16/12/09

Cerramos el 2009 con brindis en vivo

El martes 15 de diciembre se llevó el último programa del año de Radiografía. Compartimos algunos recuerdos, información sobre la actualidad, sanguchitos, empanadas y vino con amigos y amigas. Además, tuvimos una charla con Lucinda Fernández de Cucaiba del Hospital Pte. Perón de Avellaneda que nos acompañó todo el año.
Agradecemos a Julio Resia, quien dirige AM Tango, la emisora que nos da cabida, a Carolina por su aporte desde los controles, sin olvidarnos de Martín y de Leo.
Les deseamos a todos nuestros oyentes e invitados un buen fin de año y un mejor comienzo para 2010. Probablemente nos estemos reencontrando en marzo nuevamente.


Nacho, Gustavo y Aníbal.

9/12/09

Una buena noticia de fin de año!!! Se aprobó la ordenanza que prohíbe el uso de agroquímicos en las vías del ex Ferrocarril Roca en Avellaneda

En el día de ayer, lunes 7 de diciembre, el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado e impulsado por el Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda, junto con otras organizaciones hermanas, para prohibir el uso de agroquímicos en las tareas de desmalezamiento que se llevan a cabo en la vías y terrenos del ex Ferrocarril Roca, con el consiguiente peligro que eso conlleva para la salud de los habitantes cercanos. Esta presentación no fue azarosa ni caprichosa, sino que se debió a que el propio titular de la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), administradora de la línea antes mencionada, Eduardo Montenegro, reconoció la aplicación de glifosato en los 197 kilómetros que tiene la concesión.
Este logro sirve para reafirmar que la única lucha que se pierde es la que se abandona (o la que no se da). Y que la unidad de las organizaciones del campo popular hace menos difícil el camino.
Agradecemos a todos los compañeros que nos acompañaron e hicieron posible que se votara esta ordenanza. Un especial reconocimiento para el compañero Javier López Martínez, quien en su último día como concejal de la Coalición Cívica presentó el proyecto y logró que sea tratado sobre tablas en la última sesión del año del Concejo. Y al Espacio Oikos, quienes presentaron un proyecto similar en Lanús y colaboraron con la presentación en Avellaneda.
A partir de ahora no hay que bajar los brazos, hay que mantenerse alerta para que se cumpla la norma. Y seguir luchando para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, erradicando de raíz todas las causas de la contaminación ambiental que pone en riesgo nuestras vidas.

FORO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE AVELLANEDA
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PROYECTO DE ORDENANZA

NO USO DE AGROQUIMICOS EN TAREAS DE DESMALEZAMIENTO


Visto:

Que la Constitución Nacional, en su artículo 41, establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.”

Que la Constitución Provincial, en su artículo 28, establece que “En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo...”

Que el Estado Argentino es uno de los firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica elaborado durante “la Cumbre de la Tierra” realizada en Río de Janeiro en 1992; que por lo tanto posee rango de principio constitucional y en la que se consagra:

“” […]
Preámbulo:

“Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”
“Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales” […]
Art. 8
Inc. c) “Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas”. Inc. I) “Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes; hará garantizar su conservación y utilización sostenible”. […]
Art. 14
Inc. a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos […]”
Que la ley nacional 25.675 establece en su artículo 4º el principio de prevención, según el cual “Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”, y el principio precautorio, según el cual, “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.”
Que la ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 1º toma como objeto “la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica”, comprendiendo dentro de esta definición el derecho a la salud de sus habitantes.

Que la ley provincial 11.723 dispone en su artículo 55 inc. f el fomento de uso de métodos alternativos de control de malezas y otras plagas a fin de suplir el empleo de pesticidas y agroquímicos en general.

Que los antecedentes legales citados demuestran la necesidad de regular el uso de productos químicos de la producción agropecuaria para utilizarse en zonas urbanas y/o allí donde su uso podría representar un perjuicio para la vida humana y el medio ambiente.

Que el Decreto 499/91 – Ley 10.699 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, que regula la producción y distribución de agroquímicos y/o plaguicidas, establece sobre Empresas de aplicación terrestre lo siguiente:
”Art. 34º.-Las empresas que se dediquen a la aplicación terrestre de agroquímicos con fines comerciales en el territorio de la provincia de Buenos Aires, deberán dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:
1. Los equipos de aplicación terrestre no podrán circular por centros poblados. En casos de extrema necesidad, podrán hacerlo sin carga, limpios y sin picos pulverizadores.
2. La realización de los tratamientos de control de plagas en el radio urbano deberá contar con autorización del organismo municipal competente y con la receta agronómica correspondiente.”

Que en declaraciones al diario Clarín Zonal Avellaneda-Lanús del 22 de octubre de 2009, el señor Eduardo Montenegro, titular de la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), administradora de la ex línea General Roca, reconoció la aplicación de glifosato en los 197 kilómetros que tiene la línea.

Considerando:

Que el Concejo Deliberante de Vicente López, el Concejo Deliberante de Lanús, y en varios Concejos Deliberantes de otros municipios lindantes se han presentado proyectos similares, sin perjuicio que en varios de ellos los Ejecutivos Municipales hayan iniciado acciones para evitar la utilización de estos agroquímicos.

Que ante la evidencia del uso de estos productos para desmalezar zonas adyacentes a las vías, por las empresas concesionarias del ferrocarril o sus contratistas, en los mencionados municipios se ha avanzado en la reglamentación sobre “uso de agroquímicos en el control biológico de pastizales”.

Que nuestro municipio forma parte de la misma región metropolitana, altamente urbanizada y con la ocurrencia de la misma situación; y que por lo tanto redundaría en una mayor eficacia la adopción de medidas similares con carácter preventivo teniendo presente el resguardo de la salud de la población.

Que en el Partido de Avellaneda se verifica la existencia de una importante superficie ferroviaria, gran parte de ella utilizada como playa de maniobras, por lo cual asume mayor potencial el impacto negativo sobre la población adyacente, en vista de la alta densidad poblacional existente en los bordes de estas trazas.

Que por lo tanto todo uso que se haga dentro de cualquiera de estos predios, de sustancias dañinas para la salud humana impacta de un modo directo sobre la población local y sobre las especies de flora y fauna de interés para conservar, máxime con la utilización de un herbicida de amplio espectro como lo es el glifosato.

Que ante la posibilidad que el uso de agroquímicos por parte de algunas empresas con el fin de desmalezar sus predios, requiere del correspondiente ordenamiento de esta administración.

Que además de lo ya expresado, si en reemplazo de dichos productos, se realizaran las tareas de control de hierbas de modo manual y/o mecánico, esta actividad sería más sustentable ambientalmente y contribuiría a la conservación de numerosos puestos de trabajo.

Que, sin perjuicio de lo expresado y como es sabido, la presencia de vegetación adecuada en grandes superficies garantiza una favorable escorrentía del agua de lluvia mejorando las condiciones de drenaje natural, evitando la sobrecarga del sistema de desagüe pluvial, y asimismo morigera los procesos de lixiviación disminuyendo la contaminación de las aguas subterráneas y la erosión de los suelos por inadecuada evotranspiración, así como también la presencia de vegetación en estos espacios contribuye a la mejor regulación de las condiciones climáticas urbanas, moderando el efecto denominado “isla de calor”, con el consiguiente ahorro de energía.

En consecuencia de lo expuesto, las siguientes organizaciones: Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda, Espacio Oikos-Ecosur, Asociación Civil Ambiente Sur, Foro Regional en Defensa del Río de La Plata y Medio Ambiente, Asociación Civil Vecinos de Villa Corina por un Futuro Mejor, Agrupación Clasista Luis Pons, Agrupación “Del Corazón”, Asamblea de Wilde, Central Popular de Lucha, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Movimiento Libres del Sur, Partido Comunista de los Trabajadores
elevamos a vtra. consideración el presente

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1º- Es objeto de esta Ordenanza asegurar la protección de la salud humana y del medio ambiente, en lo que respecta al uso de agroquímicos en el control biológico de espacios verdes dentro del territorio municipal.

Articulo 2º- Prohíbese la aplicación de agroquímicos para la eliminación de pastizales y otras especies vegetales en todos los predios ubicados en el Partido de Avellaneda, ya sean de dominio público o privado perteneciente al Estado Nacional, Provincial y/o Municipal y/o en predios de dominio privado de uso o acceso público.

Articulo 3º- El Departamento Ejecutivo a través de las secretarias correspondientes elaborara en un plazo de sesenta (60) días a partir de aprobada la presente, el proyecto de régimen de sanciones administrativas y económicas que correspondiere por su incumplimiento, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de ser tratado por este Concejo Deliberante.

Articulo 4º - De forma.

Espacio Oikos-Ecosur: Gustavo Belucci
Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda: Ignacio Sabbatella, Gustavo Robles y Aníbal Benítez
Asociación Civil Ambiente Sur: Silvia Mozeris
Foro Regional en Defensa del Río de La Plata: Natalia Ratcheff
Asociación Civil Vecinos de Villa Corina: Nestor Saracho
Agrupación Clasista Luis Pons: Juan Enriquez
Asamblea de Wilde: Norberto Barolo
Central Popular de Lucha Avellaneda: Alejandro Blandi
Partido Comunista de los Trabajadores: Mariana Bosio y Laura Canosa
Instrumento Electoral para la Unidad Popular: Marcelo Fisicaro
Encuentro por la Democracia y la Equidad: Alberto Fernandez Arsuaga
Movimiento Libres del Sur: Leonardo Urrejola
Agrupación “Del Corazón”: prof Rosa Carmen Folino

2/12/09

Glifosato en el campo y en la ciudad: las amenazas para la salud humana

En el programa del martes 1º de diciembre contamos con una visita de lujo: Andrés Carrasco, investigador de la UBA y del Conicet, quien ha sido de los pocos científicos en denunciar los efectos dañinos e irreversibles para la salud humana que conlleva la utilización del glifosato. En abril de este año, publicó parte del resultado de sus investigaciones en Página 12 y a partir de allí ha sufrido presiones de todo tipo. Si bien su voz está autorizada "científicamente" él mismo se encarga de aclarar que el problema es político y económico ya que está anclado en el modo de producción sojero que inunda nuestro país.
Esto queda de manifiesto cuando el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó en su informe al Congreso Nacional en noviembre pasado que "si el mundo necesita soja, plantaremos soja hasta en las macetas". La expansión de la soja va unida irremediablemente al paquete tecnológico que provee la empresa Monsanto, con el glifosato como herbicida y la variante de soja transgénica RR resistente al mismo.
Las consecuencias para la salud se hacen sentir en las poblaciones aledañas a las plantaciones de soja con la aparición de malformaciones en los recién nacidos y enfermedades cancerígenas. Pese a ello, las empresas concesionarias de ferrocarriles urbanos aplican glifosato indiscriminadamente para desmalezar las vías poniendo en peligro la vida de los vecinos.
El Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda presentó el jueves 26 de noviembre, junto a otras organizaciones, un proyecto de ordenanza para prohibir el uso de agroquímicos en espacios verdes. Estamos impulsando su aprobación antes de la finalización del año dado su carácter urgente.
Para conocer un poco más a Andrés Carrasco, copiamos la entrevista que le hiciera el diario El Argentino.
El Argentino
25 de Noviembre de 2009

El otro caso Carrasco

Andrés carrasco: Embriólogo del CONICET, dice que “confirmó” el riesgo.
Cómo cambió la vida del científico del CONICET que denunció la toxicidad del herbicida del boom de la soja. Críticas, militancia y el rol de Garré y Barañao.
Por Matías Loewy

Las ranas “africanas de uñas” o Xenopus laevis, un insumo habitual para estudios científicos de desarrollo embrionario, salieron de su ostracismo de laboratorio. Y podrían poner en jaque o al menos modificar el modo de producción del principal cultivo de la Argentina. Al menos, eso pretende un grupo de médicos, militantes ambientalistas, campesinos y legisladores, para quienes los embriones de la ignota ranita acaban de aportar información decisiva para frenar o detener las fumigaciones con el plaguicida más usado en el país. “¿Qué más vamos a esperar?”, vociferan. El que prendió la mecha es el médico Andrés Carrasco (63), director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA. A comienzos de año, Carrasco extendió el modelo experimental de Xenopus a la evaluación toxicológica. Y, “por decisión personal y a todo riesgo”, como dice, se dispuso a probar los supuestos efectos nocivos del herbicida que contribuyó a impulsar el boom de la soja en Argentina. La revelación de sus resultados provocaría en los meses siguientes un infierno de acusaciones cruzadas, denuncias de intimidaciones, rechazos oficiales y cuestionamientos profesionales. Y vuelve a poner bajo la lupa las relaciones entre ciencia y sociedad. “Yo sabía que esto iba a afectar intereses”, confiesa el investigador y ex director del CONICET. “Pero no podía quedarme callado”.
La palabra clave de la controversia que agitó la rutina de laboratorio (y la vida) de Carrasco es “glifosato”. Componente activo del producto “Roundup” de Monsanto, mueve un mercado anual de US$ 600 millones. Y se vincula a la aprobación y expansión en el país de la soja transgénica, RR o “Roundup Ready”, que hoy ocupa casi 20 millones de hectáreas. Desde 1996, el consumo local de glifosato creció de 14 millones a casi 200 millones de litros.

