqueros crecieron 11 por ciento, mientras que las de buques congeladores crecieron 149 por ciento con una cantidad importante de buques congeladores ilegalmente ingresados que triangularon transferencias de permisos” (Maturana, 2006).

Cómo estamos y cómo se pesca

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INDEP) es un organismo descentralizado del Ministerio de Economía de la Nación, de carácter técnico y consultivo, equivalente al INTA o al INTI para los sectores agropecuario e industrial respectivamente. Su función es la de evaluar el estado de los recursos pesqueros y determinar la Captura Máxima Permisible (CMP), es decir, cuánto se puede pescar sin que se vea amenazada la sustentabilidad del recurso. El poder de decisión y de policía corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Consejo Federal Pesquero. Esos límites han sido permanentemente ignorados, pero los mayores excesos de capturas se dieron a partir de 1995, cuando la captura real superó en un 47 por ciento a la Captura Máxima Permisible. Ese porcentaje fue del 50 por ciento en 1996 y del 48 por ciento en 1997. A partir de esa fecha, la producción ha caído abruptamente como consecuencia de la crisis del caladero.

Según una estimación realizada por el INIDEP en Diciembre de 2006 la magnitud del descarte anual de merluza entre 1986 y 1993, por la flota comercial al sur de los 41ºS varió entre 102 y 312 millones de individuos, lo cual representa entre un 28 y un 32% de la captura total en número. Expresado en peso, los descartes anuales variaron entre las 15.563 y las 46,113 toneladas, lo cual representa entre un 10 y un 13% de la captura total, y registró un incremento progresivo a lo largo del período. El grupo de edad 1 fue el más afectado por el descarte (entre 85 y 88%), mientras que el grupo de edad 2 lo hizo entre el 10 y el 14%. Los grupos de edad 0 y 3 se vieron afectados por el descarte en menos del 1% (INIDEP Doc. Cient. 6 31-38.pdf).

En otro estudio realizado entre agosto y diciembre de 1995 y publicado en el año 2000, en base a la observación de la pesca de merluza en 51 buques congeladores y factorías durante 256 días de navegación, 232 de pesca efectiva, 725 lances de pesca y 2245 horas de arrastre se detectó que:
Existe una gran diferencia entre lo declarado en el parte de pesca y la situación real observada a bordo, constatándose en todos los casos una subdeclaración de entre el 28% y el 38% de la captura efectiva, que en una sola marea puede alcanzar las 1200 ton. También se subdeclaran los rendimientos por unidad de esfuerzo (CPUE) hasta un 32,5% menos y el área cubierta por la actividad de captura (1 solo cuadrado estadístico en vez de los 25 CE observados).
Se usan redes con mallas de aberturas más reducida que la reglamentarias (baja selectividad del arte de pesca) y con sobrecopo.
Se pesca en áreas con alta concentración de individuos juveniles, generalmente colindantes con las áreas de veda o bien dentro de ellas, hecho que no se registra en los partes de pesca). Este hecho, sumado a lo anterior resulta en que los individuos constituyen hasta un 30% de un lance.
Se captura mucho más de lo que se puede procesar (por falta de control de lo que ingresa a la red y de la duración del lance).
Parte del descarte se debe a fallas en las lineas de procesamiento (pescados aplastados)
Otra parte del descarte es provocada por el exceso en la captura que impide el ascenso de la red al barco, por lo que se procede a soltar una parte de la captura que puede llegar a las 30 toneladas por lance. También debido al exceso parte de la captura no cabe en el pozo, por lo cual queda en cubierta expuesto al sol, se descompone en poco tiempo y es descartado. Una permanencia prolongada en el pozo produce el mismo efecto y conduce al descarte masivo.
La captura no se coordina con el procesamiento a bordo. A raíz de ello se puede tener un lance cuando no se ha terminado de procesar el anterior. Esta situación conduce o bien al descarte del remanente del lance anterior, o al descarte completo del nuevo lance o que el nuevo lance se descargue sobre el anterior, produciendo aplastamientos y demoras en el procesamiento de los remanentes que conducen a nuevos descartes masivos (que se cuentan por toneladas) incluso de individuos de talla comercial (mayores de 35 cms.).
Los descartes también dependen del destino comercial de la marea (files, cariocas, etc.), del tipo y estado del equipo de procesamiento, y de la eficiencia operativa de la planta.
(INIDEP INF. TEC. 32.pdf)

