24/9/09

Programa completo: salud, medioambiente, conflictos sociales y laborales

El último martes, 22 de septiembre, compartimos muchas y variadas notas en Radiografía. Desde la situación de Honduras, tras el regreso de el presidente Zelaya, a la reducción del Presupuesto Nacional 2010 para la salud. Significará un recorte de fondos del 7,1 por ciento en relación con este año ya que de 6101 millones de pesos disponibles en 2009 se pasará a 5665 millones en 2010. No sorprendre de un gobierno al cual poco le ha importado la salud pública pero no deja de ser un ajuste totalmente inoportuno cuando aún debemos combatir grandes epidemias como la gripe porcina y el dengue.

También nos comunicamos con la Diputada Nacional Fernanda Reyes quien recientemente denunció penalmente al Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral (FOTO), por la posible comisión de los delitos de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas" y "tráfico de influencias". El eje de la denuncia gira sobre la empresa minera Millstone S.A, de la que Mayoral es dueño. El domicilio de la empresa, según los registros de la Secretaría de Minería, sería el mismo que los de las mineras Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Rodeo S.A, Minera Patagonia S.A, J.S Redpath Limited Sucursal Argentina y Newcrest Minera Argentina S.A. Además, el ex presidente de la Barrick en la Argentina , sería presidente de Millstone, la empresa del sanjuanino Mayoral. Esto siginificaría que el secretario de Minería y Barrick Gold tendrían vínculos comerciales y políticos.


También charlamos con la diputada sobre la Ley de Glaciares. Tras el veto de Cristina en noviembre de 2008, algunos diputados impulsan su ratificación e incluso lo lograron en la Comisión de Recursos Naturales. Pero, al mismo tiempo, en el Senado avanza un nuevo proyecto de ley que encabeza Daniel Filmus y que cuenta con algunas trampas en su redacción que permitirán a las mineras explotar el ambiente periglacial.


El segundo bloque estuvo dedicado a algunos de los tantos conflictos sociales y laborales que se vienen desarrollando. Hablamos telefónicamente con Ricardo, miembro de la Coordinadora Popular de Lucha, acerca de la campaña que llevan adelante contra el hambre y la pobreza, empezando por la equiparación de los sueldos de los funcionarios públicos al de un trabajador.


Por último, estuvo con nosotros en el estudio Matías, delegado de los trabajadores en la empresa Industrias MH. A pesar de la crisis internacional, a esta empresa ubicada en Lanús y que fabrica conductores eléctricos le va cada vez mejor. Sin embargo, abruptamente decidió despedir a 5 trabajadores sin mediar explicaciones. Para Matías, nada de esto es casual, ya que lo vincula a la reciente conformación de una comisión interna y a los logros que han obtenido en las condiciones de trabajo. La situación se agrava dado que los directivos impidieron el ingreso tanto de él como del otro delegado para poder realizar una asamblea donde discutir con los compañeros una medida de fuerza.

13/9/09

La minería busca legitimarse entregando fondos a las Universidades Nacionales

En buena parte de las universidades del país se está realizando un serio debate sobre el rol de las mismas frente a la actividad minera, que pone en tela de juicio la vigencia de su autonomía y de su capacidad crítica.

No resulta nada casual que ante el crecimiento de los cuestionamientos hacia la minería a cielo abierto Minera La Alumbrera, el mayor emprendimiento en actividad situado en la provincia de Catamarca, se encuentre distribuyendo fondos hacia las universidades públicas. Se trata de jugosas sumas que buscan legitimar el perjuicio económico y ambiental que engedra, a través de la educación.


Al respecto, en el programa del martes 8 de septiembre nos comunicamos telefónicamente con Sergio Martínez, vecino y militante ambiental de Andalgalá, quien se encontraba en la Universidad de Córdoba como invitado a un foro donde se discutía dicha relación. Además, nos visitó en el estudio Juan Wahren, sociólogo y docente de la UBA, para analizar la aceptación de los fondos por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y la resistencia de docentes, investigadores y estudiantes.