Según Monsanto, el producto se comercializa con éxito en más de 140 países desde hace 33 años y está clasificado en la categoría de menor riesgo toxicológico. “Pruebas agudas en ratas muestran que es algo menos tóxico que la sal de mesa y mucho menos tóxico que la aspirina”, enfatiza Pablo Vaquero, director de Asuntos Corporativos de la división Latinoamérica Sur de la compañía, en respuesta a Newsweek.

Carrasco ya no le cree. Asegura que decidió realizar el estudio cuando, un par de años atrás, empezó a escuchar que algunos médicos asociaban el uso extendido del herbicida con el cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. “Hice un clic”, grafica. “Me di cuenta de que tenía un modelo experimental con el que podía ver si el elemento era tóxico o no”. Por su condición de médico, añade, era su obligación meterse en ese tema de tanta importancia social.

Con fondos que el Estado ya asigna a su laboratorio (“si los hubiera pedido especialmente al CONICET, probablemente no me los habrían dado”, alega), el científico bañó e inyectó embriones de Xenopus con glifosato puro y también con la formulación comercial del producto, que incluye otros ingredientes, pero en dosis hasta 5.000 veces menores a las que se emplean para fumigar. Y comprobó que los embriones disminuyeron su largo, así como el tamaño de la zona cefálica y los ojos. También halló problemas en el cierre del tubo neural.

El embriólogo asegura que repitió los experimentos con distintas dosis y también con embriones de pollo, y que las malformaciones fueron consistentes y reproducibles. “Es perfectamente válido inferir que también ocurran en embriones humanos ante el impacto del glifosato”, añade.

No todos están convencidos de lo mismo. Carrasco facilitó los primeros datos de la investigación para una nota de tapa de Página/12, el 13 de abril pasado, y no los presentó en una revista o congreso de la especialidad, como resulta habitual en la comunidad científica. Ese paso es central para la dinámica de producción de la ciencia: implica un primer filtro a la calidad metodológica de la investigación y propicia el acceso de los colegas a todos los detalles de un experimento, con el fin de analizarlo y, eventualmente, replicarlo. La transgresión de Carrasco sigue siendo, no sin razón, el primer elemento del que se agarran los detractores del trabajo para cuestionarlo.

“No puedo opinar sobre el estudio del doctor Carrasco, porque nunca leímos ese trabajo en una publicación científica revisada por pares”, señala a Newsweek Guillermo Cal, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), para quien las denuncias sobre eventuales efectos nocivos del glifosato sobre la salud humana son absurdas y desprovistas de fundamento. El ministro de Ciencia, Lino Barañao, también le salió al cruce. En un congreso en Rosario de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), y aunque no nombró a Carrasco, sostuvo que “comunicar la información preliminar de una investigación científica en un medio masivo es poco ético”. El funcionario alertó también por la aparición de un discurso que “ya no es ecologista, sino que es antitecnológico y anticientífico”. Fue ovacionado.
Sin embargo, Carrasco explica que tuvo buenas razones para violar el canon científico. “No todo lo que se publica está garantizado”, argumenta. “Lo importante es que uno esté seguro, y yo lo estaba. No estamos discutiendo una hipótesis sobre la función de un gen, sino algo de mucho impacto en la sociedad. Y yo sentí que había que decirlo”. El investigador dice que presentó por primera vez los aspectos más técnicos de su estudio en una conferencia en el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, el 5 de noviembre pasado, y asegura que ahora está terminando de redactar el informe definitivo para enviar a un journal.

El problema de fondo, agrega Carrasco, es que experimentos como el suyo no son bien recibidos porque traen malas noticias. Y la comunidad científica —agrega— quiere dar buenas noticias: nuevas tecnologías y productos biomédicos. “La ciencia dejó de estar al servicio de la humanidad para estar al servicio de los intereses. Las grandes instituciones académicas están muy comprometidas con los grandes concentrados de capital. Y la demanda es generar mercancías, no resolver los problemas”, dispara.

En la mañana del sábado 24 de octubre, medio centenar de médicos, ambientalistas, estudiantes y militantes sociales participaban del V Encuentro Nacional del Foro Social de Salud y Medio Ambiente, en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Autoridades y profesores brillaban por su ausencia. En el hall, un par de stands vendían libros de alimentación orgánica y agricultura sustentable. También tarta de membrillo. Todo a pulmón. El día anterior, según el programa, tenían que haber disertado Martín Sabbatella, Hermes Binner, Fernando “Pino” Solanas y Carlos Heller. Pero faltaron, y mandaron en su lugar a asesores. “¡Lo que pasa es que no tienen h… para venir a hablar con nosotros!”, bramó ante el micrófono Hugo Gómez De Maio, cirujano infantil del Hospital de Pediatría de Posadas. “Es una vergüenza. ¡La próxima vez que yo sepa que ellos vienen, el que no va a venir soy yo!”.

Gómez De Maio integra el grupo más activo de médicos del interior del país que, desde hace varios años, vienen denunciando los supuestos problemas de salud que causa la exposición aguda y crónica a agroquímicos, y en particular al glifosato. Afirman que provocan retraso mental, trastornos del crecimiento, leucemias, mielomeningocele, abortos, defectos en la calidad del semen... En cierta forma, se sienten protagonistas de una cruzada contra los grandes intereses y las multinacionales. No se permiten la duda, y su verba es encendida. “Round Up es altamente tóxico y lo usamos como si fuera agua de colonia”, denunció De Maio en el foro. “Si no les ponemos un freno, los plaguicidas van a hacer una civilización argentina de idiotas”.

El segundo expositor de la jornada jugaba de local: era, claro, Carrasco. Desde que su investigación salió a la luz pública, cuenta que empezó a ser invitado a lugares que nunca hubiera antes imaginado. Lo presentan sin medias tintas como “el científico del CONICET que demostró que el glifosato causa malformaciones y afecciones diversas a las personas”. Y él no se encarga de desmentirlo. En los últimos meses, dio charlas sobre su estudio y la relación ciencia-sociedad en foros y encuentros públicos en las facultades de Ciencias Sociales y Agronomía de la UBA, en Rojas, en Mar del Plata, en la Cámara de Diputados de la Nación, en Paraná, en Santa Fe, en La Plata, en Villa General Belgrano...

El médico Jorge Kaczewer, miembro del Grupo de Reflexión Rural y autor del libro “La amenaza transgénica”, dice que ya existía preocupación por el glifosato, “pero con el estudio de Carrasco fue ¡pum!, explotó. Fue la frutilla del postre”. “Es como si Carrasco hubiera producido un efecto dominó”, coincide un asesor de la diputada nacional oficialista Julia Perié, quien, junto a 14 colegas, impulsó en agosto una ley para prohibir la comercialización, uso y aplicación del Roundup (el proyecto se está evaluando en dos comisiones).

Para Carrasco, es conmovedor el “calor humano” de la gente, incluyendo a habitantes de poblados rurales, que lo van a escuchar. “Casi me agradecen que exista. Sienten que por fin hay alguien que se ocupa de estos problemas”, se ufana. También denuncia contratiempos. A las pocas semanas de revelar su investigación en Página/12, cuenta que sufrió actos de intimidación en su laboratorio, cuando tres personas fueron a interpelar a sus colaboradores y pedirles de mal modo el informe de su estudio. Señala que se presentaron como abogados de CASAFE y que se fueron con las manos vacías. Cal, de la cámara, niega el episodio: “Nunca hubo ninguna acción intimidatoria. Buscamos el diálogo sobre una base científica, y respetamos todas las opiniones y personas”.

La abogada santafesina Graciela Gómez, militante contra la fumigación indiscriminada con agroquímicos y directora de la ONG Ecos de Romang, acompañó a Carrasco en sendas excursiones al interior. Cuenta que el 9 de septiembre, cuando Carrasco disertaba en unas jornadas organizadas por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, fue hostigado a la hora de las preguntas por un miembro del auditorio que (según ella) defendía los intereses de los lobbies sojeros. “Él se defendió bien. Pero se quedó mal”, asegura. Dos semanas después, Carrasco tuvo su revancha. Dio otra conferencia en Paraná y cuando terminó, el público lo aplaudió de pie durante dos minutos. “Ahí revivió. Fue maravilloso: se lo merecía”, agrega Gómez.

Según a quién se consulte, Carrasco grafica que todavía hay científicos sensibles que se conmueven ante los problemas de la gente, o es el artífice de una maniobra cargada de intencionalidad política. “Son canalladas”, responde Carrasco. El primer día de julio, y para evitar suspicacias, el científico elevó la renuncia a su cargo como Subsecretario de Innovación Científica del Ministerio de Defensa. Se la aceptaron el día 23. “(Nilda) Garré no tuvo nada que ver con mi estudio”, brama. “La señora ministro ni sabía lo que yo estaba haciendo”. Tampoco se enojó cuando lo supo.
Otro punto central que los críticos cuestionan a Carrasco es la aplicabilidad de sus estudios a la vida real. Y hasta qué punto un análisis con embriones de anfibios puede reemplazar, predecir o aproximarse a los resultados de una investigación epidemiológica rigurosa, que hasta ahora nadie encaró “porque no conviene que se haga”, sugiere Carrasco.

Esos dilemas son habituales en la evaluación de riesgo. La ciencia ofrece un método de acercarse a la verdad, no un veredicto. Y los prejuicios o intereses previos pueden sesgar la valoración de la evidencia. Un documento de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), por caso, interpreta que los métodos y procedimientos utilizados por Carrasco no necesariamente indican riesgo para alguien que no sea un anfibio particular bajo determinadas condiciones experimentales.

Jorge Adámoli, ingeniero agrónomo y profesor de ecología de la UBA, también tiene sus reparos. “El glifosato no fue creado para ser usado en el desarrollo de embriones. ¡Si los expusiéramos a la sal de cocina, al vinagre o a la lavandina, también les podría causar un efecto!”, asegura. “¿Carrasco puede no saberlo?”, pregunta Newsweek. “No. Si no se da cuenta de las limitaciones de su estudio, es que alguna intencionalidad debe tener”. Por su parte, Rodolfo Ávila, profesor de embriología de la Universidad Nacional de Córdoba, enfatiza que ninguna investigación en embriones es concluyente por sí sola si no se lo acompaña de otros estudios complementarios. “A lo sumo puede representar una señal de advertencia, pero no se puede hacer una extrapolación directa a los efectos en seres humanos”, advierte.