La cantidad de gente que podría haberse alimentado con el descarte durante ese año considerando que el promedio de ingesta anual de pescado en la Argentina es de 6,6 Kg/persona

Un informe técnico de marzo del año 2004 realizado por el Proyecto Merluza del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) efectuado sobre el stock sur de merluza (Merluccius hubbsi) que habita al sur del paralelo de 41ºS a principios de ese año, constató una disminución de entre un 13 y un 18% de la biomasa en las clases de edad 2 a 6, lo que hace depender a toda la población de merluza de un sólo grupo de edad (el 1) que no es reproductivo.
Los científicos del organismo pesquero que realizaron el estudio en el que se basa el informe son Héctor D. Cordo (Jefe de Proyecto), Susana I. Bezzi, Claudia Dato, Roberto Castrucci, Pedro Ibañez,Gabriela Irusta, Elena Louge, Marta Renzi, Betina A. Santos, Mario Simonazzi, Leonardo Tringali y Fernanda Villarino.

La pesca de arrastre resulta ser el método menor selectividad. En muchos países está prohibido. En nuestro país, el INIDEP en 1974, dirigió una nota a la Junta Nacional de Carnes, por entonces organismo responsable de la pesca en nuestro país, alertando sobre el carácter depredatorio de este método de pesca, que produce hasta un 40% de juveniles en la captura de un lance y sugirió su prohibición. En 1982 sugirieron una captura máxima permisible de 200.000 toneladas, pero se llegó a capturar hasta 800.000. Hoy día la situación no es muy diferente. Las zonas de vedas, y las capturas máximas permisibles no se respetan. Las artes de pesca reglamentarias no se utilizan. El personal consultado del INIDEP asegura que “no hay manera de aplicar sanciones” y que “el cuerpo de inspectores está totalmente corrupto”.
La falta de control del área de veda durante casi dos años consecutivos, retrotrajo al recurso rápidamente a los años previos a la crisis que justamente llevó a establecer la citada área de veda.
Se denomina "biomasa reproductiva virgen", a los peces juveniles que aún no han desovado una vez y que se conservan como reserva reproductiva año tras año. Los biólogos consideran que, para asegurar la continuidad de la merluza, su biomasa reproductiva virgen no debe ser inferior al 30 por ciento del total de los peces. Sin embargo a principios de 1999, no llegaba al 19%.
Un kg. de juveniles equivale a 90 kgs de adultos, en cantidad de individuos.

La tragedia de los comunes

“Con un recurso de acceso abierto, no todos los costos serán tenidos en cuenta: cada unidad adicional pescada, en un contexto de depredación, reducirá la capacidad reproductiva propia del recurso e incrementará los costos de búsqueda y captura para otros pescadores (los costos agregados son externos a un pescador individual, que sólo considera sus propios costos y beneficios). Con el tiempo habrá demasiados pescadores en la pesquería. Muchos más de los que la esta puede soportar.
En resumen, la teoría económica explica que los bienes comunes no tenderán a ser excesivamente protegidos porque los incentivos individuales de los actores privados están en conflicto directo con aquellos vinculados a su conservación. Como ningún pescador cree poder prevenir la depredación restringiendo unilateralmente su captura, la pesquería tenderá al colapso a no ser que existan instituciones que contrapesen los incentivos individuales. “
“Los recursos de propiedad común son, por definición, propiedad de todos y responsabilidad de nadie. En este contexto, el papel del Estado como responsable del bienestar general es el único que puede establecer la protección del recurso ”
En nuestro país “La lentitud de la gestión administrativa, el otorgamiento discrecional de permisos, el escaso control del mar y la falta de transparencia fueron los rasgos distintivos de la administración pesquera” (Maturana, 2006).
La escasa importancia que nuestra sociedad “vacunófaga” le otorga al mar o la “Pampa líquida” como gustan decir algunos de los informantes consultados ha permitido que ocurran todas las desprolijidades, abusos e ilícitos que hemos enumerado sin que nadie se entere o se preocupe.