A continuación, copiamos sendas declaraciones de rechazo formuladas en la Universidad de Buenos Aires y en la de Córdoba.



Declaración: No a los fondos de la Mina contaminante

Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.
Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.
Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc.
La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.


Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.


Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas- investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.
Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.
Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.


En defensa de la Universidad Pública, éticamente comprometida con la sociedad:
No a la contaminación ambiental. No a la violación de los DDHH. No a los Fondos de las Mineras.

“El solo repaso de los antecedentes de las tres empresas multinacionales que operan la mina justifica el rechazo de todo aporte económico generado por sus actividades. Su aceptación resulta sin embargo aún más incoherente y reñida con la ética universitaria cuando se repasan las situaciones ambientales críticas generadas por la mina y la situación judicial de uno de los más altos funcionarios de Xstrata Copper, Julián Rooney.”
Dr. Raúl Montenegro

Para comprender la importancia del tema de la megaminería y la gravedad de la aceptación de regalías mineras por las Universidades Nacionales, realizamos un recorrido histórico:
1939: El Dr. Abel Peirano, de la Universidad Nacional de Tucumán, inicia la exploración geológica de la zona de Bajo La Alumbrera, Andalgalá, provincia de Catamarca.
1959: Bajo un espíritu nacional, desarrollista y progresista, se crea por Ley 14.771 los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que en su art. 18 establece el destino de parte de las ganancias por la extracción a un fondo para las Universidades Nacionales.
1989-1999: El gobierno menemista y la política económica cavallista se encargan metódicamente de reorganizar la minería en el país bajo un espíritu claramente neoliberal, dando lugar a leyes como la 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras, 1993), la 24.224 (Reordenamiento Minero, 1993), la 24.228 (Acuerdo Federal Minero, 1993), la 24.523 (Creación del Sistema Nacional de Comercio Minero, 1995), la 24498 (Actualización Minera, 1995) y el Código de Minería (Decreto 456/97). El nuevo ordenamiento jurídico permite entre otras cosas dejar sólo un 3 % de regalías, eximir totalmente de impuestos a las empresas extractoras, brindar la posibilidad de sacar los minerales por puertos argentinos sin abonar un centavo y sin devengar retenciones a las exportaciones; omite todo tipo de restricción al uso de millones de litros de agua consumidos durante la explotación y, además, otorga la facultad para que lo que entren y saquen del país estas empresas no deba pasar por los controles aduaneros.
1997: Inicia su funcionamiento la mina “Bajo La Alumbrera”, uno de los más importantes yacimientos de oro y cobre del mundo, explotada por capitales suizos y canadienses. Surge Alumbrera Limited, una unión transitoria de empresas, de carácter multinacional, que congrega a Xstrata Copper, Yamana Gold y Goldcorp Inc. De este modo queda totalmente desvirtuado el espíritu original de la ley 14.771, asociando a YMAD con los intereses de multinacionales mineras, en una unión transitoria de empresas, bajo un espíritu completamente neoliberal.
1999: Desde esta época se vienen detectando drenajes ácidos mineros que no solo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo del área de explotación, lo que deriva en daños ambientales que incluyen la contaminación de las napas freáticas. Este año, precisamente, se inicia el dilatado proceso judicial contra la empresa Minera La Alumbrera, por contaminación. La Cámara Federal de Tucumán considera que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y que desemboca en el embalse Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). El Vicepresidente y Gerente General y de Asuntos Corporativos de la firma, Julián Rooney, es procesado por esta causa.
2001: La devaluación del peso acentúa aún más la llegada de empresas multinacionales de extracción minera.
27 de mayo de 2008: El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firma el Acuerdo Plenario 672 por el cual propone la distribución entre las Universidades beneficiadas de las utilidades líquidas y realizadas por YMAD correspondientes a 2007, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales.
