Más de treinta organizaciones presentan proyecto de ley para declarar Reserva Natural una amplia franja de la costa de Avellaneda y Quilmes

Más de treinta organizaciones de la comunidad presentaron el 12 de marzo en forma conjunta un proyecto de ley para declarar Reserva Natural de Objetivos Mixtos a una amplia franja de bosques y humedales sobre la costa de Avellaneda y Quilmes, en la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto destaca en sus fundamentos que se trata de una contribución al ordenamiento ambiental de una región castigada por décadas de degradación ambiental, contaminación y pérdida de espacios verdes. La protección de los humedales y formaciones vegetales de la ribera de los partidos de Avellaneda y Quilmes es un deber que, visto el grado y el avance de los peligros y amenazas a este frágil ecosistema, ya no se puede posponer.
El área del proyecto incluye los terrenos transferidos en forma irregular por la CEAMSE a Techint, en pago de un contrato del cual se eliminaron en los años noventa costosas obligaciones del contratista, y sobre los cuales la multinacional intenta ahora obtener una rezonificación hacia uso urbano. La apropiación de la tierra pública dentro de un modelo de negocios que ha privatizado de hecho la planificación urbana es un proceso que se repite en el Área Metropolitana y particularmente el Conurbano Bonaerense, que es a la vez dramáticamente deficitario en espacios verdes.
El proyecto de ley fue presentado simultáneamente en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y en los municipios de Avellaneda y Quilmes en los niveles ejecutivos y de concejos deliberantes. La presentación en la Legislatura estuvo a cargo de la Asociación Civil Ambiente Sur, mientras que en Quilmes lo hizo el Foro de Asambleas por el Plan Urbano Ambiental en Quilmes, y en Avellaneda el Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda conjuntamente con Ambiente Sur.
Las presentaciones fueron realizadas en forma conjunta con las instituciones que suscribieron la declaración de apoyo: Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente; Asamblea Delta y Río de la Plata; Fundación Ecosur; Foro Hídrico de Lanús; Fundación Integradora Latinoamericana Ambiental; Asamblea de Wilde; Espacio Intercuencas; Asamblea Barrial de Beccar; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita; Asamblea Coordinadora de Vecinos de La Matanza; Foro de Salud de San Isidro; Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda; Confederación de Entidades de Fomento y Juntas Vecinales de la Provincia de Buenos Aires; Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones Libres del Pueblo de Quilmes; Soc. de Fomento V. Libertador Gral. San Martín (Quilmes); Junta Vecinal Ribera de Quilmes; Soc. Fto. Santo Domingo (Quilmes); Vecinos Autoconvocados de Don Bosco Oeste; Soc. de Fomento El Socorro (Quilmes); Mesa de Enlace de Quilmes; Soc. de Fomento 14 de Agosto (Quilmes); Junta Vecinal Emporio del Tanque (Quilmes); Vecinos Autoconvocados contra la CEAMSE, de González Catán; Vecinos Autoconvocados de Ramos Mejía; Vecinos Contra Smurfit Kappa; Asamblea Bernal Unido; Quilmes Unido; Centro PYME Bernal-Don Bosco; Vecinos Quilmes Centro; Foro de Asambleas por el Plan Urbano Ambiental en Quilmes; Asociación Ecológica de Lanús; Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Alcira; Fundación Ideales; Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y Asociación Civil Ambiente Sur.
A continuación se expone el proyecto de ley y sus fundamentos. Se espera que los legisladores de la Provincia de Buenos Aires analicen en profundidad el alcance de los mismos y la necesidad de esta legislación, y actúen en forma acorde con los intereses de la gente y la planificación racional del territorio.
Fundamentos
El proyecto de ley que presentamos es una contribución al ordenamiento ambiental de una región castigada por décadas de degradación ambiental, contaminación y pérdida de espacios verdes. La protección de los humedales y formaciones vegetales de la ribera de los partidos de Avellaneda y Quilmes es un deber que tenemos como legisladores y que, visto el grado y el avance de los peligros y amenazas a este frágil ecosistema, ya no podemos posponer.
Los antecedentes más inmediatos son la Ley 11.544 que amplía la Reserva Natural de Punta Lara manteniendo su característica integral, y la ley 12.814 que amplía dicha Reserva con tierras del Partido de Berazategui que en algún momento fueron afectadas a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La declaración como Reserva Natural de Objetivos Mixtos de la franja costera que es objeto de este proyecto, a la vez de estar animada por el mismo espíritu de la legislación mencionada, garantizará la protección de un ambiente de riquísima diversidad biológica, situado en el centro de una de las regiones más pobladas del planeta, y sobre el borde de dos partidos bonaerenses que suman más de un millón de habitantes con graves carencias de acceso a espacios verdes y contacto con la naturaleza. En efecto, de acuerdo a un estudio del CONICET, la superficie de espacio verde público por persona en los partidos de Avellaneda y Quilmes está en el orden del medio metro cuadrado por habitante, unas veinte a treinta veces menos de lo recomendado por organismos internacionales, médicos y urbanistas.
La zona a proteger está compuesta mayormente por humedales costeros, sobre parte de los cuales se realizaron actividades agrícolas hasta 1983, hace ya veintisiete años. Tienen un gran valor como refugio de vida silvestre, control de inundaciones, protección costera, regulación del clima, educación y recreación. Dentro de las necesidades de adaptación al cambio climático se reconoce hoy la necesidad de mantener las playas y zonas costeras, y de legislar sobre el ordenamiento territorial teniendo en cuenta los riesgos crecientes de inundación y los impactos regionales acumulativos de las decisiones sobre el uso del suelo. Asimismo, la conservación de las áreas verdes urbanas es una acción básica de mitigación de este problema a escala local.
