Nos dejó algunos datos que ilustran la situación y a continuación copiamos su trabajo "Crisis en la Pampa Líquida":
“La flota pesquera Nacional arroja al mar 1.500.000.000 de kgs. mensuales de pescado apto para el consumo humano. A 1 kilo por persona se puede alimentar a 5.000.000 de habitantes, en un país en donde niños comen de tachos de basura o padecen hambre.
De los 17 caladeros del mundo se estima que 9 fueron totalmente devastados por causa de la sobrepesca. De los restantes 4 enfrentan una amenaza equivalente.”
(La Central, Año 1, Nro. 9, Mayo de 2009. Contratapa. Periódico de CTA Pcia. De Bs. As.)
De los 17 caladeros del mundo se estima que 9 fueron totalmente devastados por causa de la sobrepesca. De los restantes 4 enfrentan una amenaza equivalente.”
(La Central, Año 1, Nro. 9, Mayo de 2009. Contratapa. Periódico de CTA Pcia. De Bs. As.)
De dónde venimos y cuánto se pesca
La pesca la Argentina hasta se desarrolló como pesca costera realizada con las conocidas lanchas amarillas de la mano de inmigrantes italianos. Tras la segunda guerra imperialista la llegada de inmigrantes belgas con buques de altura y una nueva tecnología desarrolló la pesca de altura, básicamente de merluza. Pero hasta la década del 90 era un bien secundario. Los argentinos comemos poco pescado o productos del mar en general. Un promedio anual de 6,6 kgs. Por persona que compartimos con los uruguayos y algunos otros vecinos y que sólo sobrepasa al 1,5 kg de Bolivia, que no tiene costa marítima, contra 16 kgs. Anuales por persona que es el promedio mundial.
Desde que empezó a experimentar cierto crecimiento en los años ´60 hasta fines de los años ´90 prevaleció el principio de la “pesca olímpica”: todos podían pescar cuanto pudiesen sin necesidad de un permiso[2]. La ausencia de regulaciones y controles permitió que predominaran en el sector pesquero el empleo en negro, la declaración del volumen de las capturas y la navegación con absoluta libertad. En este escenario los actores privados nunca pensaron en restringir sus capturas, por el contrario, tuvieron incentivos para pescar cuanto pudiesen dado que el recurso parecía inagotable. Y prácticamente lo fue mientras la demanda fue baja y industria se mantuvo subdesarrollada. Pero a a fines de los ´90, ambas crecieron y ante la ausencia de regulación y control comenzó la crisis .
A principios de los años ´90, en el contexto de las reformas, los ajustes y las presiones por aumentar el ingreso de divisas para el pago de la deuda externa, el Estado decidió explotar a fondo los recursos pesqueros, aunque sin un cambio sustantivo en la manera de percibir al mar y a la actividad pesquera. Nuestra necesidad de exportar coincidió con el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 40 por ciento su flota pesquera debido al colapso de sus propias pesquerías y de acceder a nuevos recursos en otras partes del mundo, como una forma de aliviar la presión que sufren los caladeros del hemisferio norte. Así se firmó un Convenio en 1992 y los Acuerdos de Pesca en 1994, a través de los cuales la UE invirtió 1.418 millones de dólares anuales en subsidios para financiar el ingreso de sus buques pesqueros a aguas argentinas a través de joint ventures con empresarios argentinos. Japón pagó 800 millones de dólares. Diversas compañías pesqueras multinacionales, como la española Pescanova o la japonesa Mitsubishi, mantienen operaciones globales con bases en África, Asia, Oceanía y América Latina y se benefician de los acuerdos de pesca que sus países firman con países en desarrollo.
En este contexto la flota de buques pesqueros se incrementó enormemente y se empezó a sentir la depredación y la dificultad creciente para pescar, que los pescadores identifican como la necesidad de ir cada vez más lejos de la costa a buscar el pescado y que las capturas son cada vez menores en volumen y el tamaño promedio de los peces capturados cada vez menor.