28 de mayo de 2008: Julián Patricio Rooney es procesado sin prisión preventiva por la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán acusado del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el Artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos n° 24.051 en coordinación con el Artículo 200 del Código Penal de la Nación, delito que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.
14 de octubre de 2008: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, profundiza la denuncia contra la megaminería y la lucha contra las violaciones a los DDHH y otros derechos causadas por estas multinacionales. Se reúne con Julián Rooney, vice-presidente de Alumbrera Limited, en las oficinas de la empresa en Buenos Aires (Av. L. Alem 855), a quien le entrega una carta e informe denunciando los daños provocados por la firma.
18 de mayo de 2009: El CIN firma el Acuerdo Plenario 699, por el cual se propone la distribución de las utilidades líquidas del fondo YMAD entre las instituciones universitarias beneficiadas, disponibles a la fecha, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales. http://www.cin. edu.ar/doc. php?id=1364
7 de junio de 2009: en Andalgalá, Catamarca, se reúne la Asamblea Socio-Ambiental del NOA, que debate sobre el saqueo del agua que llevan adelante las mineras extranjeras, la criminalizació n de la protesta por parte de los gobiernos y las acciones que deben coordinarse en toda la región, para impedir que se repita la experiencia de Alumbrera Limited.
10 de junio de 2009: Adolfo Pérez Esquivel solicita públicamente al Consejo Interuniversitario Nacional que cumplan “con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD”, y apoyen así la “resistencia contra las violaciones de los DDHH, a la salud, derechos económicos, sociales, culturales y políticos”, que las multinacionales mineras vienen provocando.
12 de junio de 2009: El Prof. Raúl Montenegro, de la Facultad de Psicología, Premio Nóbel Alternativo 2004, solicita y fundamenta claramente a las autoridades de la Facultad y de la UNC, la inmediata manifestación oficial de rechazo y repudio a los fondos de la minería para las universidades.
16 de junio: Por Res. N° 426/2009 el H. Consejo Superior de la UNC encomienda al ISEA, Instituto Superior de Estudios Ambientales, la elaboración de un informe fundamentado, en un plazo de 30 días, con la participación de especialistas de distintas disciplinas sobre las condiciones y efectos ambientales de la explotación minera en nuestro país. “El H. Consejo Superior tomará en consideración dicho informe para pronunciarse públicamente sobre el tema y para diseñar una clara estrategia específica de la Universidad, a partir de la convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina.”
17 de junio de 2009: En Catamarca, docentes de la Universidad Nacional de Catamarca solicitan a su Rector el rechazo de los fondos mineros. Horacio Machado, docente de la Facultad de Humanidades de la UNCa y uno de los propulsores de este reclamo, plantea que la relación entre las universidades y el fondo YMAD supone un debate sobre las “condiciones éticas y políticas de este tipo de fondos", ya que se “compromete el carácter público y democrático de la universidad pública y de la formación universitaria, que debe completar la preservación y la autonomía universitaria tanto frente a los grupos político-partidarios como frente a grupos empresariales y actores privados". "Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario, aceptar tales recursos pone a nuestras universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, asumiendo una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión".
Este mismo día, en Córdoba, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, por Res. N° 166/09 es la primera unidad académica del país que se pronuncia rechazando la aceptación de tales fondos y solicitando al Honorable Consejo Superior de la UNC que tome igual determinación.
24 de junio de 2009: El Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC “expresó su repudio frente a las vinculaciones existentes entre empresas mineras y las universidades argentinas, dejando en claro su oposición al uso de los recursos provistos por YMAD”.
3 de julio de 2009: Un grupo de docentes de la UBA, firman un petitorio por el cual “solicitan al señor rector Rubén Hallú rechazar ese dinero y abrir un debate sobre las financiaciones de este tipo, en todas las instancias de nuestra universidad.”