Meses atrás, un informe multidisciplinario del CONICET concluyó que no había datos suficientes en la Argentina sobre los efectos del glifosato en la salud humana. Pudo haber sido un golpe de gracia. Pero para Carrasco, el documento es “grave institucionalmente, indignante” porque, entre las referencias bibliográficas, se cita estudios encargados por Monsanto. Y porque uno de los autores que lo firma también tiene vínculos con la multinacional. Respecto a las otras críticas, aduce que son “chicanas baratas”, “escaramuzas dialécticas”, “argumentos que destituyen la seriedad de la ciencia”. Su pecado, argumenta, fue meterse con un desarrollo tecnológico que la mayoría de los científicos defiende en lugar de mirar críticamente, lo cual, de alguna manera, los impermeabiliza frente a cualquier cuestionamiento de buena fe. ¿Es un quijote incomprendido, un provocador o un rebelde equivocado? Quizás eso es lo que menos importa. Kaczewer anticipa que Carrasco va en camino de ser un “paria”, como les pasó a otros científicos que “examinaron las verdades en lugar de transar con el poder”. Carrasco saca entonces pecho, y no se sabe si lo sufre o en realidad lo disfruta: “Yo sé que esto algún día me lo van a facturar. Pero yo me lo banco. Con la ciencia”.

Obreros del Corralón Municipal de Avellaneda se organizan por condiciones dignas de trabajo

El martes 24 de noviembre nos visitó Juan Enriquez, quien además de ser vecino de Villa Corina, trabaja en el Corralón de la Municipalidad de Avellaneda. Juan nos contó sobre las pésimas condiciones laborales (que se llevaron la vida de un compañero) y los magros salarios como parte de la cotidianeidad de los laburantes municipales. Para dar vuelta la historia, han conformado recientemente la Agrupación Clasista "Luis Pons".
Aquí el comunicado que difundieron:
En el mes de Agosto del año 2007, el trabajador municipal Luis Pons tomó su guardia como sereno en el Vivero en medio de una noche lluviosa y fría. Puso a secar su ropa, improvisó un brasero, se quedó dormido por el gas del carbón y nunca más despertó. Ya había solicitado que instalen calefacción en el puesto de guardia.Luego de la muerte de Pons, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), Rubén García, comenzó un enfrentamiento –afiches incluidos- con el entonces Intendente de Avellaneda, Baldomero “Cacho” Alvarez, llegándolo a comparar con el Gobernador Sobisch de la Provincia de Neuquén por la muerte del docente Fuentealba. El STMA resolvió comenzar con la retención de tareas por condiciones de trabajo dignas.En las elecciones de octubre del mismo año, Rubén García fue candidato a Diputado Provincial en la misma lista en la que “Cacho” Álvarez se presentó para renovar la Intendencia. Ambos lograron ser electos, y el STMA dejó de lado el enfrentamiento con el Ejecutivo municipal. Los obreros del corralón continuaron con el reclamo en el lugar de trabajo y ante diferentes instancias administrativas, en medio de presiones y ofertas de mejores condiciones individuales. Una Inspección del Ministerio de Trabajo dictaminó que el lugar no es apto para trabajar.
La aventura de trabajar y no perder la vida en el intento
Actualmente, el grupo de obreros continúa con el reclamo por mejores condiciones de trabajo, ya que creen que en esta medida está en juego su vida y la dignidad de sus familias.“Los obreros que hacen el tomado de junta (la colocación de brea en las grietas de las calles) no tienen protección respiratoria y aspiran el humo de la brea caliente. Julio ‘el perro’ Gloria trabajó en este sector hasta que falleció, se fue descomponiendo poco a poco” comentan los obreros. “A un compañero que estaba recién operado de los testículos lo hicieron trabajar igual y el año pasado otro se cayó del techo del Teatro Roma, no se mató de milagro”.
Las horas extras como método de control social
El básico de los municipales es de $800 siendo el Municipio de Avellaneda el que otorga las horas extras. No cualquier municipal puede acceder a este beneficio. Los obreros cuentan: “Cuando hablamos con otros compañeros nos dicen que tenemos razón, pero tienen miedo que les quiten las horas extras si se prenden al reclamo.”
La inseguridad laboral
Los obreros del corralón conformaron la Agrupación Clasista “Luis Pons”, para seguir organizándose contra la inseguridad laboral sin dejar de lado la recomposición salarial, planteando mínimamente se respete el sueldo mínimo de $1527, establecido por el Consejo del Salario. Este año realizaron una misa por el segundo aniversario del fallecimiento de su compañero Luis. Algunas de las irregularidades en el lugar de trabajo son: las instalaciones eléctricas no poseen disyuntores, no hay matafuegos, el agua no es potable, no hay enfermería en el lugar, los camiones de la Secretaría de Obras Públicas no reciben el mantenimiento adecuado llegándole a fallar los frenos y las gomas están muy gastadas. En el barrio Villa Corina viven una cantidad importante de obreros municipales, como vecinos es natural la preocupación por su situación en el lugar de trabajo.
Contacto Agrupación Clasista “Luis Pons”
Juan Enriquez: (15) 3293-7908
E-mail: 2denov.obraspublicas(a)live.com.ar

16/11/09

Los trabajadores del subte luchan por la democracia sindical

En el último programa, 10 de noviembre, nos comunicamos con uno de los referentes de los delegados de base del subterráneo, Beto Pianelli. Ese mismo día se estaba desarrollando un paro de actividades de 24 horas por el reclamo para que sea inscripto su nuevo sindicato. La lucha, que ya lleva varios años, se vuelve titánica ya que los trabajadores se enfrentan no sólo al gobierno y a Metrovías, sino también a la patota de Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y a la demonización que llevan adelante los medios masivos de comunicación.
A continuación, reproducimos un comunicado del Taller de Estudios Laborales más que claro sobre el conflicto.
Declaración del TEL
EL CONFLICTO DEL SUBTE: ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?

El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acusa a los trabajadores del subte de realizar un paro de actividades perjudicando innecesariamente a los usuarios a pesar de que él los había recibido y solicitado “un poco de paciencia”, argumentando que el motivo de su demora radicaba en “la dificultad para resolver” el pedido de inscripción.
Ahora el Ministerio ha dictado la resolución 1024/08 declarando al transporte subterráneo como servicio esencial y encargando indebidamente a la empresa fijar un mecanismo de aseguramiento de servicios mínimos. Esta declaración es totalmente ilegal y en la práctica significa una virtual derogación del derecho de huelga.
No dice el Ministro que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSP) se constituyó por libre decisión de los trabajadores del subte hace más de un año atrás; que el 5 de septiembre de 2008 inició el trámite de inscripción ante la autoridad administrativa; y que el 3 de noviembre de 2008 la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales emitió dictamen favorable a su inscripción por haberse cumplido en debida forma con todos los pasos y requisitos legales.
Oculta también el ministro que el 28 de noviembre de 2008 (hace ya casi un año) la Secretaria Nacional del Trabajo, Noemí Rial, le elevó el proyecto de resolución de inscripción gremial (fs. 112 del expediente). Que pese a contar con el dictamen técnico legal favorable y con el proyecto de la resolución, no la firmó y retuvo el expediente. Que vencidos todos los plazos legales, en junio de 2009 se presentó un pedido de pronto despacho, y aun así no firmó. Que el 29 de septiembre de 2009 el Juzgado Nacional del Trabajo nº 79 dictó resolución ordenándole que resolviera en el expediente. Que, sin ningún argumento válido, el Ministro apeló esa resolución, estirando innecesariamente la solución del problema. Tampoco dice que el 27 de octubre la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó en todos sus términos la resolución judicial que le ordenaba inscribir al nuevo sindicato del subte.
Si existe dictamen favorable de los propios asesores legales del Ministro; si está el proyecto de resolución de inscripción gremial elevado por la Secretaria de Trabajo, Noemí Rial, desde hace casi un año; si ya se vencieron todos los plazos legales; y se dictaron dos sentencias judiciales ordenando que resuelva; nos preguntamos, ¿por qué, el ministro Tomada no firma la resolución de inscripción gremial del nuevo sindicato del subte y premetro?
El art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece claramente el derecho de formar sindicatos sin autorización previa, con el solo requisito de su inscripción en un registro especial. El Ministerio de Trabajo viola abiertamente la norma constitucional convirtiendo al trámite de inscripción en un mecanismo selectivo por el cual se otorga la inscripción solamente a aquellos que son del agrado político del poder, atropellando los derechos a la libertad y autonomía sindical de los trabajadores, en este caso del subte.
Durante el verano de 2009 casi todos los empleados del Metrovías participaron de una consulta, verificada por escribano publico y la prensa, donde se manifestaron por la creación de un nuevo sindicato propio. Más de 1.600 trabajadores del subte ya están afiliados a la nueva organización sindical, aun antes de que ésta cuente con la inscripción gremial, lo que expresa sin lugar a dudas cual es su voluntad.
No se está discutiendo ahora quien tiene la personería gremial, es decir quien tiene la representación única que establece la ley de los empleados del subte. De lo que ahora se trata es que el Ministerio cumpla sin dilaciones injustificables con su función administrativa de registrar a la nueva organización gremial, trámite que según la ley no puede ser condicionado de ninguna forma.
El Ministro de Trabajo viene incumpliendo con sus deberes de funcionario público al negar la inscripción gremial peticionada, vulnerando así el Convenio 87 OIT, pactos internacionales ratificados por nuestro país e integrados en forma directa a nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional, y hasta la ley 23.551 de asociaciones sindicales.
Pero mientras demoraba ilegalmente la firma de la inscripción, no vaciló en homologar un acuerdo espurio entre directivos de la UTA y la empresa Metrovías, para descontar compulsivamente el 1% de los salarios a todos los trabajadores del subte que se desafiliaron masivamente y pasaron al nuevo sindicato, con destino a las finanzas del sindicato que abandonaron y repudian, en una suerte de burla grotesca y provocadora. La empresa Metrovías, que se llena la boca afirmando que son ajenos al conflicto actual, deberá explicar este acuerdo que demuestra que son socios en este nuevo ataque montado contra los trabajadores.
El Ministro de Trabajo Tomada es el responsable directo del conflicto, el principal causante de los serios problemas de transito en la ciudad, el que ha provocado que un simple trámite de inscripción gremial derive en un conflicto de alcances impredecibles, es el responsable de las amenazas y agresiones sufridas por los trabajadores; y de las molestias y perjuicios sufridos por millones de usuarios del subte.
Y finalmente, sumando nuevos desaciertos, como si fuera ajeno a todo lo que está ocurriendo y no el principal responsable, decide fijar un diagrama de servicios mínimos para asegurar, dice, el transporte a los usuarios. Esto constituye una grosera violación de la ley 25.877 aprobada por este mismo gobierno y anunciada como una recuperación de la legalidad por ajustar, correctamente, nuestra legislación a las normas de la OIT en materia de conflictos en servicios esenciales. El servicio de transporte público subterráneo de pasajeros no es un servicio esencial conforme la definición de la OIT y de la misma ley 25.877, y no se puede incluir porque no se ha constituido aun la Comisión de Garantías que es la única que por ley podría ampliar el listado.
Que nadie se deje confundir sobre esto, los trabajadores, que aguardaron durante mas de un año, que cumplieron con todos los pasos legales, que reclamaron por todos los medios a su alcance y agotaron todas las instancias, no tienen la culpa de los problemas derivados de su ejercicio del derecho constitucional de huelga al que se ven impelidos a recurrir para defender sus derechos ante la mala fe e incumplimiento por parte de las autoridades de sus deberes y obligaciones.
Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos plenamente con los trabajadores del subte y premetro y reclamamos del Ministerio de Trabajo de la Nación la inmediata inscripción gremial de su organización sindical (la AGTSP); la derogación de la resolución que encuadra ilegalmente al transporte subterráneo de pasajeros como servicio esencial; así como la que homologa una arbitraria “cuota solidaria” que constituye un robo al salario de estos trabajadores.
Que el Ministerio de Trabajo cumpla con la ley y así concluya este conflicto, recuperemos la normalidad del transporte de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, y se lleve tranquilidad a las familias y a los usuarios, para que dejen de ser rehenes de las especulaciones políticas del gobierno.
Taller de Estudios Laborales
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009
www.tel.org. ar

Día Mundial de la Diabetes

El sábado último, 14 de noviembre, se conmemoró en todo el mundo el Día de la Diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que la diabetes es una epidemia que afecta a 246 millones de personas en el mundo, y alcanzará a 380 millones en 2025.
Cada diez segundos una persona muere por causas vinculadas con esa patología, según un informe de la Federación Internacional de Diabetes (FID).
En Argentina, se calcula que hay dos millones y medio de personas que tienen diabetes y la mitad no lo sabe.Las entidades de lucha contra la diabetes sostienen que del resto sólo el 30% se trata, muchas veces por no conocer sus derechos para acceder gratuitamente a la medicación, ya sea a través de prepagas, obras sociales u hospitales públicos.