Recién en 1997 con la sanción de la Ley de pesca (24.922), que establece Cuotas Individuales de Captura, se tiene el primer instrumento regulatorio que apunta a proteger los caladeros de la sobreexplotación. Pero esta norma llegó en el momento preciso en que las capturas cayeron a en picada debido a que ya se había sobrepasado el nivel de explotación biológicamente sostenible.
La Argentina captura cerca de 1.000.000 de toneladas de pescado y exporta el 60 por ciento de las capturas por valor de 1.000 millones de pesos. La merluza representa el 50 por ciento de los productos pesqueros argentinos. El procesamiento en plantas industriales de tierra es del orden del 30 por ciento, mientras que en los buques factoría se procesa el 70 por ciento restante. A diferencia de países pesqueros como Noruega, Islandia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, la Argentina exporta productos con un bajo nivel de valor agregado y está sujeta a una gran dependencia de los mercados extranjeros.
Es muy importante distinguir los diferentes sectores que existen en esta actividad. Además de los ya mencionados pescadores costeros de las lanchas amarillas están los buques fresqueros, que se dedican a la pesca de altura y traen el pescado enfriado para ser procesado en tierra con mano de obra local. Estas flotas no registraron un incremento muy significativo en sus capturas a lo largo de las últimas décadas. La mayor parte de ese incremento se dio en la flota de buques congeladores y factorías, que poseen mayor capacidad de pesca que los fresqueros y son verdaderas fábricas flotantes, que capturan y procesan, congelan y envasan el pescado a bordo, sin necesidad de volver a tierra, dejándolo listo para enviar al mercado consumidor. El procesamiento adicional cuando es necesario se realiza en el país de destino, donde se le suma valor agregado. El impacto diferencial que tienen estas flotas para las fuentes de trabajo es notorio. Según Roberto Maturana (2006):
“[...] sobre 30 mil toneladas de merluza anual, una planta en tierra obtiene entre 12 y 14 mil toneladas de producto final (incluyendo la harina de pescado y el reciclado de los desperdicios que se utiliza para elaborar pasta de merluza). Esta planta emplea alrededor de 850 trabajadores y con las 30 mil toneladas iniciales, logra exportar entre 21y 25 millones de dólares.
“En cambio, un buque congelador hace con la misma cantidad bruta de pescado, 12 millones de dólares de exportación y ocupa a 100 personas. Los congeladores tienen una capacidad mucho mayor de captura, mientras que la industria fresquera tiene más posibilidades de elaborar productos de mayor valor agregado, empleando una mayor cantidad de mano de obra”.
La flota de buques congeladores pasó de 62 unidades en 1992 a 302 en 1999. Este aumento se explica claramente por los mencionados Acuerdos de 1992 y 1994, que multiplicaron el esfuerzo de pesca. “Entre 1992 y 1997 las capturas realizadas por los fresqueros crecieron 11 por ciento, mientras que las de buques congeladores crecieron 149 por ciento con una cantidad importante de buques congeladores ilegalmente ingresados que triangularon transferencias de permisos” (Maturana, 2006).
Desde que empezó a experimentar cierto crecimiento en los años ´60 hasta fines de los años ´90 prevaleció el principio de la “pesca olímpica”: todos podían pescar cuanto pudiesen sin necesidad de un permiso[2]. La ausencia de regulaciones y controles permitió que predominaran en el sector pesquero el empleo en negro, la declaración del volumen de las capturas y la navegación con absoluta libertad. En este escenario los actores privados nunca pensaron en restringir sus capturas, por el contrario, tuvieron incentivos para pescar cuanto pudiesen dado que el recurso parecía inagotable. Y prácticamente lo fue mientras la demanda fue baja y industria se mantuvo subdesarrollada. Pero a a fines de los ´90, ambas crecieron y ante la ausencia de regulación y control comenzó la crisis .
