Los trabajadores del subte luchan por la democracia sindical

En el último programa, 10 de noviembre, nos comunicamos con uno de los referentes de los delegados de base del subterráneo, Beto Pianelli. Ese mismo día se estaba desarrollando un paro de actividades de 24 horas por el reclamo para que sea inscripto su nuevo sindicato. La lucha, que ya lleva varios años, se vuelve titánica ya que los trabajadores se enfrentan no sólo al gobierno y a Metrovías, sino también a la patota de Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y a la demonización que llevan adelante los medios masivos de comunicación.

A continuación, reproducimos un comunicado del Taller de Estudios Laborales más que claro sobre el conflicto.

Declaración del TEL
EL CONFLICTO DEL SUBTE: ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?

El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acusa a los trabajadores del subte de realizar un paro de actividades perjudicando innecesariamente a los usuarios a pesar de que él los había recibido y solicitado “un poco de paciencia”, argumentando que el motivo de su demora radicaba en “la dificultad para resolver” el pedido de inscripción.
Ahora el Ministerio ha dictado la resolución 1024/08 declarando al transporte subterráneo como servicio esencial y encargando indebidamente a la empresa fijar un mecanismo de aseguramiento de servicios mínimos. Esta declaración es totalmente ilegal y en la práctica significa una virtual derogación del derecho de huelga.
No dice el Ministro que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSP) se constituyó por libre decisión de los trabajadores del subte hace más de un año atrás; que el 5 de septiembre de 2008 inició el trámite de inscripción ante la autoridad administrativa; y que el 3 de noviembre de 2008 la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales emitió dictamen favorable a su inscripción por haberse cumplido en debida forma con todos los pasos y requisitos legales.
Oculta también el ministro que el 28 de noviembre de 2008 (hace ya casi un año) la Secretaria Nacional del Trabajo, Noemí Rial, le elevó el proyecto de resolución de inscripción gremial (fs. 112 del expediente). Que pese a contar con el dictamen técnico legal favorable y con el proyecto de la resolución, no la firmó y retuvo el expediente. Que vencidos todos los plazos legales, en junio de 2009 se presentó un pedido de pronto despacho, y aun así no firmó. Que el 29 de septiembre de 2009 el Juzgado Nacional del Trabajo nº 79 dictó resolución ordenándole que resolviera en el expediente. Que, sin ningún argumento válido, el Ministro apeló esa resolución, estirando innecesariamente la solución del problema. Tampoco dice que el 27 de octubre la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó en todos sus términos la resolución judicial que le ordenaba inscribir al nuevo sindicato del subte.
Si existe dictamen favorable de los propios asesores legales del Ministro; si está el proyecto de resolución de inscripción gremial elevado por la Secretaria de Trabajo, Noemí Rial, desde hace casi un año; si ya se vencieron todos los plazos legales; y se dictaron dos sentencias judiciales ordenando que resuelva; nos preguntamos, ¿por qué, el ministro Tomada no firma la resolución de inscripción gremial del nuevo sindicato del subte y premetro?
El art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece claramente el derecho de formar sindicatos sin autorización previa, con el solo requisito de su inscripción en un registro especial. El Ministerio de Trabajo viola abiertamente la norma constitucional convirtiendo al trámite de inscripción en un mecanismo selectivo por el cual se otorga la inscripción solamente a aquellos que son del agrado político del poder, atropellando los derechos a la libertad y autonomía sindical de los trabajadores, en este caso del subte.
Durante el verano de 2009 casi todos los empleados del Metrovías participaron de una consulta, verificada por escribano publico y la prensa, donde se manifestaron por la creación de un nuevo sindicato propio. Más de 1.600 trabajadores del subte ya están afiliados a la nueva organización sindical, aun antes de que ésta cuente con la inscripción gremial, lo que expresa sin lugar a dudas cual es su voluntad.