3/11/09

Sequía en Córdoba ¿Racionalización del consumo o cuestionamiento del complejo sojero exportador?

Ante la grave sequía que atraviesa la provincia de Córdoba, nos pareció muy interesante reproducir este comunicado del Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida. En el mismo se desarma el argumento falaz construido por el gobierno, medios y la empresa que brinda el servicio de agua potable que busca responsabilizar el consumo doméstico. Por el contrario, el principal culpable es el complejo sojero exportador que utiliza nada menos que el 75% del agua disponible en la provincia.
Declaración y convocatoria de la CCODAV (Coordinadora de Córdoba en Defensa del Agua y la Vida) integrante de UAC

1) No solo el cambio climático es responsable del colapso hídrico

2) Las denuncias de las sucesivas crisis hídricas en toda la provincia, (CCODAV) condujeron irremediablemente al colapso hídrico en todo el territorio provincial y hoy es una trágica realidad que los gobernantes ocultaron año tras año de ruptura del delicado equilibrio en que se sostenía el sistema hídrico provincial de la región semiárida Córdoba.
A pesar que hace años el diagnostico de stress y crisis continuadas es compartido por técnicos y organizaciones ambientales y sociales, recién cuando no se pudo ocultar la noticia, apareció reconociendo lo que llamaron “crisis hídrica”, el subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Jorge Masih que previas directivas y consultas con la comunicadora Marcela Dávila de la transnacional Aguas Cordobesas , compartieron de endilgar a los cordobeses ser responsables de la crisis hídrica porque “consumen mucha agua”
Como siempre, recurrieron al disparatado y falaz argumento de culpabilizar a cada cordobés, acusándonos de consumir 400 lts, por día, que en la provincia significa la friolera de 1.288 millones de litros/día y a nivel de la capital 640 millones de litros/día y para culpabilizarnos, adicionaron el tramposo argumento que la Organización Mundial de la Salud fija solo 200 litros habitante/día, o sea que además de violar normas internacionales, los cordobeses ya nos tomamos toda el agua y la de generaciones futuras en 4 días, lo que no se dice es que mas del 75 % del consumo se lo llevan las 5,7 millones de hectáreas del complejo agro industrial exportador sembradas con monocultivo de soja transgénica en la provincia de Córdoba. Durante la campaña 2009/2010 (proyecciones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos) el consumo humano debería ser solo el 5% del total del agua disponible, situación negada a los habitantes del Norte Cordobés, Punilla, Sierras Chicas y los pobres de la ciudad desde hace años, a pesar de los declamados programas “aguas para todos” profusamente difundidos en cada campaña electoral, que terminan casi siempre en pozos de aguas con arsénico u otros contaminante y escándalos relacionados con corrupción.

Estos argumentos solo sirven para ocultar las responsabilidades del gobierno y su modelo criminal en el colapso hídrico que reconoce entre otros:

• La privatización y el desguace de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias, para favorecer en la capital el ingreso de la transnacional Suez-Roggio (Aguas Cordobesas) desde hace 12 años, con el abandono total del interior provincial en un desquiciado sistema de cooperativas, municipios, aguateros o pozos de agua. Esta empresa privada y monopólica solo estuvo preocupada por sus macroganancias sin realizar inversiones, y en lo que va desde el 2008 a la fecha, aumento las tarifas un 60% a través de 5 tarifazos.

• El “complejo agroalimentario” como gusta de llamar el gobernador a los especuladores y exportadores del monocultivo de soja transgénica, quienes devastaron el bosque nativo en un 96% y lo convirtieron en desiertos incapaces de retener el agua agravada por la contaminación que producen sus paquetes tecnológicos de agrotóxicos.

• La expansión inmobiliaria donde se vuelcan las regalías sojeras que han desertificado la provincia y secado las cuencas, contaminando ríos, arroyos y acuíferos.

Masih, tampoco se privó de “llevar tranquilidad” sobre las reservas de agua de la Capital, explicando que el dique San Roque que comenzó a operar en 1944, cuando la población de Córdoba era de 380 mil personas y que hoy abastece a más de 900.000 habitantes de la zona norte y gran Córdoba, todavía “aguanta un tiempito más”, ocultando que se encuentra en el record histórico de 6,69 metros bajo el vertedero, sin contar con la sedimentación del fondo, lo que reduce todavía más su capacidad de embalse. Tampoco mencionó la segura y abundante floración de algas que liberarán sustancias tóxicas (con olor a gamexane) en los meses de noviembre, diciembre y enero.
Sobre el dique Los Molinos, que abastece a la zona sur de la ciudad, con 360.000 habitantes, señaló que “no tiene problemas”. Lo que omitió fue referirse a la calidad del agua contaminada con agrotóxicos en los 64 kilómetros de canal a cielo abierto, sometido en este momento -época de siembra- a un diluvio de agrotóxicos, contaminación criminal que fue motivo de una denuncia penal por envenenamiento por parte de numerosos vecinos de la zona sur de la capital agrupados en la CCODAV y permanece cajoneada en la fiscalía anticorrupció n (Amayusco) desde julio de este año.
Lo que no pudo ocultar el subsecretario, es la tremenda crisis hídrica en las Sierras Chicas (50 mil habitantes): Río Ceballos, Salsipuedes, Unquillo y Mendiolaza, abastecidas por el Dique La Quebrada, que se encuentra a 10,23 metros por debajo de su capacidad máxima de embalse de 34 metros .
El intendente de Salsipuedes declaró graves sequías en los pozos de captación, pero a pesar de ello hace poco otorgó la factibilidad de un megaproyecto inmobiliario a Bugliotti, del grupo financiero Dinosaurio, que requerirá de miles y miles de litros de agua.
Cruz del eje, y en las localidades de Punilla: Cosquin, Bialet Mase, Tanti, Carlos Paz y otras la situación es desesperante, ya en muchas de ellas se han implementado cortes horarios y camiones aguateros tratan de paliar la situación.
Pero la tragedia de los 1800 habitantes de Rayo Cortado patentiza las mentiras y el abandono del estado, un cartel de la campaña “Agua Para Todos” es el testigo de pozos que se secaron y personas que solo tienen agua a 20 kmts. de allí.
El gobernador Schiaretti no perdió el tiempo y se involucró de lleno en la crisis hídrica con las propuestas de trasvasamientos de cuencas a pesar del fracasado acueducto contra natura de Calera – Rio Ceballos casi terminado, pero con la fuente de agua a punto de colapsar (dique San Roque) y reflotó su viejo proyecto del acueducto Paraná – Córdoba que deberá salvar 400km. desde Santa Fe y elevar el agua a una altura superior a los 300 ms. con un formidable costo energético pero que seguramente terminará para riego de su querido sector agroalimentario como gusta de llamar a los especuladores sojeros y como plan B, prevée un acueducto desde el río Dulce, que también atraviesa una región sojera escasa de agua.
El agua no es una mercancía para comerciar, es un derecho humano y de todos los seres vivos. Pocas alternativas son posibles ante este cuadro de tragedia e indolencia de gobernantes y especuladores, por lo que es indispensable detener la sangría del modelo y establecer un plan de ordenamiento territorial con participación popular y una ley de bosques que prohíba la deforestación y ordene la reforestación ampliada del bosque nativo por un periodo suficiente para permitir la recuperación natural de las cuencas y ecosistemas.
¿Qué podemos hacer para ahorrar agua? no usar el inodoro, no lavarnos los dientes o bañarnos menos – NO: declarar nuestro alerta rojo y participar, organizarnos, luchar y movilizarnos para así recuperar y crear una empresa estatal e integral de agua y saneamiento, pública y comunitaria, bajo control y gestión de usuarios y trabajadores.
Convocamos a Todas la Organizaciones y vecinos a una asamblea,. en el Salón Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos 450 para establecer un plan de lucha conjunto el día martes 3 de noviembre a las 20.hs

Glifosato en las vías del FFCC Roca

En el programa del martes 3 de noviembre tuvimos la visita de Vicente Piccirillo, miembro de la ONG Oikos. Esta organización, junto a otras, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Lanús estableciendo la prohibición del uso de agroquímicos en todo el partido. La iniciativa surgió a raíz de que la concesionaria UGOFE (integrada por TBA, Metrovías y Ferrovías), que maneja la línea FFCC Roca, utiliza glifosato para desmalezar el tendido ferroviario.
La misma empresa reconoció públicamente que lo aplica a lo largo de los 197 km de tendido en toda la zona sur del Gran Buenos Aires. El glifosato es un herbicida muy potente que se constituyó en uno de los vértices del modelo sojero. Fue en los noventa que la transnacional Monsanto introdujo el paquete tecnológico compuesto por el glifosato y las semillas de soja RR, variedad transgénica resistente al primero. Según denuncias de pobladores aledaños a las plantaciones fumigadas, este agroquímico ha traído serias consecuencias para la salud humana e incluso ha sido confirmado por investigadores del Conicet como Andrés Carrasco.
A pesar de tales antecedentes, UGOFE no ha tenido empacho en fumigar las vías con este compuesto poniendo en peligro la salud de los vecinos. El criterio de la empresa no es otro que el económico: la fumigación con glifosato ahorra mano de obra en la tarea de desmalezamiento que se realizaba manualmente.
La semana pasada el Concejo Deliberante de Lanús aprobó por unanimidad la ordenanza. Ahora se espera que suceda lo mismo en otros municipios tales como Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. En Avellaneda, el Foro de Salud y Medioambiente ya se encuentra trabajando en la presentación del proyecto junto a Oikos. Convocamos a otras organizaciones y vecinos que se sumen a a la iniciativa.

29/10/09

¿Qué oculta la ley Filmus de Glaciares?