4 de julio de 2009: El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica – CTA rechaza los fondos mineros y promueve su debate en los cuerpos colegiados de co-gobierno de las universidades nacionales, alentando que los mismos se pronuncien por el rechazo y devolución de los fondos.
20 de julio de 2009: Se suma al rechazo a los fondos el H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
30 de julio de 2009: La Escuela de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, mediante expte. 21146/2009 eleva al H. Consejo Directivo de su Facultad y al H. Consejo Superior de la UNC la propuesta de aceptación de los fondos para que los mismos sean “utilizados en la financiación de proyectos para el diagnóstico, estudio y remediación del impacto ambiental negativo causado por cualquier actividad humana priorizando a la actividad minera”.
18 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, aprueba por unanimidad el proyecto que rechaza los fondos provenientes del YMAD.
20 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rechaza por unanimidad la aceptación de los fondos provenientes de la minera La Alumbrera. El Consejo Directivo también repudia al veto presidencial a la llamada Ley de Protección de Glaciares y convoca a la comunidad a "participar en la necesidad de garantizar a la sociedad y el estado argentinos la plena disponibilidad de los mayores reservorios de agua dulce que constituyen los glaciares y periglaciares, para uso de las actuales y futuras generaciones".
Hasta el día de hoy algunas universidades han aceptado los fondos, entre ellas las Universidades Nacionales de La Rioja, Cuyo, Luján y Entre Ríos, esta última en una votación dividida en su H. Consejo Superior (15 votos contra 11). La Universidad Nacional de Córdoba aún no se ha expedido al respecto.
A modo de cierre de esta revisión histórica, y para dejar completamente en claro la ilegitimidad de los argumentos a favor de aceptar los fondos de la megaminería para las universidades públicas, resultan sumamente clarificadores los planteos hechos en junio por los docentes de la Universidad Nacional de Catamarca:
“Por otro lado, dentro de las consideraciones que nos llevan a impulsar el rechazo a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, cabe destacar también la abierta contradicción entre el sentido político originario de la ley que estableciera la asignación de fondos resultantes de la explotación del yacimiento para las Universidades Nacionales, y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza.
En efecto, cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la ‘entrega’ de sus yacimientos a ‘empresas foráneas’. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos y a tales efectos la ley procede a la creación de YMAD con el objeto de “realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercializació n e industrializació n de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objetivo principal.” (Art. 1ª de la Ley)
Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos. Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.”
En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el ‘desarrollo nacional’ y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminació n cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.
Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los ’90 (Leyes 24.196 y sus correlativas) , provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la ‘industria minera’ a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos ‘a cielo abierto’ con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado.”
“Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario en su conjunto, una actitud tal pondría a nuestras Universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, dando la espalda a los reclamos y denuncias de nuestras poblaciones y asumiendo, por el contrario, una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión.
Por el contrario, rechazar esos fondos bajo objeciones éticas constituiría un indeleble acto de magisterio y ejemplaridad para el conjunto de nuestra sociedad y honraría la más pura tradición democrática de nuestra historia. La producción de conocimiento, favorecida en el capitalismo periférico hoy, toma como presupuesto casi indiscutible una economía fuertemente productora de materias primas y el uso intensivo de energía, debilitando así la que debería ser una dimensión crucial de la universidad: su capacidad anticipatoria de los problemas sociales y ambientales. En tal sentido, los aportes de recursos de este tipo debilitan a las universidades públicas en tanto instituciones sociales comprometidas con los problemas nacionales y de los pueblos.”