No se está discutiendo ahora quien tiene la personería gremial, es decir quien tiene la representación única que establece la ley de los empleados del subte. De lo que ahora se trata es que el Ministerio cumpla sin dilaciones injustificables con su función administrativa de registrar a la nueva organización gremial, trámite que según la ley no puede ser condicionado de ninguna forma.
El Ministro de Trabajo viene incumpliendo con sus deberes de funcionario público al negar la inscripción gremial peticionada, vulnerando así el Convenio 87 OIT, pactos internacionales ratificados por nuestro país e integrados en forma directa a nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional, y hasta la ley 23.551 de asociaciones sindicales.
Pero mientras demoraba ilegalmente la firma de la inscripción, no vaciló en homologar un acuerdo espurio entre directivos de la UTA y la empresa Metrovías, para descontar compulsivamente el 1% de los salarios a todos los trabajadores del subte que se desafiliaron masivamente y pasaron al nuevo sindicato, con destino a las finanzas del sindicato que abandonaron y repudian, en una suerte de burla grotesca y provocadora. La empresa Metrovías, que se llena la boca afirmando que son ajenos al conflicto actual, deberá explicar este acuerdo que demuestra que son socios en este nuevo ataque montado contra los trabajadores.
El Ministro de Trabajo Tomada es el responsable directo del conflicto, el principal causante de los serios problemas de transito en la ciudad, el que ha provocado que un simple trámite de inscripción gremial derive en un conflicto de alcances impredecibles, es el responsable de las amenazas y agresiones sufridas por los trabajadores; y de las molestias y perjuicios sufridos por millones de usuarios del subte.
Y finalmente, sumando nuevos desaciertos, como si fuera ajeno a todo lo que está ocurriendo y no el principal responsable, decide fijar un diagrama de servicios mínimos para asegurar, dice, el transporte a los usuarios. Esto constituye una grosera violación de la ley 25.877 aprobada por este mismo gobierno y anunciada como una recuperación de la legalidad por ajustar, correctamente, nuestra legislación a las normas de la OIT en materia de conflictos en servicios esenciales. El servicio de transporte público subterráneo de pasajeros no es un servicio esencial conforme la definición de la OIT y de la misma ley 25.877, y no se puede incluir porque no se ha constituido aun la Comisión de Garantías que es la única que por ley podría ampliar el listado.
Que nadie se deje confundir sobre esto, los trabajadores, que aguardaron durante mas de un año, que cumplieron con todos los pasos legales, que reclamaron por todos los medios a su alcance y agotaron todas las instancias, no tienen la culpa de los problemas derivados de su ejercicio del derecho constitucional de huelga al que se ven impelidos a recurrir para defender sus derechos ante la mala fe e incumplimiento por parte de las autoridades de sus deberes y obligaciones.
Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos plenamente con los trabajadores del subte y premetro y reclamamos del Ministerio de Trabajo de la Nación la inmediata inscripción gremial de su organización sindical (la AGTSP); la derogación de la resolución que encuadra ilegalmente al transporte subterráneo de pasajeros como servicio esencial; así como la que homologa una arbitraria “cuota solidaria” que constituye un robo al salario de estos trabajadores.
Que el Ministerio de Trabajo cumpla con la ley y así concluya este conflicto, recuperemos la normalidad del transporte de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, y se lleve tranquilidad a las familias y a los usuarios, para que dejen de ser rehenes de las especulaciones políticas del gobierno.
Taller de Estudios Laborales
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009
www.tel.org. ar