En el programa del 27 de octubre también dialogamos con Adriana, miembro de la ONG Conciencia Solidaria, quienes están llevando adelante una incansable campaña de difusión para la protección de nuestros glaciares. La semana anterior, el Senado de la Nación le dio media sanción a la nueva ley de glaciares, que lleva la firma de Daniel Filmus y que vendría a "mejorar" aquella ley de 2008 vetada por la presidenta Cristina Fernández. Aquel acontecimiento se conoció como el "Veto Barrick Gold" ya que quedaba en evidencia la presión que habían ejercido las empresas mineras que tienen intereses sobre los glaciares cordilleranos.
No por casualidad, la nueva ley cuenta con el beneplácito de la familia Gioja y el guiño cómplice de las mineras. A continuación reproducimos el comunicado que Conciencia Solidaria emitió, donde se exponen las trampitas que tiene la ley.



COMUNICADO DE PRENSA
23 de Octubre de 2009

Hoy Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial, presentó una carta a los Senadores y Diputados de la Nación, firmada además por científicos y profesionales: el Dr. Carlos Adolfo Seara, la Prof. Mirta Beatriz Leguizamón, la Investigadora Elsa Bruzzone, la Dra. Elida Beatriz Hermida, la Dra. Hilda María Herzer, la Lic. Norma Giarracca, José Jorge Aldecoa, Ambientalista y Economista y el Dr. Héctor Sejenovich; en defensa de la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial, vetada por el Ejecutivo en noviembre del 2008.
Se declara la necesidad de ratificar el Proyecto de ley 26 418 - el 8 de Noviembre vence su plazo para la ratificación- o bien impulsar un proyecto de ley de igual espíritu y letra a la ley vetada. Alertando y denunciando sobre las graves falencias del proyecto de ley presentado por el Senador Filmus, el cual el miércoles 21 de octubre ha obtenido media sanción en senado.
Con la colaboración de científicos y abogados se vislumbraron grandes deficiencias en el Proyecto de ley presentado por el senador Filmus, que podrían generar baches jurídicos inaceptables. Se alerta en la carta a nuestros representantes que “hay que dejar en claro estas cuestiones para que luego, no resulte ser una ley que no termine protegiendo lo que intenta.”
“En primer lugar, no entendemos por qué la ley 26 418, votada por mayoría en ambas Cámaras, fue tildada de ley anti-minera, siendo que impediría cualquier actividad que impacte sobre los glaciares y el ambiente periglacial (…) Suponemos que tomó ese estado cuando empresas que no podían realizar actividades por las restricciones que la ley imponía, comenzaron a hacer un fuerte lobby político aunque pese a todo, no han podido obtener la licencia social para operar.
Es importante recalcar que las leyes están para ser cumplidas y no se basan en persecuciones a personas o empresas sino a la protección de la soberanía de la Nación y el efectivo ejercicio de los derechos que día a día intentamos construir.
Es fundamental para que esto sea serio, sean escuchadas todas las partes. En muchas provincias no hay libertad de expresión, se judicializan reclamos sociales, existen amenazas directas e indirectas, se compran voluntades. Esto es de público conocimiento en medios como internet, donde afortunadamente no existe la censura y se puede acceder a las realidades de nuestros coetáneos.
Como bien dice el art. 41 de nuestra Constitución Nacional hay tres puntos fundamentales que deben tenerse siempre presentes: el principio preventivo, el principio precautorio y el principio inter-generacional.
En este artículo no se prohíben actividades, pero sí se exigen los presupuestos mínimos para la protección de los bienes comunes de la Nación.
(…) Sin dudas los glaciares, el ambiente periglacial y los ríos de alta montaña son recursos fundamentales para el desarrollo y la vida de los ciudadanos argentinos. Y deben ser preservados de manera férrea. Con una ley soberana, eficiente y con visión a largo plazo.”

El agua y la Vida no se negocian

www.glaciaresnosetocan.com.ar
Conciencia Solidaria - Ong Interprovincial

………………..o………………….

Buenos Aires, octubre de 2009

Honorable Senado de la Nación
S_______/________D

Le escribimos por nuestra preocupación acerca del expediente S-2200-09 del Senador Daniel Filmus cuyo título es idéntico a la ley 26.418 vetada por la Sra. Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
No vamos a extendernos en las razones del veto, ya que es de público conocimiento las causas del mismo y cómo votaron los diferentes bloques durante la sanción, sin embargo la posible insistencia sobre esta ha quedado en el olvido.
En esta carta intentaremos señalar algunos puntos que creemos se necesitan clarificar acerca del proyecto del Senador Filmus.
En primer lugar, no entendemos por qué la ley 26 418, votada por mayoría en ambas Cámaras, fue tildada de ley anti-minera, siendo que impediría cualquier actividad que impacte sobre los glaciares y el ambiente periglacial vislumbrando la necesidad de proteger aquellos ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. Suponemos que tomó ese estado cuando empresas que no podían realizar actividades por las restricciones que la ley imponía, comenzaron a hacer un fuerte lobby político aunque pese a todo, no han podido obtener la licencia social para operar.
Es importante recalcar que las leyes están para ser cumplidas y no se basan en persecuciones a personas o empresas sino a la protección de la soberanía de la Nación y el efectivo ejercicio de los derechos que día a día intentamos construir.
Es fundamental para que esto sea serio, sean escuchadas todas las partes. En muchas provincias no hay libertad de expresión, se judicializan reclamos sociales, existen amenazas directas e indirectas, se compran voluntades. Esto es de público conocimiento en medios como internet, donde afortunadamente no existe la censura y se puede acceder a las realidades de nuestros coetáneos.
Como bien dice el art. 411 de nuestra Constitución Nacional hay tres puntos fundamentales que deben tenerse siempre presentes: el principio preventivo, el principio precautorio y el principio inter-generacional.
En este artículo no se prohíben actividades, pero sí se exigen los presupuestos mínimos para la protección de los bienes comunes de la Nación.
Como usted sabrá, vivimos en un mundo en crisis ambiental. Son innegables ya los efectos del calentamiento global. La raza humana está sometida a un flagelo que ella misma ha producido. Los líderes del mundo, desde las primeras Conferencias de las Partes (COP) han intentado llegar a acuerdos que no han tenido la repercusión necesaria frente a la gravedad del problema.
A fin de este año, se intentará lograr un acuerdo en la COP 15 en Copenhague. Hasta hace poco se tenía como límite de impacto del calentamiento global una concentración de 450ppm de CO2 en la atmósfera; el IPCC2 lo ha cambiado recientemente a 350ppm ya que los escenarios están siendo peores que los estimados. Hoy la atmósfera está por arriba de esa cifra, se estima que tiene 390ppm de CO2.
El calentamiento global es un factor muy importante en la retracción de nuestro ambiente glaciar y periglacial. Un ambiente que contiene el 70% del agua potable de la Argentina. Protegerlo debe ser una Cuestión de Estado ya que el agua pura, se está convirtiendo en un bien escaso para la humanidad, como ya sucede en varias partes del mundo.
Si a esto sumamos la acción directa sobre ellos por actividades productivas, la retracción será aún mayor. En Perú ya están sufriendo la acelerada retracción de glaciares cordilleranos por emprendimientos situados en la zona Andina.
Por eso es necesaria una ley que proteja realmente en forma íntegra estos valiosos ecosistemas. Los ambientes glaciares y periglaciales son fundamentales para el desarrollo de nuestra Nación y la continuidad de la vida.
La Cordillera tiene un activo económico fundamental, y es el agua. Sin agua, no hay emprendimiento productivo que sea posible. Sin agua no hay vida. Es por eso que debe considerarse, en este contexto en que vivimos, como un bien estratégico y protegerlo, una Cuestión de Estado.
La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), ha abierto una unidad especial de Cambio Climático y Seguridad Nacional3. Más recientemente ha paralizado actividades mineras en Los Apalaches por la contaminación del agua. Estos no son datos menores.
En un reciente artículo publicado en la CNN, el periodista Carlos Miguel Barber Kuri ha publicado una nota titulada "El agua podría ser un gran negocio"4, da como opinión que el agua no tiene precio, pero su acumulación, resguardo y traslado sí; ésta podría ser el recurso que impulse la economía de toda una nación, sabiéndolo utilizar, indicó.
Todo lo enumerado tiene un factor común, como Nación, es fundamental evaluar estratégicamente a que le vamos a dar prioridad. Sin dudas los glaciares, el ambiente periglacial y los ríos de alta montaña son recursos fundamentales para el desarrollo y la vida de los ciudadanos argentinos. Y debe ser preservado de manera férrea. Con una ley soberana, eficiente y con visión a largo plazo.

El expediente S-2200-09

Centrándonos en el tema en cuestión vemos observancias que hemos tomado de abogados y científicos. Estas observaciones indican grandes deficiencias en la ley, que podrían generar baches jurídicos inaceptables.
Por eso, hay que dejar en claro estas cuestiones para que luego, no resulte ser una ley que no termine protegiendo lo que intenta.
Hay tres artículos débiles en esta ley: el artículo 2, 6 y 15.
Observaciones al Artículo 2º: Debería ser un artículo sin tantos tecnicismos ya que eso perfectamente puede ser establecido en su reglamentación. El artículo 2 debe asegurar la protección íntegra del ambiente glaciar y periglacial y sus cuencas hídricas asociadas.
La ley vetada contenía un artículo mucho más claro en este sentido y amplio, a saber:
"Ley 26.418 - ARTICULO 2º.‐ Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de la nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico."
No existen zonas grises o poco definidas. Los ambientes glaciares y periglaciales pueden ser correctamente delimitados. Por eso, es fundamental que antes de iniciar cualquier actividad productiva, el Estado garantice la provisión de los recursos necesarios para la constitución de un inventario de glaciares, que deberá completarse antes del comienzo de cualquier actividad productiva que pueda alterar el ecosistema.
Esto es fundamental ya que si no sabemos qué tenemos, ¿cómo lo vamos a proteger? ¿qué parámetros vamos a tener luego para medir los impactos realizados por las actividades productivas?
Por otra parte la Ley 26.418 establece claramente las necesidades de un inventario amplio que contempla los glaciares y ambientes periglaciales incluyendo el permafrost, mientras que en el proyecto S-2200-09 dicho inventario quedaría restringido exclusivamente a los glaciares, ya que el ambiente periglacial se reduce por definición al glaciar de roca o litoglaciar que, con ser una formación típica de esa zona periglacial, no es la única que debe tomarse en consideración.
Observaciones al Artículo 6º: se hace omisión al ambiente periglacial, por lo tanto, éste queda sin protección alguna en todas las actividades mencionadas. Este ambiente es de suma importancia por la cantidad de hielo que contiene (permafrost) y su capa activa (que deshiela en verano y se congela en invierno) que funciona como regulador del recurso hídrico.
Observaciones al Artículo 15º: Aquí se dilata innecesariamente y sin fecha cierta el control de las actividades que pueden ser perjudiciales. Es sabido que finalizar el inventario de una jurisdicción es un tema que puede demandar años conforme a las dificultades de accesibilidad. Por tanto el control referido a la adecuación de los emprendimientos existentes a la ley y su no interferencia con los glaciares debe ser inmediato. Recordamos que ese control es una obligación permanente de cada jurisdicción, pues no se pueden otorgar permisos de explotación sin ninguna verificación posterior. En los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizados por cada jurisdicción deben constar las características del terreno y los bienes sociales que serían afectados; de no ser así, la jurisdicción debe realizar los EIA independientemente de la realización de todo el inventario provincial.
La auditoria ambiental debe realizarse en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley. Esto es fundamental para ver en qué situación está el ecosistema, cuáles han sido los impactos producidos por la actividad en dicho ambiente y establecer si puede continuar, modificarse o cesar definitivamente sus operaciones.
Tenemos la experiencia del emprendimiento YMAD Bajo la Alumbrera, que además de la grave contaminación que está produciendo - con un juicio en curso por este hecho al Vicepresidente de la empresa William Rooney- por el volcado de tóxicos del canal DP2 al río Salí Dulce, así como las constantes roturas del mineraloducto, también se suma el problema económico que está sucediendo en las comunidades cercanas como Andalgalá que se declaró en emergencia económica en una zona donde se viene escuchando que estos emprendimientos tienen un impacto bajo ambiental y social y son fuente de desarrollo para las economías locales.
Otro de los proyectos polémicos, es el de la compañía Xstrata Copper en Minera Los Pelambres, Chile (Proyecto El Pachón del lado Argentino) allí, un informe5 de la Universidad de Waterloo (Canadá) dice expresamente: "En el caso de las regiones montañosas áridas y semiáridas, la importancia de los glaciares rocosos es significativamente mayor al constituir reservorios de aguas, que controlan la escorrentía superficial de los ríos de montaña, especialmente durante los meses secos." y afirma "Minera Los Pelambres ha intervenido glaciares rocosos con un equivalente de agua de 1.89 – 2.84 millones de metros cúbicos entre los años 2000 y 2006."
"En el Proyecto El Pachón, los recursos mineros metalíferos se localizan en el ambiente glacial de alta cordillera mientras que la ocupación humana del territorio tiene lugar en el oasis productivo del Valle de Calingasta, aguas abajo. Por tanto, sostenemos a modo de hipótesis que los impactos ambientales que involucran grandes movimientos de suelo, uso de importantes caudales de agua, la construcción de obras civiles, etc., localizados en cordillera afectarán no solo al ecosistema inmediato del proyecto minero sino que sus efectos en el territorio, esto es en lo natural, social, cultural y económico, se expandirán hasta el oasis de Calingasta y quizás hasta el oasis del Valle de Tulum, al comprometer a la cuenca del Rio San Juan."6
Eso debería estar presente en la evaluación de una ley, porque son casos concreto y reales de lo que hay que evitar en emprendimientos futuros.
Lamentablemente todavía no tenemos las garantías necesarias de que eso suceda desde el Poder Legislativo. Por lo tanto pedimos que se vuelva al proyecto de ley 26.418 vetado por el Poder Ejecutivo Nacional o un proyecto de igual espíritu y letra, como el expediente 6769-D-2008, presentado por el Diputado Miguel Bonasso.