8/9/09

Ferraresi sobre Costa del Plata: "en Avellaneda se va a hacer"

A pesar de la persistente oposición de organizaciones ambientalistas y vecinos de Avellaneda y Quilmes, el sucesor de Cacho Alvarez, Jorge Ferraresi, afirmó que el proyecto Costa del Plata "se va a hacer".

Radiografía logró tomar estas breves declaraciones el sábado 5 de septiembre, luego de un acto en Villa Pobladora, en la localidad de Piñeyro. El nuevo intendente ratificó el respaldo al megaemprendimiento de la empresa Techint en la costa de ambos municipios, al mismo tiempo que admitió que aún necesita la aprobación de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires y del Concejo Deliberante quilmeño.

Asimismo, Ferraresi cerró las puertas a nuevas audiencias públicas donde se expresen las organizaciones que se oponen al proyecto. Escuchá sus declaraciones:

2/9/09

Algunas controversias acerca del proyecto de Ley de Medios

En el programa del martes 1º de septiembre tuvimos una más que interesante discusión acerca del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales que acaba de ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación. Recibimos la visita de Francisco Godinez, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), y a pesar de algunas diferencias que se plantearon en la mesa, partimos de algunas premisas:
- la ley vigente, la 22.285, data de la dictadura militar y es necesario crear una nueva donde además se contemplen los cambios tecnológicos en la comunicación.
- los grandes medios atacan furiozamente al proyecto y al gobierno pero sin argumentos que traspasen sus intereses económicos.
- el kirchnerismo en lugar de detallar las implicancias de la ley no ha hecho más que lanzar consignas que graficarían la ley.
Entre las consignas más usadas, están la democratización y la desmonopolización de la comunicación. Sin embargo, en la lectura de la ley queda claro que se limitaría el poder del Grupo Clarín, por ejemplo, pero deja lugar a que las telefónicas, con Telefónica de España a la cabeza, se conviertan en nuevo monopolio: por un lado, no permite que el dueño de un canal de TV abierta maneje una empresa de cable en la misma localidad y viceversa, y por el otro, autoriza a las empresas telefónicas a suministrar el triple play (internet, teléfono y cable).
Otro punto controversial tiene que ver con el reparto de las frecuencias en porcentajes iguales: un tercio público, un tercio privado con fines de lucro y otro tercio privado sin fines de lucro. Este último tercio apuntaría a la democratización de los medios pero surgen algunos problemas. En primer lugar, los requisitos para obtener una frecuencia de tv o de radio no son accesibles para toda la población. En segundo lugar, se mete en una misma bolsa a sindicatos, organizaciones religiosas, ONGs, Fundaciones (no queda claro de qué manera quedaría excluida la Fundación Noble, por ejemplo), medios comunitarios, etc. Esta es una de las principales críticas esbozadas por la RNMA que justamente reclama un trato diferenciado para los medios comunitarios, populares y/o alternativos.
A continuación copiamos algunas exigencias planteadas por la Red Nacional de Medios Alternativos:
Al COMFER, y por su intermedio al Poder Ejecutivo Nacional, que incluya en el anteproyecto de Ley de SCA las modificaciones que la RNMA ha presentado en los distintos Foros desarrollados por todo el país.

Consideramos que las mismas son un aporte esencial para democratizar la comunicación y limitar el poder de los oligopolios.


Entre las modificaciones propuestas destacamos las siguientes:

* La derogación del decreto 527/05 (modificación del artículo 146 o agregar como último párrafo del articulo 143: “A partir de la vigencia de esta ley reanúdanse los plazos suspendidos por el Decreto Nº 527/2005”).
* El reconocimiento expreso en el texto de la Ley de los medios comunitarios, populares y alternativos como actores diferenciados de los “prestadores de gestión privada sin fines de lucro” (modificación del artículo 21), con el siguiente alcance:
a) Asignación específica del espectro (modificación del artículo 77).
b) Asignación automática de licencia a todos aquellos medios que al momento de la sanción de la ley estén trasmitiendo, y devolución de los equipos decomisados (modificación artículos 101 y 102).
c) Mecanismos diferenciados y específicos para el acceso a licencias y armado del plan técnico.
d) Representantes en la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación y en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (modificación de los artículos 14 y 16)
e) Fondo de promoción y desarrollo destinado específicamente a los medios comunitarios, populares y alternativos (modificación del artículo 85) y exención del pago de los gravámenes del articulo 84.
* Reducción del máximo de licencias permitidas para un mismo operador de 10 a 4, en todo el país (modificación del artículo 38).
Más información:
www.comfer.gov.ar (allí está el proyecto de ley completo)

1/9/09

Una comunicación desde la Base Orcadas

El martes 25 de agosto tuvimos el enorme agrado de comunicarnos en forma directa con Emilio Daher, Guardaparque Nacional, desde la Base Orcadas.