Estos terrenos se encuentran actualmente amenazados por expansión urbana, contaminación, fragmentación de hábitat, ausencia de manejo, y han sido afectados en algunos casos por actividades ilegales incluyendo extracciones mineras no reguladas. Su protección, en un todo de acuerdo con la Ley 10.907, tiene objetivos definidos previstos por dicha ley. Así, se protegerá un ecosistema que contiene especies animales y vegetales representativas de los humedales del Río de la Plata, con valores estéticos y paisajísticos que ameritan que la zona se proteja con el objeto de prohibir lo que pueda alterar su belleza, y con un altísimo potencial educativo por tratarse de un área natural adyacente al mayor centro de de concentración demográfica de nuestro país. Es por ello que se propone su declaración, dentro de la categoría de reservas naturales de objetivos definidos prevista por la Ley 10.907, como Reserva Natural de Objetivos Mixtos. La tipificación indicando objetivos mixtos se fundamenta en este caso por abarcar, entre los objetivos definidos previstos por la Ley 10.907, aquellos que dicha ley adjudica a las reservas botánicas, faunísticas, escénicas y educativas.
El proyecto de ley que se presenta, además de atender a necesidades de salud, recreación y educación de un vasto sector de la sociedad bonaerense, da cumplimiento al Artículo 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y toma el mandato del Artículo 1o de la Ley 10.907, declarando de interés público la protección y conservación de un área de la provincia en la que por las razones de interés general arriba descriptas corresponde asegurar la existencia a perpetuidad de sus valiosos elementos naturales. Asimismo, el proyecto está a la altura de los compromisos asumidos por nuestro país como signatario de la Convención de Ramsar sobre los Humedales. La República Argentina aprobó la Convención sobre los Humedales en el año 1991 a través de la sanción de la Ley 23.919, que entró en vigor en setiembre de 1992 luego de depositado el instrumento de ratificación. Como signatario, nuestro país tiene el deber de incorporar consideraciones relativas a la conservación de los humedales en su planificación del uso del suelo. A la vez, debe crear reservas naturales que incluyan humedales, figuren o no en la lista oficial de la Convención, y promover la capacitación en la gestión y vigilancia de los humedales. El proyecto de ley que se presenta está además en un todo de acuerdo con la Ley General del Ambiente, Ley 25.675, contribuyendo a un ordenamiento ambiental que tiene en cuenta la vocación de cada zona o región en función de sus recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica, la distribución de la población y sus características particulares, la naturaleza y características de los diferentes biomas, las alteraciones de los biomas por las actividades humanas, y la conservación y protección de ecosistemas significativos.
El Proyecto de Ley
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1: Declárase Reserva Natural de Objetivos Mixtos en conformidad con la categorización prevista por la Ley 10907 – texto según Ley 12459, a la extensión de tierras comprendidas entre el Canal Santo Domingo en el Partido de Avellaneda, las aguas del Río de la Plata, los límites del predio costero municipal que ocupaba recientemente la filial Quilmes del Automóvil Club Argentino en el Partido de Quilmes, formando parte de la Reserva el área de vegetación espontánea que se ubica ente dicho predio y los límites del predio de la IMPA o Área Material Quilmes de la Fuerza Aérea, quedando determinado el límite oriental de la Reserva como adyacente al extremo Norte de la pista del aeródromo de la IMPA, y desde allí ocupando la Reserva el albardón costero poblado de vegetación arbórea espontánea, con sus humedales y juncales ribereños contiguos, hasta la Avenida Espora, y desde dicha Avenida hasta la Calle 295, en toda su extensión, extendiéndose la Reserva hacia Avellaneda y ocupando todos los terrenos no afectados por el relleno con residuos ejecutado por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado y su predecesora el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado, hasta el Canal Santo Domingo y la planta de tratamiento de líquidos lixiviados adyacente al Canal Santo Domingo, planta que queda excluida de la Reserva, tierras designadas catastralmente como Circunscripción . . (a completar) . . del Partido de Avellaneda y Circunscripción . . (a completar). . del Partido de Quilmes inscripto su dominio a nombre de Cinturón/Coordinadora Ecológico/a Área Metropolitana Sociedad del Estado y/o de Saneamiento y Urbanización S.A. y/o de quienes resulten ser sus legítimos propietarios.
Artículo 2: Los caminos, cavas y toda otra área con cualquier grado de alteración comprendida dentro de los límites definidos por la presente son parte integral de la Reserva Natural que se crea, y el Poder Ejecutivo al establecer las normas de manejo respectivas garantizará su compatibilización con los objetivos de la Reserva.
Artículo 3: Los objetivos de la Reserva Natural de Objetivos Mixtos que se crea son los previstos por la Ley 10907 – texto según Ley 12459, para las reservas botánicas, faunísticas, escénicas y educativas, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica del ecosistema ribereño rioplatense, garantizando los servicios ambientales que brindan sus procesos naturales a todos los bonaerenses, y facilitando la educación y concientización de la población respecto de la naturaleza y de la importancia ambiental y social de los humedales.
Artículo 4: Siendo de aplicación la ley 10907, el Poder Ejecutivo al establecer las normas de manejo respectivas podrá autorizar la extracción de especies vegetales y animales exóticos.
Artículo 5: La promulgación de la presente Ley operará como notificación fehaciente en los términos del Artículo 7, tercer párrafo de la Ley 10907 – texto según Ley 12459.
Artículo 6: En caso de operarse oposición de los titulares del dominio privado de los predios involucrados en la presente Declaración de Reserva Natural de Objetivos Mixtos, declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación los predios designados catastralmente como Circunscripción . . (a completar) . . del Partido de Avellaneda y Circunscripción . . (a completar) . . del Partido de Quilmes inscripto su dominio a nombre de Cinturón/Coordinadora Ecológico/a Área Metropolitana Sociedad del Estado y/o de Saneamiento y Urbanización S.A. y/o de quienes resulten ser sus legítimos propietarios, para ser destinados al fin previsto por los Artículos 1 y 2 de la presente.
Artículo 7: Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 8: Comuníquese al Poder Ejecutivo