Conclusiones: Estas observaciones dejan al descubierto las falencias de este proyecto de ley. Debería tenerse muy en cuenta entonces si es pertinente darle el curso tan apresurado que está teniendo, revisarlo o descartarlo y volver al proyecto inicial, que si bien es perfectible, es mucho más completo que todos los proyectos que se han venido presentando luego del veto.
Las consecuencias del daño ambiental y social ya son sabidas. Tenemos un emprendimiento que lo ha demostrado. Pareciera que no hemos aprendido nada entonces. La provincia de Catamarca no se ha beneficiado con el proyecto YMAD Bajo la Alumbrera, sino todo lo contario: tiene un pasivo ambiental muy grande, ha contaminado aguas interjurisdiccionales, existen causas abiertas por contaminación, el consumo de electricidad de este emprendimiento ha generado un aumento del costo de vida en la población, lo mismo que la escasez de agua que sufren los pobladores, aumentaron los casos de algunas enfermedades y las actividades productivas de la provincia no han mejorado.
Es claro que aquí hay que comenzar a plantearse qué modelo de País esperamos todos, y como representante usted debe tenerlo muy presente a la hora de tomar una decisión.
No podemos seguir teniendo políticas a corto plazo que afecten luego, los derechos de las futuras generaciones. Se necesitan decisiones serias, comprometidas y valientes.
Esperamos que la conciencia, la ética y la razón lo acompañen en el análisis de este proyecto de ley, y que su acción contribuya a proteger los intereses de la República Argentina y de todos sus ciudadanos.
Le enviamos un cordial saludo en paz,

Cristina Martín, Presidente
Conciencia Solidaria
ONG Interprovincial

Prof. Mirta Beatriz Leguizamón D.N.I. 16.905.360
Dr. Héctor Sejenovich L.E. 5.819.295
Diputada (mc) Marta Maffei
Prof. Elsa Bruzzone, Investigadora
Dra. Hilda María Herzer
José Jorge Aldecoa, Ambientalista
Dra. Elida Beatriz Hermida , Física
Norma Giarracca, UBAL.C. 5.012.016
Dr. Carlos Adolfo Seara, Geólogo L.E. 6.502.20

1 Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
2 Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC)
3 CIA Opens Center on Climate Change and National Security, September 25, 2009, Press Release. https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/center-on-climate-change-and-national-security.html
4 http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/09/23/el-agua-como-un-gran-negocio
5 Guillermo Azócar, Alexander Brenning, Interventions in rock glaciers in the Los Pelambres mine, Coquimbo region, Chile, Technical Report, Department of Geography and Environmental Management, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, October 2008.
6 Arq. Elena Taber, Mag. Lic. Griselda Henriquez, Dra. Arq. Graciela Nozica, Los riesgos que imponen las nuevas activdades mineras de escala en San Juan, Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Encuentro del Espacio Intercuencas en Bernal

El martes 27 de octubre charlamos telefónicamente con Nieves Baldaccini, integrante del Foro de Asambleas por el Plan Urbano Ambiental, organización que será anfitriona del próximo encuentro del Espacio Intercuencas. Aquí copiamos la gacetilla de difusión.

XI ENCUENTRO ESPACIO INTERCUENCAS RRR
En Defensa de la selva ribereña y Río de La Plata
Sábado 31 de octubre en Bernal-Quilmes

El día sábado 31 de octubre se realizará en la localidad de Quilmes el XI Encuentro Intercuencas RRR. El Foro de Asambleas por el Plan Urbano Ambiental será Anfitrión. El mismo se desarrollará en la RIVERA DE BERNAL (Calle Espora y la Costa del Río de Bernal)
EN CASO DE LLUVIA NO SE SUSPENDE EL XI ENCUENTRO ESPACIO INTERCUENCAS RRR - se realizará en la Sociedad de Fomento Villa Alsira calle Lago Aluminé Nro.732 entre Tacuarí y Ramella.

ACTIVIDADES DE LA JORNADA
09.00 HS: CONVOCATORIA (Caseros y Espora)
09.30 HS: CAMINATA A LA SELVA MARGINAL
11.00 HS: VISITA A LA COSTA
12.00 HS: ALMUERZO A LA CANASTA
13.00 HS: INICIO DEL ENCUENTRO (Espora y Rivera de Bernal)

PROGRAMA
13:00 hs.: Acreditaciones. Inicio de la Jornada. Bienvenida y Presentación del Encuentro. COMPONENTES:
1) SANEAMIENTO CUENCAS: ACTUALIZACIÓN DE INFORMES SOBRE PLANES DE OBRAS HIDRICAS Y SANITARIAS EN ACUMAR, COMIREC, Y MUNICIPIOS COSTEROS (Río de la Plata )
2) ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DEFENSA Y PROTECCION DE LOS HUMEDALESInforme de situación respecto a las diversas iniciativas de privatización de la ribera y emprendimientos inmobiliarios: Delta (Colony Park) Avellaneda-Quilmes (Nueva Costa del Plata, Nuevo Quilmes). Instalación proyectada de plantas de tratamiento, vertederos y /o basurales sobre humedales: Sistema de Lagunas de Rocha y Santa Catalina-
3) CEAMSE Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Estado de situación sobre la renegociación de contratos. Iniciativas y amenazas en los distritos del conurbano; Plantas de Transferencia, Rellenos “sanitarios”.
4) SALUD-EDUCACION
Estado de situación de los factores medio ambientales que afectan la salud. Modalidades para divulgar y llevar las propuestas del Espacio a la educación.
5) TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y RECONVERSION DE INDUSTRIAS
Respuestas a los pedidos de Mapeo de vuelcos de efluentes industriales, para elaborar mapa visible y público.
6) PROPUESTAS DE ACTIVIDADES Y ACCIONES
Denuncias, Presentaciones y acciones ante Municipios: Acciones legales, Campañas y Movilizaciones. Solidaridad con luchas zonales.
Organización, documento y actividades del 12 del 12 a las 12
16:30 a 18hs: Aprobación de propuestas

En estos encuentros intercambiamos experiencias, información y la coordinación de acciones y propuestas de los grupos que integramos el espacio. En esta ocasión mantenemos el seguimiento y actualización sobre diagnósticos y propuestas en curso, sobre diversos temas vinculados al saneamiento integral de las cuencas. Se pide a los grupos preparar sus intervenciones, haciendo también un avance en electrónico,contacto@espaciointercuencas.org (para facilitar la confección del informe).

COMO LLEGAR
BAJADA BERNAL -Au. BUENOS AIRES LA PLATA: CASEROS Y ESPORA
Estación Constitución: Línea Roca hasta la Estación de Bernal.
LINEAS COLECTIVOS ZONA NORTE Plaza Miserere, Constitución, Avellaneda y Sarandi: 98 Ramal 1,2 y 5
Desde el Correo Central: 159 Ramal 1 x Mitre
Desde Retiro: 22 Ramal 1
LINEAS COLECTIVO ZONA OESTE
Estación Lomas de Zamora: 266 Ramal 1

EN CASO DE LLUVIA:Ver MAPA 2
SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA ALSIRA –BERNAL-
CALLE LAGO ALUMINE Nro. 732 E/ TACUARI Y RAMELLA 13 HS

Segemar admite que Alumbrera extrae uranio (y otros minerales)

Desde hace muchísimos años, las organizaciones que luchan contra la minera Bajo la Alumbrera denuncian que se llevan más minerales de los que declaran. Un informe del Segemar lo confirma.
Se llevan oro, plata, cobre... y algunas cosas más también. Prácticamente toda la tabla periódica!!!

Esto tiene dos tipos de consecuencias gravísimas: económica y ambiental. En el aspecto económico, queda claro que Alumbrera exporta más minerales de los que informa en su declaración jurada y por tanto no paga ningún tipo de impuesto. Y ambientalmente hablando, genera un gran perjuicio para la salud de las comunidades aledañas al emprendimiento y al Río Vis Vis ya que los rastros de uranio y torio son altamente radioactivos.

Reproducimos el mail que compañeros catamarqueños están haciendo circular.