Las Islas Orcadas del Sur constituyen un archipiélago situado a unos 1100 km. al sudeste de la isla de los Estados, casi en el mismo limite norte del Sector Antártico Argentino entre los paralelos 60º y 61º S y los meridianos 44 y 47º W. Se trata de unas 40 islas e islotes pequeños que totalizan una superficie de casi 1000 km. cuadrados.

La distancia que las separa de Usuhaia son nada menos que unos 1500 km y al menos 3 días de viaje en barco. Emilio, junto a su compañero Mariano Spisso, arribaron a principios de año desde el puerto de Mar del Plata tras 11 días de viaje en barco y tienen previsto su regreso al continente en enero de 2010. Todos los años llegan 2 guardaparques a las islas quienes incluso invernan en ellas a pesar de las temperaturas extremas.

Emilio nos envió fotos que retratan las tareas que realizan, la fauna y el paisaje. También nos envió la nota que más abajo copiamos. Durante la charla telefónica nos contó sobre las dificultades a sobrellevar en la estadía en la base pero que no empañan una experiencia única de estar en contacto con un medio tan natural como ese.


Un tema obligado fue el cambio climático. Al respecto Emilio graficó la situación con un par de datos más que alarmantes. El primero, la presencia de temperaturas positivas (que alcanzaron entre 1 y 2 grados) en pleno julio. Y el segundo, la formación de la capa de hielo sobre el mar, que anualmente se forma en marzo, este año se dio recién en agosto.


Guardaparques Nacionales en Antártida

 
Desde los inicios de la exploración antártica, la investigación y la observación de su escasa flora y su peculiar y característica fauna, los diversos aspectos geológicos, meteorológicos y ambientales, estuvo ligada a los objetivos de todas las expediciones de balleneros, loberos y científicos, lo que derivó en la instalación de la mayoría de las bases en el continente.
A partir de 1984 investigadores del Instituto Antártico Argentino (IAA) comenzaron diversos programas de investigación y monitoreo del ecosistema, en el marco de convenios internacionales y de compromisos con la Comisión Internacional del Tratado Antártico. De esta manera se iniciaron los estudios durante todo el año, requiriendo para ello que quienes los realizaran invernaran en la Base.
En 1990, mediante la participación de un guardaparque en el equipo científico de la Base Antártica Orcadas, se dio origen a la incorporación de los mismos a la actividad científica que lleva adelante nuestro país en el Continente Blanco.
Si bien la presencia de los guardaparques nacionales en la Antártida se remonta a las últimas dos décadas, existe una persona que vincula a Parques Nacionales con ese continente: Se trata del Perito Moreno, quien en 1903 alojó en su casa al doctor William Bruce, que regresaba a Buenos Aires en búsqueda de provisiones y de colaboración del gobierno argentino, luego de un viaje de exploración por las Islas Orcadas. En esa ocasión le ofreció al Estado Nacional hacerse cargo del observartorio de la Isla Laurie, siendo fundamental la intervención de Moreno para efectivizar tal hecho.
En 1991 se elaboró , junto con investigadores del Instituto Antártico, un plan de trabajo y un borrador para impulsar un convenio específico que permitiera el envío de guardaparques a las Bases Orcadas, Esperanza y Jubany, el cual fue firmado por ambas instituciones (IAA y APN).
De esta forma, y de manera ininterrumpida desde el año 1991, la Administración de Parques Nacionales realiza la selección de guardaparques que, mediante concurso de antecedentes, participa en las campañas de verano e invernada.
Argentina fue el primer país en enviar sistemáticamente guardaparques a la Antártida, y es el único que destina agentes de conservación a la mayor reserva natural del planeta.
Requisitos
Entre los requisitos que la APN exige a los postulantes figuran: contar con experiencia en navegación y carnet de timonel, tener experiencia comprobada en actividades de montañismo y esquí, además de haber participado anteriormente en proyectos de investigación de campo.
Estas aptitudes, sumadas a una cierta adaptación a lugares aislados, hacen de los guardaparques un personal capacitado y adaptado para los trabajos que desarrollan en el Continente Blanco.
El perfil sicológico de los elegidos se asimila al requerido para personal que trabaja en submarinos y estaciones espaciales.
 