A principios de los años ´90, en el contexto de las reformas, los ajustes y las presiones por aumentar el ingreso de divisas para el pago de la deuda externa, el Estado decidió explotar a fondo los recursos pesqueros, aunque sin un cambio sustantivo en la manera de percibir al mar y a la actividad pesquera. Nuestra necesidad de exportar coincidió con el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 40 por ciento su flota pesquera debido al colapso de sus propias pesquerías y de acceder a nuevos recursos en otras partes del mundo, como una forma de aliviar la presión que sufren los caladeros del hemisferio norte. Así se firmó un Convenio en 1992 y los Acuerdos de Pesca en 1994, a través de los cuales la UE invirtió 1.418 millones de dólares anuales en subsidios para financiar el ingreso de sus buques pesqueros a aguas argentinas a través de joint ventures con empresarios argentinos. Japón pagó 800 millones de dólares. Diversas compañías pesqueras multinacionales, como la española Pescanova o la japonesa Mitsubishi, mantienen operaciones globales con bases en África, Asia, Oceanía y América Latina y se benefician de los acuerdos de pesca que sus países firman con países en desarrollo.
En este contexto la flota de buques pesqueros se incrementó enormemente y se empezó a sentir la depredación y la dificultad creciente para pescar, que los pescadores identifican como la necesidad de ir cada vez más lejos de la costa a buscar el pescado y que las capturas son cada vez menores en volumen y el tamaño promedio de los peces capturados cada vez menor.
Recién en 1997 con la sanción de la Ley de pesca (24.922), que establece Cuotas Individuales de Captura, se tiene el primer instrumento regulatorio que apunta a proteger los caladeros de la sobreexplotación. Pero esta norma llegó en el momento preciso en que las capturas cayeron a en picada debido a que ya se había sobrepasado el nivel de explotación biológicamente sostenible.
La Argentina captura cerca de 1.000.000 de toneladas de pescado y exporta el 60 por ciento de las capturas por valor de 1.000 millones de pesos. La merluza representa el 50 por ciento de los productos pesqueros argentinos. El procesamiento en plantas industriales de tierra es del orden del 30 por ciento, mientras que en los buques factoría se procesa el 70 por ciento restante. A diferencia de países pesqueros como Noruega, Islandia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, la Argentina exporta productos con un bajo nivel de valor agregado y está sujeta a una gran dependencia de los mercados extranjeros.
Es muy importante distinguir los diferentes sectores que existen en esta actividad. Además de los ya mencionados pescadores costeros de las lanchas amarillas están los buques fresqueros, que se dedican a la pesca de altura y traen el pescado enfriado para ser procesado en tierra con mano de obra local. Estas flotas no registraron un incremento muy significativo en sus capturas a lo largo de las últimas décadas. La mayor parte de ese incremento se dio en la flota de buques congeladores y factorías, que poseen mayor capacidad de pesca que los fresqueros y son verdaderas fábricas flotantes, que capturan y procesan, congelan y envasan el pescado a bordo, sin necesidad de volver a tierra, dejándolo listo para enviar al mercado consumidor. El procesamiento adicional cuando es necesario se realiza en el país de destino, donde se le suma valor agregado. El impacto diferencial que tienen estas flotas para las fuentes de trabajo es notorio. Según Roberto Maturana (2006):
“[...] sobre 30 mil toneladas de merluza anual, una planta en tierra obtiene entre 12 y 14 mil toneladas de producto final (incluyendo la harina de pescado y el reciclado de los desperdicios que se utiliza para elaborar pasta de merluza). Esta planta emplea alrededor de 850 trabajadores y con las 30 mil toneladas iniciales, logra exportar entre 21y 25 millones de dólares.
“En cambio, un buque congelador hace con la misma cantidad bruta de pescado, 12 millones de dólares de exportación y ocupa a 100 personas. Los congeladores tienen una capacidad mucho mayor de captura, mientras que la industria fresquera tiene más posibilidades de elaborar productos de mayor valor agregado, empleando una mayor cantidad de mano de obra”.
La flota de buques congeladores pasó de 62 unidades en 1992 a 302 en 1999. Este aumento se explica claramente por los mencionados Acuerdos de 1992 y 1994, que multiplicaron el esfuerzo de pesca. “Entre 1992 y 1997 las capturas realizadas por los fresqueros crecieron 11 por ciento, mientras que las de buques congeladores crecieron 149 por ciento con una cantidad importante de buques congeladores ilegalmente ingresados que triangularon transferencias de permisos” (Maturana, 2006).