Últimamente se ha conocido un Informe Técnico Pericial sobre el estado del ecosistema en el Río Vis Vis, Complejo Bajo La Alumbrera, y las localidades de Vis Vis, Amanao y Andalgalá, producido en Agosto de 2008 por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Nacional) que es el brazo técnico del Secretario de Minería Jorge Mayoral, ordenado por el Juzgado Federal de Catamarca, en el marco de una denuncia por contaminación contra la minera, formulada en el 2004 por las familias Casas y Flores, quienen debieron abandonar sus propiedades ubicadas a orillas de dicho Río, dos kilómentros más abajo del dique de cola.
El Informe de marras sigue en poder del Juez y del Fiscal Federal de Catamarca desde hace más de un año, sin que se conocieran a la fecha nuevas medidas procesales de parte de los funcionarios judiciales.
Este Informe del SEGEMAR está hecho para liberar de toda responsabilidad a Minera Alumbrera de su actividad contaminante, ése es su principal objetivo. Es incompleto, mendaz y tendencioso por donde se lo mire. Sin embargo, los técnicos firmantes Ferpozzi y Herrero, no pudieron ocultar la composición química de los sedimentos presentes en la cuenca inferior del río Vis Vis, pues han quedado los registros del laboratorio que les prestó asistencia técnica.
El informe, cuya copia completa se adjunta por archivo,dice en el párrafo segundo:
“Para la situación evaluada en agosto-noviembre de 2007, en la cuenca inferior y respecto de la línea de base, los sedimentos de corriente fluvial del cauce del río Vis Vis, están enriquecidos en Ag (plata), Al (aluminio), As (arsénico), Au (oro), Ba (bario), Be (berilio, Bi (bismuto), Br (bromo), Ca (calcio). Cs (cesio), Cu (cobre), Dy (disprosio), Er (erbio), Ga (galio), Gd (gadolinio), Ho (holmio), Lu (lutecio), Mg (magnesio), Mo (molibdeno), Na (sodio), Nb (niobio), Pb (plomo), Pr (praseodimio), S (azufre), Sb (antimonio), Sr (estroncio), Ta (tantalio), Ti (titanio), Tl (talio), V (vanadio), W (volframio), Zn (cinc), Zr (circonio), Esta asociación de elementos alcalinos, tierras raras, U (URANIO) y Th (torio), en alto grado, se deriva de los silicatos minerales de rocas de composición ácida (Granito de Belén) y de los elementos metálicos (Au, Ag, Cu, Mo) típicos de mineralizaciones tipo pórfido de Cobre y de los sulfuros metálicos hidrotermales que la acompañan.”
En el párrafo anterior, dice el Informe que en la cuenca superior y media del cauce del río Vis Vis, en cambio, los sedimentos de corriente fluvial están “empobrecidos” (menor concentración que en la línea de base). ¿Cómo es esto, de repente, de la nada, a partir de la denominada por los técnicos “línea de base”, aparecen gran cantidad de minerales que no están en el lecho ni en los sedimentos del río aguas arriba?
Lo más probable es que en los últimos años, el mineraloducto se haya roto una o más veces y el barro mineral volcado sobre el curso inferior del Río, y que esos episodios no fueran conocidos por la permanente acción de ocultamiento informativo en que incurre Minera Alumbera. Las circunstancias carecen de relevancia, lo importante es el reconocimiento de la presencia de esos minerales pesados o radioactivos, que no pudieron salir de otro lado sino de la mina.
Por primera vez en quince años, una voz oficial y cómplice de las mineras, el SEGEMAR, también reconoce la presencia de decenas de minerales que transporta el mineraloducto, información celosamente silenciada ante la ciudadanía y ante la AFIP, en el momento de su exportación. Entre ellos, la existencia de URANIO y TORIO, ambos radioactivos, EN ALTO GRADO.
El URANIO, entre otros contaminantes, es lo que contiene el polvo diseminado por las explosiones en la mina, que sigue cubriendo los valles cercanos, Andalgalá y Belén y otros pueblos. Es URANIO también lo que está contaminando la provincia de Tucumán, en toda la cuenca del río Salí-Dulce. Y es lo que va quedando también en el Dique de cola, que va a aflorar aguas abajo por el río Vis Vis cuando la Minera se vaya, por falta del tratamiento para evitar que suba el PH en sus aguas.
Es CONTAMINACION RADIACTIVA y se agrava por el proceso de acumulación. Cada día que pasa se agregan al suelo, a las aguas superficiales y subterráneas, y están dispersas en el aire, enormes cantidades de URANIO NATURAL, además de torio, cesio, estroncio, plomo, arsénico, etc que contaminarán por miles de años toda la región.
Una cosa es el uranio u otros metales en estado natural que en forma paulativa se movieron durante cinco millones de años por la acción de los agentes naturales; otra cosa muy diferente, es que en escasos quince años, se remuevan con explosiones esos metales iniciando un violento proceso de contaminación radiactiva por acumulación. SU MAYOR CONCENTRACION LO HACE EXTREMADAMENTE PELIGROSO PARA LA VIDA DE LAS PERSONAS, ANIMALES Y PLANTAS, REGISTRANDO PRESENCIA EN LAS AGUAS Y EN LOS ALIMENTOS.
La acción del uranio y sus isótopos es lo que explica la gran cantidad de ENFERMOS Y MUERTOS POR CÁNCER que actualmente se registran en nuestros valles.
Entonces la vida de la población cercana a la mina en la provincia de Catamarca y también en Tucumán por el mineraloducto, depende de la suerte, que no inhale o ingiera las micropartículas de URANIO y otros minerales contaminantes.
Pero el descalabro no termina allí. Sospechosamente, ninguna ley nacional contempla penalidades para quienes contaminen con materiales o residuos radioactivos. Por lo tanto, EN EL PAIS, HAY UN VACIO LEGAL EN CUANTO A LOS ELEMENTOS Y RESIDUOS RADIOACTIVOS, EN SUS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA.
Andalgalá va a desaparecer si es abandonada a su suerte, máxime teniendo en cuenta que la mina Agua Rica, tres veces más grande, está ubicada solamente a 17 kilómetros de la ciudad y tiene la misma composición de minerales que La Alumbrera, incluyendo el URANIO.
La solución consiste en que la provincia de Catamarca, en forma urgente, dicte una Ley prohibiendo la minería a cielo abierto.

27/10/09

Los monocultivos forestales no son bosques!

También el martes 20 de octubre nos comunicamos con Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad y responsable de Grain en Argentina, para conversar sobre la problemática que rodea a la realización del Congreso Forestal Mundial en la Rural. Carlos nos explicó que este congreso, con el auspicio de la Secretaría de Ambiente de la Nación, busca ampliar y profundizar los agronegocios en nuestro país. Con un maquillaje verde, empresas nacionales y transnacionales buscan apropiarse de extensas tierras para desarrollar monocultivos forestales, entre ellos los eucaliptos, materia prima de las pasteras. Es decir, que no solo hay empresas interesadas en deforestar a mansalva extensas zonas del país para avanzar con el modelo sojero sino que también pretenden reforestar con especies destinadas a un uso industrial. El discurso que utilizan apunta a que los bosques son una arma efectiva contra del cambio climático. Pero lo cierto es que se trata de una política económico-ambiental que arrasa con pueblos y bosques nativos, guardianes de la verdadera biodiversidad.
Más información en www.biodiversidadla.org

100 años de la escuela rural de Avellaneda

La escuela Nº 47 Martín Miguel de Guemes se encuentra festejando nada menos que su centenario. La particularidad de la misma radica en que es la única escuela rural de todo el Area Metropolitana de Buenos Aires. Se ubica en la costa de Avellaneda, entre las localidades de Sarandí y Villa Domínico, en la zona que habitualmente se denomina de quintas (por lo menos hasta que se empiece a edificar el complejo Costa del Plata).
Durante el programa del martes 20 de octubre hablamos con su directora, Mirta Cuesta. Nos contó sobre las particularidades del ambiente que los rodea, rico en flora y fauna pero muy maltratado por la contaminación dada la cercanía con el arroyo Santo Domingo y con el antiguo relleno sanitario de Ceamse. En ese sentido, destacó el trabajo de concientización ambiental que se hace a lo largo del año con los 44 alumnos y 9 docentes que componen la escuela. Finalmente, que el viernes 30 de octubre, fecha exacta del aniversario 100, estarán celebrando allí mismo con un acto oficial.

6/10/09

Represión en Kraft (ex Terrabusi) / Mortalidad infantil en Avellaneda

El martes 29 de septiembre, ineludiblemente nuestra atención y la de todo el campo popular estaba en la represión desatada contra los trabajadores de la empresa Kraft, ex Terrabusi. Los trabajadores se encontraban ocupando la planta de Pacheco en reclamo de la reincorporación de 160 despedidos, incluidos los delegados, que habían tenido el atrevimiento de cuestionar las medidas de prevención contra la gripe A que había tomado la empresa. El viernes 25 la policía bonaerense terminó violentamente con la toma con el respaldo del gobernador Scioli y de la presidenta Cristina Fernández, quien casualmente se encontraba en EEUU reunida con representantes de las más poderosas multinacionales. En nuestro programa tuvimos la oportunidad de charlar con Jorge Penayo, delegado de la comisión interna de los trabajadores, quien nos contó los pormenores del desalojo, el rol del gobierno, la impunidad con la que se maneja Kraft (bien apoyada por la embajada yanqui) y el penoso accionar de la burocracia sindical de la CGT.
En el segundo bloque, con algunas interrupciones, nos comunicamos con Isabel Rodríguez, concejal de Avellaneda por el bloque de la Coalición Cívica. Ella encabezó un pedido de informe al ejecutivo del municipio tras conocerse las estadísticas de mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. Las mismas indican que en Avellaneda hubo un aumento del 9,7 por mil en 2007 al 14 por mil en 2008.

24/9/09

Programa completo: salud, medioambiente, conflictos sociales y laborales

El último martes, 22 de septiembre, compartimos muchas y variadas notas en Radiografía. Desde la situación de Honduras, tras el regreso de el presidente Zelaya, a la reducción del Presupuesto Nacional 2010 para la salud. Significará un recorte de fondos del 7,1 por ciento en relación con este año ya que de 6101 millones de pesos disponibles en 2009 se pasará a 5665 millones en 2010. No sorprendre de un gobierno al cual poco le ha importado la salud pública pero no deja de ser un ajuste totalmente inoportuno cuando aún debemos combatir grandes epidemias como la gripe porcina y el dengue.

También nos comunicamos con la Diputada Nacional Fernanda Reyes quien recientemente denunció penalmente al Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral (FOTO), por la posible comisión de los delitos de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas" y "tráfico de influencias". El eje de la denuncia gira sobre la empresa minera Millstone S.A, de la que Mayoral es dueño. El domicilio de la empresa, según los registros de la Secretaría de Minería, sería el mismo que los de las mineras Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Rodeo S.A, Minera Patagonia S.A, J.S Redpath Limited Sucursal Argentina y Newcrest Minera Argentina S.A. Además, el ex presidente de la Barrick en la Argentina , sería presidente de Millstone, la empresa del sanjuanino Mayoral. Esto siginificaría que el secretario de Minería y Barrick Gold tendrían vínculos comerciales y políticos.


También charlamos con la diputada sobre la Ley de Glaciares. Tras el veto de Cristina en noviembre de 2008, algunos diputados impulsan su ratificación e incluso lo lograron en la Comisión de Recursos Naturales. Pero, al mismo tiempo, en el Senado avanza un nuevo proyecto de ley que encabeza Daniel Filmus y que cuenta con algunas trampas en su redacción que permitirán a las mineras explotar el ambiente periglacial.


El segundo bloque estuvo dedicado a algunos de los tantos conflictos sociales y laborales que se vienen desarrollando. Hablamos telefónicamente con Ricardo, miembro de la Coordinadora Popular de Lucha, acerca de la campaña que llevan adelante contra el hambre y la pobreza, empezando por la equiparación de los sueldos de los funcionarios públicos al de un trabajador.


Por último, estuvo con nosotros en el estudio Matías, delegado de los trabajadores en la empresa Industrias MH. A pesar de la crisis internacional, a esta empresa ubicada en Lanús y que fabrica conductores eléctricos le va cada vez mejor. Sin embargo, abruptamente decidió despedir a 5 trabajadores sin mediar explicaciones. Para Matías, nada de esto es casual, ya que lo vincula a la reciente conformación de una comisión interna y a los logros que han obtenido en las condiciones de trabajo. La situación se agrava dado que los directivos impidieron el ingreso tanto de él como del otro delegado para poder realizar una asamblea donde discutir con los compañeros una medida de fuerza.

13/9/09

La minería busca legitimarse entregando fondos a las Universidades Nacionales

En buena parte de las universidades del país se está realizando un serio debate sobre el rol de las mismas frente a la actividad minera, que pone en tela de juicio la vigencia de su autonomía y de su capacidad crítica.