Día Mundial de la Diabetes

El sábado último, 14 de noviembre, se conmemoró en todo el mundo el Día de la Diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que la diabetes es una epidemia que afecta a 246 millones de personas en el mundo, y alcanzará a 380 millones en 2025.
Cada diez segundos una persona muere por causas vinculadas con esa patología, según un informe de la Federación Internacional de Diabetes (FID).
En Argentina, se calcula que hay dos millones y medio de personas que tienen diabetes y la mitad no lo sabe.Las entidades de lucha contra la diabetes sostienen que del resto sólo el 30% se trata, muchas veces por no conocer sus derechos para acceder gratuitamente a la medicación, ya sea a través de prepagas, obras sociales u hospitales públicos.

Sequía en Córdoba ¿Racionalización del consumo o cuestionamiento del complejo sojero exportador?

Ante la grave sequía que atraviesa la provincia de Córdoba, nos pareció muy interesante reproducir este comunicado del Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida. En el mismo se desarma el argumento falaz construido por el gobierno, medios y la empresa que brinda el servicio de agua potable que busca responsabilizar el consumo doméstico. Por el contrario, el principal culpable es el complejo sojero exportador que utiliza nada menos que el 75% del agua disponible en la provincia.

Declaración y convocatoria de la CCODAV (Coordinadora de Córdoba en Defensa del Agua y la Vida) integrante de UAC

1) No solo el cambio climático es responsable del colapso hídrico

2) Las denuncias de las sucesivas crisis hídricas en toda la provincia, (CCODAV) condujeron irremediablemente al colapso hídrico en todo el territorio provincial y hoy es una trágica realidad que los gobernantes ocultaron año tras año de ruptura del delicado equilibrio en que se sostenía el sistema hídrico provincial de la región semiárida Córdoba.
A pesar que hace años el diagnostico de stress y crisis continuadas es compartido por técnicos y organizaciones ambientales y sociales, recién cuando no se pudo ocultar la noticia, apareció reconociendo lo que llamaron “crisis hídrica”, el subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Jorge Masih que previas directivas y consultas con la comunicadora Marcela Dávila de la transnacional Aguas Cordobesas , compartieron de endilgar a los cordobeses ser responsables de la crisis hídrica porque “consumen mucha agua”
Como siempre, recurrieron al disparatado y falaz argumento de culpabilizar a cada cordobés, acusándonos de consumir 400 lts, por día, que en la provincia significa la friolera de 1.288 millones de litros/día y a nivel de la capital 640 millones de litros/día y para culpabilizarnos, adicionaron el tramposo argumento que la Organización Mundial de la Salud fija solo 200 litros habitante/día, o sea que además de violar normas internacionales, los cordobeses ya nos tomamos toda el agua y la de generaciones futuras en 4 días, lo que no se dice es que mas del 75 % del consumo se lo llevan las 5,7 millones de hectáreas del complejo agro industrial exportador sembradas con monocultivo de soja transgénica en la provincia de Córdoba. Durante la campaña 2009/2010 (proyecciones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos) el consumo humano debería ser solo el 5% del total del agua disponible, situación negada a los habitantes del Norte Cordobés, Punilla, Sierras Chicas y los pobres de la ciudad desde hace años, a pesar de los declamados programas “aguas para todos” profusamente difundidos en cada campaña electoral, que terminan casi siempre en pozos de aguas con arsénico u otros contaminante y escándalos relacionados con corrupción.

Estos argumentos solo sirven para ocultar las responsabilidades del gobierno y su modelo criminal en el colapso hídrico que reconoce entre otros:

• La privatización y el desguace de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias, para favorecer en la capital el ingreso de la transnacional Suez-Roggio (Aguas Cordobesas) desde hace 12 años, con el abandono total del interior provincial en un desquiciado sistema de cooperativas, municipios, aguateros o pozos de agua. Esta empresa privada y monopólica solo estuvo preocupada por sus macroganancias sin realizar inversiones, y en lo que va desde el 2008 a la fecha, aumento las tarifas un 60% a través de 5 tarifazos.

• El “complejo agroalimentario” como gusta de llamar el gobernador a los especuladores y exportadores del monocultivo de soja transgénica, quienes devastaron el bosque nativo en un 96% y lo convirtieron en desiertos incapaces de retener el agua agravada por la contaminación que producen sus paquetes tecnológicos de agrotóxicos.

• La expansión inmobiliaria donde se vuelcan las regalías sojeras que han desertificado la provincia y secado las cuencas, contaminando ríos, arroyos y acuíferos.