Peculiaridades del trabajo en la Antártida
Como parte de las tareas comunitarias también se realizan actividades de rutina de la Base, tales como guardias de 24 hs para prevenir emergencias, obtener agua para consumo (derritiendo nieve), carga y descarga de provisiones, entre otras.
Además, toda la dotación en conjunto desarrolla la recepción y atención a los turistas que anualmente visitan la Base, donde son guiados por las instalaciones e informados sobre los estudios y trabajos que se efectúan en el lugar.
En qué se trabaja
El Instituto Antártico Argentino desarrolla, a través de los guardaparques, varios estudios biológicos y de geofísica. Están agrupados en tres programas de investigación del área de biología: monitoreo del ecosistema antártico, aves marinas y mamíferos marinos; y dos del área de geofísica: sismología y geodesia.
El trabajo del área biológica consiste básicamente en recolectar muestras en el terreno, y realizar censos sistemáticos de las poblaciones de aves y mamíferos que anualmente arriban al continente.
Con respecto a los trabajos de geofísica, éstos se concentran en actividades de gabinete, consistentes en controlar diariamente el normal funcionamiento de los equipos, y realizar copias de seguridad de los datos.
El análisis de los datos obtenidos sirve para interpretar detalles de la dinámica de la tectónica de placas, que originan los movimientos sísmicos.
El proyecto de geodesia, también relacionado al movimiento de las placas continentales, apunta a medir en forma muy precisa la deriva (por llamarlo de una forma simple) a que está sometida la Isla Laurie y todo el archipiélago de las Orcadas.
Normalmente, la operación de estos equipos no presenta mayores dificultadas, salvo inconvenientes técnicos ocasionados por las rigurosas condiciones ambientales, como el congelamiento del receptor de GPS (sistema satelital) ubicado en el filo del cerro Mossman por temperaturas inferiores a lo habitual, como en el año 2003 que descendió a -32ºC con una sensación térmica de -72ºC, o el sismo de 7,5 puntos en la escala de Richter ocurrido el 4 de agosto del mismo año.
Guardaparques antárticos
Para los agentes de conservación la experiencia en la Base Orcadas es una oportunidad única. Poder estar en contacto con una fauna muy particular, trabajar en condiciones climáticas y ambientales extremas, comprometerse en el marco de proyectos de investigación internacionales y de largo plazo, son algunos aspectos que les permiten acumular conocimientos, destrezas en trabajos de campo y desarrollar aptitudes personales.
Para la Administración de Parques Nacionales esto puede ser capitalizado como un importante medio de capacitación técnica y profesional; además jerarquiza a la Institución debido a la participación en un área protegida de categoría internacional.
Para la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, los guardaparques significan una solución práctica y ventajosa en la realización de trabajos de campo en diversas áreas.
Nuestro país es el único que destina agentes de conservación a la mayor reserva natural del planeta.
De esta manera, se reafirman las bases del Tratado Antártico, cuya meta es mantener la paz, desarrollar la ciencia y proteger el medio ambiente.
Más información en:
http://www.guardaparquesnacionales.blogspot.com/