No resulta nada casual que ante el crecimiento de los cuestionamientos hacia la minería a cielo abierto Minera La Alumbrera, el mayor emprendimiento en actividad situado en la provincia de Catamarca, se encuentre distribuyendo fondos hacia las universidades públicas. Se trata de jugosas sumas que buscan legitimar el perjuicio económico y ambiental que engedra, a través de la educación.


Al respecto, en el programa del martes 8 de septiembre nos comunicamos telefónicamente con Sergio Martínez, vecino y militante ambiental de Andalgalá, quien se encontraba en la Universidad de Córdoba como invitado a un foro donde se discutía dicha relación. Además, nos visitó en el estudio Juan Wahren, sociólogo y docente de la UBA, para analizar la aceptación de los fondos por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y la resistencia de docentes, investigadores y estudiantes.


A continuación, copiamos sendas declaraciones de rechazo formuladas en la Universidad de Buenos Aires y en la de Córdoba.



Declaración: No a los fondos de la Mina contaminante

Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.
Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.
Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc.
La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.


Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.


Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas- investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.
Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.
Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.


En defensa de la Universidad Pública, éticamente comprometida con la sociedad:
No a la contaminación ambiental. No a la violación de los DDHH. No a los Fondos de las Mineras.

“El solo repaso de los antecedentes de las tres empresas multinacionales que operan la mina justifica el rechazo de todo aporte económico generado por sus actividades. Su aceptación resulta sin embargo aún más incoherente y reñida con la ética universitaria cuando se repasan las situaciones ambientales críticas generadas por la mina y la situación judicial de uno de los más altos funcionarios de Xstrata Copper, Julián Rooney.”
Dr. Raúl Montenegro

Para comprender la importancia del tema de la megaminería y la gravedad de la aceptación de regalías mineras por las Universidades Nacionales, realizamos un recorrido histórico:
1939: El Dr. Abel Peirano, de la Universidad Nacional de Tucumán, inicia la exploración geológica de la zona de Bajo La Alumbrera, Andalgalá, provincia de Catamarca.
1959: Bajo un espíritu nacional, desarrollista y progresista, se crea por Ley 14.771 los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que en su art. 18 establece el destino de parte de las ganancias por la extracción a un fondo para las Universidades Nacionales.
1989-1999: El gobierno menemista y la política económica cavallista se encargan metódicamente de reorganizar la minería en el país bajo un espíritu claramente neoliberal, dando lugar a leyes como la 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras, 1993), la 24.224 (Reordenamiento Minero, 1993), la 24.228 (Acuerdo Federal Minero, 1993), la 24.523 (Creación del Sistema Nacional de Comercio Minero, 1995), la 24498 (Actualización Minera, 1995) y el Código de Minería (Decreto 456/97). El nuevo ordenamiento jurídico permite entre otras cosas dejar sólo un 3 % de regalías, eximir totalmente de impuestos a las empresas extractoras, brindar la posibilidad de sacar los minerales por puertos argentinos sin abonar un centavo y sin devengar retenciones a las exportaciones; omite todo tipo de restricción al uso de millones de litros de agua consumidos durante la explotación y, además, otorga la facultad para que lo que entren y saquen del país estas empresas no deba pasar por los controles aduaneros.
1997: Inicia su funcionamiento la mina “Bajo La Alumbrera”, uno de los más importantes yacimientos de oro y cobre del mundo, explotada por capitales suizos y canadienses. Surge Alumbrera Limited, una unión transitoria de empresas, de carácter multinacional, que congrega a Xstrata Copper, Yamana Gold y Goldcorp Inc. De este modo queda totalmente desvirtuado el espíritu original de la ley 14.771, asociando a YMAD con los intereses de multinacionales mineras, en una unión transitoria de empresas, bajo un espíritu completamente neoliberal.
1999: Desde esta época se vienen detectando drenajes ácidos mineros que no solo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo del área de explotación, lo que deriva en daños ambientales que incluyen la contaminación de las napas freáticas. Este año, precisamente, se inicia el dilatado proceso judicial contra la empresa Minera La Alumbrera, por contaminación. La Cámara Federal de Tucumán considera que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y que desemboca en el embalse Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). El Vicepresidente y Gerente General y de Asuntos Corporativos de la firma, Julián Rooney, es procesado por esta causa.
2001: La devaluación del peso acentúa aún más la llegada de empresas multinacionales de extracción minera.
27 de mayo de 2008: El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firma el Acuerdo Plenario 672 por el cual propone la distribución entre las Universidades beneficiadas de las utilidades líquidas y realizadas por YMAD correspondientes a 2007, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales.
28 de mayo de 2008: Julián Patricio Rooney es procesado sin prisión preventiva por la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán acusado del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el Artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos n° 24.051 en coordinación con el Artículo 200 del Código Penal de la Nación, delito que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.
14 de octubre de 2008: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, profundiza la denuncia contra la megaminería y la lucha contra las violaciones a los DDHH y otros derechos causadas por estas multinacionales. Se reúne con Julián Rooney, vice-presidente de Alumbrera Limited, en las oficinas de la empresa en Buenos Aires (Av. L. Alem 855), a quien le entrega una carta e informe denunciando los daños provocados por la firma.
18 de mayo de 2009: El CIN firma el Acuerdo Plenario 699, por el cual se propone la distribución de las utilidades líquidas del fondo YMAD entre las instituciones universitarias beneficiadas, disponibles a la fecha, sugiriendo a las mismas su asignación a proyectos institucionales. http://www.cin. edu.ar/doc. php?id=1364
7 de junio de 2009: en Andalgalá, Catamarca, se reúne la Asamblea Socio-Ambiental del NOA, que debate sobre el saqueo del agua que llevan adelante las mineras extranjeras, la criminalizació n de la protesta por parte de los gobiernos y las acciones que deben coordinarse en toda la región, para impedir que se repita la experiencia de Alumbrera Limited.
10 de junio de 2009: Adolfo Pérez Esquivel solicita públicamente al Consejo Interuniversitario Nacional que cumplan “con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD”, y apoyen así la “resistencia contra las violaciones de los DDHH, a la salud, derechos económicos, sociales, culturales y políticos”, que las multinacionales mineras vienen provocando.
12 de junio de 2009: El Prof. Raúl Montenegro, de la Facultad de Psicología, Premio Nóbel Alternativo 2004, solicita y fundamenta claramente a las autoridades de la Facultad y de la UNC, la inmediata manifestación oficial de rechazo y repudio a los fondos de la minería para las universidades.
16 de junio: Por Res. N° 426/2009 el H. Consejo Superior de la UNC encomienda al ISEA, Instituto Superior de Estudios Ambientales, la elaboración de un informe fundamentado, en un plazo de 30 días, con la participación de especialistas de distintas disciplinas sobre las condiciones y efectos ambientales de la explotación minera en nuestro país. “El H. Consejo Superior tomará en consideración dicho informe para pronunciarse públicamente sobre el tema y para diseñar una clara estrategia específica de la Universidad, a partir de la convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina.”
17 de junio de 2009: En Catamarca, docentes de la Universidad Nacional de Catamarca solicitan a su Rector el rechazo de los fondos mineros. Horacio Machado, docente de la Facultad de Humanidades de la UNCa y uno de los propulsores de este reclamo, plantea que la relación entre las universidades y el fondo YMAD supone un debate sobre las “condiciones éticas y políticas de este tipo de fondos", ya que se “compromete el carácter público y democrático de la universidad pública y de la formación universitaria, que debe completar la preservación y la autonomía universitaria tanto frente a los grupos político-partidarios como frente a grupos empresariales y actores privados". "Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario, aceptar tales recursos pone a nuestras universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, asumiendo una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión".
Este mismo día, en Córdoba, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, por Res. N° 166/09 es la primera unidad académica del país que se pronuncia rechazando la aceptación de tales fondos y solicitando al Honorable Consejo Superior de la UNC que tome igual determinación.
24 de junio de 2009: El Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC “expresó su repudio frente a las vinculaciones existentes entre empresas mineras y las universidades argentinas, dejando en claro su oposición al uso de los recursos provistos por YMAD”.
3 de julio de 2009: Un grupo de docentes de la UBA, firman un petitorio por el cual “solicitan al señor rector Rubén Hallú rechazar ese dinero y abrir un debate sobre las financiaciones de este tipo, en todas las instancias de nuestra universidad.”
4 de julio de 2009: El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica – CTA rechaza los fondos mineros y promueve su debate en los cuerpos colegiados de co-gobierno de las universidades nacionales, alentando que los mismos se pronuncien por el rechazo y devolución de los fondos.
20 de julio de 2009: Se suma al rechazo a los fondos el H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
30 de julio de 2009: La Escuela de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, mediante expte. 21146/2009 eleva al H. Consejo Directivo de su Facultad y al H. Consejo Superior de la UNC la propuesta de aceptación de los fondos para que los mismos sean “utilizados en la financiación de proyectos para el diagnóstico, estudio y remediación del impacto ambiental negativo causado por cualquier actividad humana priorizando a la actividad minera”.
18 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, aprueba por unanimidad el proyecto que rechaza los fondos provenientes del YMAD.
20 de agosto de 2009: El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rechaza por unanimidad la aceptación de los fondos provenientes de la minera La Alumbrera. El Consejo Directivo también repudia al veto presidencial a la llamada Ley de Protección de Glaciares y convoca a la comunidad a "participar en la necesidad de garantizar a la sociedad y el estado argentinos la plena disponibilidad de los mayores reservorios de agua dulce que constituyen los glaciares y periglaciares, para uso de las actuales y futuras generaciones".
Hasta el día de hoy algunas universidades han aceptado los fondos, entre ellas las Universidades Nacionales de La Rioja, Cuyo, Luján y Entre Ríos, esta última en una votación dividida en su H. Consejo Superior (15 votos contra 11). La Universidad Nacional de Córdoba aún no se ha expedido al respecto.
A modo de cierre de esta revisión histórica, y para dejar completamente en claro la ilegitimidad de los argumentos a favor de aceptar los fondos de la megaminería para las universidades públicas, resultan sumamente clarificadores los planteos hechos en junio por los docentes de la Universidad Nacional de Catamarca:
“Por otro lado, dentro de las consideraciones que nos llevan a impulsar el rechazo a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, cabe destacar también la abierta contradicción entre el sentido político originario de la ley que estableciera la asignación de fondos resultantes de la explotación del yacimiento para las Universidades Nacionales, y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza.
En efecto, cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la ‘entrega’ de sus yacimientos a ‘empresas foráneas’. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos y a tales efectos la ley procede a la creación de YMAD con el objeto de “realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercializació n e industrializació n de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objetivo principal.” (Art. 1ª de la Ley)
Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos. Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.”
En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el ‘desarrollo nacional’ y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminació n cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.
Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los ’90 (Leyes 24.196 y sus correlativas) , provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la ‘industria minera’ a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos ‘a cielo abierto’ con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado.”
“Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario en su conjunto, una actitud tal pondría a nuestras Universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, dando la espalda a los reclamos y denuncias de nuestras poblaciones y asumiendo, por el contrario, una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión.
Por el contrario, rechazar esos fondos bajo objeciones éticas constituiría un indeleble acto de magisterio y ejemplaridad para el conjunto de nuestra sociedad y honraría la más pura tradición democrática de nuestra historia. La producción de conocimiento, favorecida en el capitalismo periférico hoy, toma como presupuesto casi indiscutible una economía fuertemente productora de materias primas y el uso intensivo de energía, debilitando así la que debería ser una dimensión crucial de la universidad: su capacidad anticipatoria de los problemas sociales y ambientales. En tal sentido, los aportes de recursos de este tipo debilitan a las universidades públicas en tanto instituciones sociales comprometidas con los problemas nacionales y de los pueblos.”