Masih, tampoco se privó de “llevar tranquilidad” sobre las reservas de agua de la Capital, explicando que el dique San Roque que comenzó a operar en 1944, cuando la población de Córdoba era de 380 mil personas y que hoy abastece a más de 900.000 habitantes de la zona norte y gran Córdoba, todavía “aguanta un tiempito más”, ocultando que se encuentra en el record histórico de 6,69 metros bajo el vertedero, sin contar con la sedimentación del fondo, lo que reduce todavía más su capacidad de embalse. Tampoco mencionó la segura y abundante floración de algas que liberarán sustancias tóxicas (con olor a gamexane) en los meses de noviembre, diciembre y enero.
Sobre el dique Los Molinos, que abastece a la zona sur de la ciudad, con 360.000 habitantes, señaló que “no tiene problemas”. Lo que omitió fue referirse a la calidad del agua contaminada con agrotóxicos en los 64 kilómetros de canal a cielo abierto, sometido en este momento -época de siembra- a un diluvio de agrotóxicos, contaminación criminal que fue motivo de una denuncia penal por envenenamiento por parte de numerosos vecinos de la zona sur de la capital agrupados en la CCODAV y permanece cajoneada en la fiscalía anticorrupció n (Amayusco) desde julio de este año.
Lo que no pudo ocultar el subsecretario, es la tremenda crisis hídrica en las Sierras Chicas (50 mil habitantes): Río Ceballos, Salsipuedes, Unquillo y Mendiolaza, abastecidas por el Dique La Quebrada, que se encuentra a 10,23 metros por debajo de su capacidad máxima de embalse de 34 metros .
El intendente de Salsipuedes declaró graves sequías en los pozos de captación, pero a pesar de ello hace poco otorgó la factibilidad de un megaproyecto inmobiliario a Bugliotti, del grupo financiero Dinosaurio, que requerirá de miles y miles de litros de agua.
Cruz del eje, y en las localidades de Punilla: Cosquin, Bialet Mase, Tanti, Carlos Paz y otras la situación es desesperante, ya en muchas de ellas se han implementado cortes horarios y camiones aguateros tratan de paliar la situación.
Pero la tragedia de los 1800 habitantes de Rayo Cortado patentiza las mentiras y el abandono del estado, un cartel de la campaña “Agua Para Todos” es el testigo de pozos que se secaron y personas que solo tienen agua a 20 kmts. de allí.
El gobernador Schiaretti no perdió el tiempo y se involucró de lleno en la crisis hídrica con las propuestas de trasvasamientos de cuencas a pesar del fracasado acueducto contra natura de Calera – Rio Ceballos casi terminado, pero con la fuente de agua a punto de colapsar (dique San Roque) y reflotó su viejo proyecto del acueducto Paraná – Córdoba que deberá salvar 400km. desde Santa Fe y elevar el agua a una altura superior a los 300 ms. con un formidable costo energético pero que seguramente terminará para riego de su querido sector agroalimentario como gusta de llamar a los especuladores sojeros y como plan B, prevée un acueducto desde el río Dulce, que también atraviesa una región sojera escasa de agua.
El agua no es una mercancía para comerciar, es un derecho humano y de todos los seres vivos. Pocas alternativas son posibles ante este cuadro de tragedia e indolencia de gobernantes y especuladores, por lo que es indispensable detener la sangría del modelo y establecer un plan de ordenamiento territorial con participación popular y una ley de bosques que prohíba la deforestación y ordene la reforestación ampliada del bosque nativo por un periodo suficiente para permitir la recuperación natural de las cuencas y ecosistemas.
¿Qué podemos hacer para ahorrar agua? no usar el inodoro, no lavarnos los dientes o bañarnos menos – NO: declarar nuestro alerta rojo y participar, organizarnos, luchar y movilizarnos para así recuperar y crear una empresa estatal e integral de agua y saneamiento, pública y comunitaria, bajo control y gestión de usuarios y trabajadores.
Convocamos a Todas la Organizaciones y vecinos a una asamblea,. en el Salón Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos 450 para establecer un plan de lucha conjunto el día martes 3 de noviembre a las 20.hs

Glifosato en las vías del FFCC Roca

En el programa del martes 3 de noviembre tuvimos la visita de Vicente Piccirillo, miembro de la ONG Oikos. Esta organización, junto a otras, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Lanús estableciendo la prohibición del uso de agroquímicos en todo el partido. La iniciativa surgió a raíz de que la concesionaria UGOFE (integrada por TBA, Metrovías y Ferrovías), que maneja la línea FFCC Roca, utiliza glifosato para desmalezar el tendido ferroviario.

La misma empresa reconoció públicamente que lo aplica a lo largo de los 197 km de tendido en toda la zona sur del Gran Buenos Aires. El glifosato es un herbicida muy potente que se constituyó en uno de los vértices del modelo sojero. Fue en los noventa que la transnacional Monsanto introdujo el paquete tecnológico compuesto por el glifosato y las semillas de soja RR, variedad transgénica resistente al primero. Según denuncias de pobladores aledaños a las plantaciones fumigadas, este agroquímico ha traído serias consecuencias para la salud humana e incluso ha sido confirmado por investigadores del Conicet como Andrés Carrasco.

A pesar de tales antecedentes, UGOFE no ha tenido empacho en fumigar las vías con este compuesto poniendo en peligro la salud de los vecinos. El criterio de la empresa no es otro que el económico: la fumigación con glifosato ahorra mano de obra en la tarea de desmalezamiento que se realizaba manualmente.

La semana pasada el Concejo Deliberante de Lanús aprobó por unanimidad la ordenanza. Ahora se espera que suceda lo mismo en otros municipios tales como Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. En Avellaneda, el Foro de Salud y Medioambiente ya se encuentra trabajando en la presentación del proyecto junto a Oikos. Convocamos a otras organizaciones y vecinos que se sumen a a la iniciativa.