Cómo estamos y cómo se pesca
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INDEP) es un organismo descentralizado del Ministerio de Economía de la Nación, de carácter técnico y consultivo, equivalente al INTA o al INTI para los sectores agropecuario e industrial respectivamente. Su función es la de evaluar el estado de los recursos pesqueros y determinar la Captura Máxima Permisible (CMP), es decir, cuánto se puede pescar sin que se vea amenazada la sustentabilidad del recurso. El poder de decisión y de policía corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Consejo Federal Pesquero. Esos límites han sido permanentemente ignorados, pero los mayores excesos de capturas se dieron a partir de 1995, cuando la captura real superó en un 47 por ciento a la Captura Máxima Permisible. Ese porcentaje fue del 50 por ciento en 1996 y del 48 por ciento en 1997. A partir de esa fecha, la producción ha caído abruptamente como consecuencia de la crisis del caladero.
Según una estimación realizada por el INIDEP en Diciembre de 2006 la magnitud del descarte anual de merluza entre 1986 y 1993, por la flota comercial al sur de los 41ºS varió entre 102 y 312 millones de individuos, lo cual representa entre un 28 y un 32% de la captura total en número. Expresado en peso, los descartes anuales variaron entre las 15.563 y las 46,113 toneladas, lo cual representa entre un 10 y un 13% de la captura total, y registró un incremento progresivo a lo largo del período. El grupo de edad 1 fue el más afectado por el descarte (entre 85 y 88%), mientras que el grupo de edad 2 lo hizo entre el 10 y el 14%. Los grupos de edad 0 y 3 se vieron afectados por el descarte en menos del 1% (INIDEP Doc. Cient. 6 31-38.pdf).
En otro estudio realizado entre agosto y diciembre de 1995 y publicado en el año 2000, en base a la observación de la pesca de merluza en 51 buques congeladores y factorías durante 256 días de navegación, 232 de pesca efectiva, 725 lances de pesca y 2245 horas de arrastre se detectó que:
Existe una gran diferencia entre lo declarado en el parte de pesca y la situación real observada a bordo, constatándose en todos los casos una subdeclaración de entre el 28% y el 38% de la captura efectiva, que en una sola marea puede alcanzar las 1200 ton. También se subdeclaran los rendimientos por unidad de esfuerzo (CPUE) hasta un 32,5% menos y el área cubierta por la actividad de captura (1 solo cuadrado estadístico en vez de los 25 CE observados).
Se usan redes con mallas de aberturas más reducida que la reglamentarias (baja selectividad del arte de pesca) y con sobrecopo.
Se pesca en áreas con alta concentración de individuos juveniles, generalmente colindantes con las áreas de veda o bien dentro de ellas, hecho que no se registra en los partes de pesca). Este hecho, sumado a lo anterior resulta en que los individuos constituyen hasta un 30% de un lance.
Se captura mucho más de lo que se puede procesar (por falta de control de lo que ingresa a la red y de la duración del lance).
Parte del descarte se debe a fallas en las lineas de procesamiento (pescados aplastados)
Otra parte del descarte es provocada por el exceso en la captura que impide el ascenso de la red al barco, por lo que se procede a soltar una parte de la captura que puede llegar a las 30 toneladas por lance. También debido al exceso parte de la captura no cabe en el pozo, por lo cual queda en cubierta expuesto al sol, se descompone en poco tiempo y es descartado. Una permanencia prolongada en el pozo produce el mismo efecto y conduce al descarte masivo.
La captura no se coordina con el procesamiento a bordo. A raíz de ello se puede tener un lance cuando no se ha terminado de procesar el anterior. Esta situación conduce o bien al descarte del remanente del lance anterior, o al descarte completo del nuevo lance o que el nuevo lance se descargue sobre el anterior, produciendo aplastamientos y demoras en el procesamiento de los remanentes que conducen a nuevos descartes masivos (que se cuentan por toneladas) incluso de individuos de talla comercial (mayores de 35 cms.).
Los descartes también dependen del destino comercial de la marea (files, cariocas, etc.), del tipo y estado del equipo de procesamiento, y de la eficiencia operativa de la planta.