Hacia dónde vamos

Todos estos datos indican que nos encontramos en una situación terminal. De no cambiar el rumbo la Argentina se dirige a un colapso pesquero en un plazo aproximado de 15 o 20 años. Esto es, una situación en la que las poblaciones de las especies comerciales han disminuido tanto que ya no resulta rentable su explotación y por lo tanto las empresas cierran o se reconvierten. Un buque pesquero de altura que pesca merluza tiene un costo de mantenimiento de entre 10 y 20 mil pesos diarios entre combustible, insumos, jornales, alimentos, permisos, etc.
Afortunadamente el colapso se produce antes que la extinción de las especies objetivo. Pero de todos modos significa varios años sin pescar y por lo tanto desempleo masivo entre los pescadores, marineros, estibadores, remolcadores y otros trabajadores portuarios, de los astilleros y de las plantas procesadoras de pescado (envasadores, fileteros, etc.) así como de frigoríficos y todo el sector comercial asociado. Una proporción cercana al 50% de estos trabajadores se desempeñan en cooperativas de trabajo, por lo cual difícilmente cuenten con indemnizaciones de la patronal.
En ciudades portuarias como Mar del Plata y en menor medida Necochea, Bahía Blanca y otras de la Patagonia, esto involucra a una proporción importante de su población y significa mayores conflictos sociales, hambre y miseria.
En los países del primer mundo en los que esto ya ha ocurrido, como Canadá en 1992 con el bacalao. Se pasó de una captura de aproximadamente 200.000 ton en un año a 20.000 al año siguiente y a 200 en el tercero. El gobierno apoyó invirtió dos millones de dólares en subsidios de desempleo para 40.000 desocupados del sector y retiró los barcos. Nada indica que en nuestro país los eventuales damnificados por una crisis del sector pesquero vayan a contar con un apoyo equivalente. De acuerdo a nuestros informantes los colapsos pesqueros tienen la característica de la reacción en cadena: agotado un recurso todos los agentes económicos del sector se vuelcan a la sobreexplotación de otro hasta su agotamiento y así sucesivamente hasta que ya no queda otra alternativa que la quiebra.

Medidas propuestas:
· estricto control del área de veda
· selectividad de las redes de arrastre para evitar la captura innecesaria de ejemplares juveniles por fuera del área de veda, donde también se ha registrado su elevada presencia.
· contar con un programa de observadores financiado en forma estable que permita asegurar una buena cobertura de las flotas que capturan merluza ya sea como especie objetivo o como by-catch
· No emitir más permisos de pesca.

Bibliografía citada
Maturana, Roberto (31/01/2006) Corrupción y depredación del mar argentino. En: Eco-Portal.net. Accedido: 5/06/2009. Disponible online: www.ecoportal.net/content/view/full/56177.

[1] Antropólogo social, JTP de Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología Sociocultural en la Facultad de Cs. Naturales, investigador y becario de la UNLP. Doctorando en Cs. Sociales (FaHCE-UNLP), con estudios de posgrado en Desarrollo Local y Economía Social.
[2] En 1974 se firmó el Tratado del Frente Marítimo del Río de La Plata con Uruguay, por el que se determinó una zona de pesca común para ambos países que, en lo que respecta a la pesca de la merluza beneficia a Uruguay, debido a que sus aguas territoriales son de desove y no pueden ser utilizadas para pesca de esta especie.