(INIDEP INF. TEC. 32.pdf)
La cantidad de gente que podría haberse alimentado con el descarte durante ese año considerando que el promedio de ingesta anual de pescado en la Argentina es de 6,6 Kg/persona
Un informe técnico de marzo del año 2004 realizado por el Proyecto Merluza del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) efectuado sobre el stock sur de merluza (Merluccius hubbsi) que habita al sur del paralelo de 41ºS a principios de ese año, constató una disminución de entre un 13 y un 18% de la biomasa en las clases de edad 2 a 6, lo que hace depender a toda la población de merluza de un sólo grupo de edad (el 1) que no es reproductivo.
Los científicos del organismo pesquero que realizaron el estudio en el que se basa el informe son Héctor D. Cordo (Jefe de Proyecto), Susana I. Bezzi, Claudia Dato, Roberto Castrucci, Pedro Ibañez,Gabriela Irusta, Elena Louge, Marta Renzi, Betina A. Santos, Mario Simonazzi, Leonardo Tringali y Fernanda Villarino.
La pesca de arrastre resulta ser el método menor selectividad. En muchos países está prohibido. En nuestro país, el INIDEP en 1974, dirigió una nota a la Junta Nacional de Carnes, por entonces organismo responsable de la pesca en nuestro país, alertando sobre el carácter depredatorio de este método de pesca, que produce hasta un 40% de juveniles en la captura de un lance y sugirió su prohibición. En 1982 sugirieron una captura máxima permisible de 200.000 toneladas, pero se llegó a capturar hasta 800.000. Hoy día la situación no es muy diferente. Las zonas de vedas, y las capturas máximas permisibles no se respetan. Las artes de pesca reglamentarias no se utilizan. El personal consultado del INIDEP asegura que “no hay manera de aplicar sanciones” y que “el cuerpo de inspectores está totalmente corrupto”.
La falta de control del área de veda durante casi dos años consecutivos, retrotrajo al recurso rápidamente a los años previos a la crisis que justamente llevó a establecer la citada área de veda.
Se denomina "biomasa reproductiva virgen", a los peces juveniles que aún no han desovado una vez y que se conservan como reserva reproductiva año tras año. Los biólogos consideran que, para asegurar la continuidad de la merluza, su biomasa reproductiva virgen no debe ser inferior al 30 por ciento del total de los peces. Sin embargo a principios de 1999, no llegaba al 19%.
Un kg. de juveniles equivale a 90 kgs de adultos, en cantidad de individuos.
La tragedia de los comunes
Un informe técnico de marzo del año 2004 realizado por el Proyecto Merluza del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) efectuado sobre el stock sur de merluza (Merluccius hubbsi) que habita al sur del paralelo de 41ºS a principios de ese año, constató una disminución de entre un 13 y un 18% de la biomasa en las clases de edad 2 a 6, lo que hace depender a toda la población de merluza de un sólo grupo de edad (el 1) que no es reproductivo.
Los científicos del organismo pesquero que realizaron el estudio en el que se basa el informe son Héctor D. Cordo (Jefe de Proyecto), Susana I. Bezzi, Claudia Dato, Roberto Castrucci, Pedro Ibañez,Gabriela Irusta, Elena Louge, Marta Renzi, Betina A. Santos, Mario Simonazzi, Leonardo Tringali y Fernanda Villarino.
La pesca de arrastre resulta ser el método menor selectividad. En muchos países está prohibido. En nuestro país, el INIDEP en 1974, dirigió una nota a la Junta Nacional de Carnes, por entonces organismo responsable de la pesca en nuestro país, alertando sobre el carácter depredatorio de este método de pesca, que produce hasta un 40% de juveniles en la captura de un lance y sugirió su prohibición. En 1982 sugirieron una captura máxima permisible de 200.000 toneladas, pero se llegó a capturar hasta 800.000. Hoy día la situación no es muy diferente. Las zonas de vedas, y las capturas máximas permisibles no se respetan. Las artes de pesca reglamentarias no se utilizan. El personal consultado del INIDEP asegura que “no hay manera de aplicar sanciones” y que “el cuerpo de inspectores está totalmente corrupto”.
La falta de control del área de veda durante casi dos años consecutivos, retrotrajo al recurso rápidamente a los años previos a la crisis que justamente llevó a establecer la citada área de veda.
Se denomina "biomasa reproductiva virgen", a los peces juveniles que aún no han desovado una vez y que se conservan como reserva reproductiva año tras año. Los biólogos consideran que, para asegurar la continuidad de la merluza, su biomasa reproductiva virgen no debe ser inferior al 30 por ciento del total de los peces. Sin embargo a principios de 1999, no llegaba al 19%.
Un kg. de juveniles equivale a 90 kgs de adultos, en cantidad de individuos.
La tragedia de los comunes
“Con un recurso de acceso abierto, no todos los costos serán tenidos en cuenta: cada unidad adicional pescada, en un contexto de depredación, reducirá la capacidad reproductiva propia del recurso e incrementará los costos de búsqueda y captura para otros pescadores (los costos agregados son externos a un pescador individual, que sólo considera sus propios costos y beneficios). Con el tiempo habrá demasiados pescadores en la pesquería. Muchos más de los que la esta puede soportar.
En resumen, la teoría económica explica que los bienes comunes no tenderán a ser excesivamente protegidos porque los incentivos individuales de los actores privados están en conflicto directo con aquellos vinculados a su conservación. Como ningún pescador cree poder prevenir la depredación restringiendo unilateralmente su captura, la pesquería tenderá al colapso a no ser que existan instituciones que contrapesen los incentivos individuales. “
“Los recursos de propiedad común son, por definición, propiedad de todos y responsabilidad de nadie. En este contexto, el papel del Estado como responsable del bienestar general es el único que puede establecer la protección del recurso ”
En nuestro país “La lentitud de la gestión administrativa, el otorgamiento discrecional de permisos, el escaso control del mar y la falta de transparencia fueron los rasgos distintivos de la administración pesquera” (Maturana, 2006).
La escasa importancia que nuestra sociedad “vacunófaga” le otorga al mar o la “Pampa líquida” como gustan decir algunos de los informantes consultados ha permitido que ocurran todas las desprolijidades, abusos e ilícitos que hemos enumerado sin que nadie se entere o se preocupe.
Hacia dónde vamos
Todos estos datos indican que nos encontramos en una situación terminal. De no cambiar el rumbo la Argentina se dirige a un colapso pesquero en un plazo aproximado de 15 o 20 años. Esto es, una situación en la que las poblaciones de las especies comerciales han disminuido tanto que ya no resulta rentable su explotación y por lo tanto las empresas cierran o se reconvierten. Un buque pesquero de altura que pesca merluza tiene un costo de mantenimiento de entre 10 y 20 mil pesos diarios entre combustible, insumos, jornales, alimentos, permisos, etc.
Afortunadamente el colapso se produce antes que la extinción de las especies objetivo. Pero de todos modos significa varios años sin pescar y por lo tanto desempleo masivo entre los pescadores, marineros, estibadores, remolcadores y otros trabajadores portuarios, de los astilleros y de las plantas procesadoras de pescado (envasadores, fileteros, etc.) así como de frigoríficos y todo el sector comercial asociado. Una proporción cercana al 50% de estos trabajadores se desempeñan en cooperativas de trabajo, por lo cual difícilmente cuenten con indemnizaciones de la patronal.
En ciudades portuarias como Mar del Plata y en menor medida Necochea, Bahía Blanca y otras de la Patagonia, esto involucra a una proporción importante de su población y significa mayores conflictos sociales, hambre y miseria.
En los países del primer mundo en los que esto ya ha ocurrido, como Canadá en 1992 con el bacalao. Se pasó de una captura de aproximadamente 200.000 ton en un año a 20.000 al año siguiente y a 200 en el tercero. El gobierno apoyó invirtió dos millones de dólares en subsidios de desempleo para 40.000 desocupados del sector y retiró los barcos. Nada indica que en nuestro país los eventuales damnificados por una crisis del sector pesquero vayan a contar con un apoyo equivalente. De acuerdo a nuestros informantes los colapsos pesqueros tienen la característica de la reacción en cadena: agotado un recurso todos los agentes económicos del sector se vuelcan a la sobreexplotación de otro hasta su agotamiento y así sucesivamente hasta que ya no queda otra alternativa que la quiebra.
Medidas propuestas:
· estricto control del área de veda
· selectividad de las redes de arrastre para evitar la captura innecesaria de ejemplares juveniles por fuera del área de veda, donde también se ha registrado su elevada presencia.
· contar con un programa de observadores financiado en forma estable que permita asegurar una buena cobertura de las flotas que capturan merluza ya sea como especie objetivo o como by-catch
· No emitir más permisos de pesca.
Bibliografía citada
Maturana, Roberto (31/01/2006) Corrupción y depredación del mar argentino. En: Eco-Portal.net. Accedido: 5/06/2009. Disponible online: www.ecoportal.net/content/view/full/56177.
[1] Antropólogo social, JTP de Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología Sociocultural en la Facultad de Cs. Naturales, investigador y becario de la UNLP. Doctorando en Cs. Sociales (FaHCE-UNLP), con estudios de posgrado en Desarrollo Local y Economía Social.
[2] En 1974 se firmó el Tratado del Frente Marítimo del Río de La Plata con Uruguay, por el que se determinó una zona de pesca común para ambos países que, en lo que respecta a la pesca de la merluza beneficia a Uruguay, debido a que sus aguas territoriales son de desove y no pueden ser utilizadas para pesca de esta especie.
Afortunadamente el colapso se produce antes que la extinción de las especies objetivo. Pero de todos modos significa varios años sin pescar y por lo tanto desempleo masivo entre los pescadores, marineros, estibadores, remolcadores y otros trabajadores portuarios, de los astilleros y de las plantas procesadoras de pescado (envasadores, fileteros, etc.) así como de frigoríficos y todo el sector comercial asociado. Una proporción cercana al 50% de estos trabajadores se desempeñan en cooperativas de trabajo, por lo cual difícilmente cuenten con indemnizaciones de la patronal.
En ciudades portuarias como Mar del Plata y en menor medida Necochea, Bahía Blanca y otras de la Patagonia, esto involucra a una proporción importante de su población y significa mayores conflictos sociales, hambre y miseria.
En los países del primer mundo en los que esto ya ha ocurrido, como Canadá en 1992 con el bacalao. Se pasó de una captura de aproximadamente 200.000 ton en un año a 20.000 al año siguiente y a 200 en el tercero. El gobierno apoyó invirtió dos millones de dólares en subsidios de desempleo para 40.000 desocupados del sector y retiró los barcos. Nada indica que en nuestro país los eventuales damnificados por una crisis del sector pesquero vayan a contar con un apoyo equivalente. De acuerdo a nuestros informantes los colapsos pesqueros tienen la característica de la reacción en cadena: agotado un recurso todos los agentes económicos del sector se vuelcan a la sobreexplotación de otro hasta su agotamiento y así sucesivamente hasta que ya no queda otra alternativa que la quiebra.
Medidas propuestas:
· estricto control del área de veda
· selectividad de las redes de arrastre para evitar la captura innecesaria de ejemplares juveniles por fuera del área de veda, donde también se ha registrado su elevada presencia.
· contar con un programa de observadores financiado en forma estable que permita asegurar una buena cobertura de las flotas que capturan merluza ya sea como especie objetivo o como by-catch
· No emitir más permisos de pesca.
Bibliografía citada
Maturana, Roberto (31/01/2006) Corrupción y depredación del mar argentino. En: Eco-Portal.net. Accedido: 5/06/2009. Disponible online: www.ecoportal.net/content/view/full/56177.
[1] Antropólogo social, JTP de Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología Sociocultural en la Facultad de Cs. Naturales, investigador y becario de la UNLP. Doctorando en Cs. Sociales (FaHCE-UNLP), con estudios de posgrado en Desarrollo Local y Economía Social.
[2] En 1974 se firmó el Tratado del Frente Marítimo del Río de La Plata con Uruguay, por el que se determinó una zona de pesca común para ambos países que, en lo que respecta a la pesca de la merluza beneficia a Uruguay, debido a que sus aguas territoriales son de desove y no pueden ser utilizadas para pesca de esta especie.
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