Despidos en el Programa Envión de Villa Luján (Avellaneda)

Reproducimos el comunicado que han hecho circular compañeros despedidos del Envión de Villa Luján, el programa social que catapultó a Cacho Alvarez al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Bs As.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010


Estimados:

Somos un grupo de ex trabajadores del programa Envión-equipo técnico de Villa Lujan- de la municipalidad de Avellaneda que fuimos despedidos el viernes 26 de Febrero por la Directora de Inclusión Social, Yolanda Cia, quien responde políticamente a Gabriela Dorrego, actual directora de la Subsecretaría de Educación e Inclusión Social y esposa de Baldomero “Cacho” Álvarez De Olivera, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.
Cia asumió en el mes de febrero y aplicó reformas drásticas como la reducción de los salarios y aumento del horario laboral, reubicación de profesionales en otras sedes y dependencias, despidos encubiertos de trabajadores a cargo de la sede de Villa Luján, sin motivo fundado ni previo aviso. Esta inestabilidad laboral y violación a los derechos laborales no sólo se remite al partido de Avellaneda sino también a los mas de 300 trabajadores profesionales contratados para el funcionamiento del Envión dependiente del ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires.
Específicamente, en el caso de Avellaneda, los profesionales fuimos convocados en octubre de 2008 para trabajar en la sede Villa Luján como monotributistas, donde los adolescentes cobraban la beca sin realizar ningún tipo de actividad, seleccionados por intermedio de “punteros” políticos, los cuales distribuían los recursos de acuerdo a sus conveniencias e intereses. Durante más de un año trabajamos en un local alquilado que no respeta las condiciones necesarias para desarrollar actividades educativas integrales para 84 jóvenes beneficiarios: condiciones edilicias lamentables, sin división de aulas, sin cocina y con un solo baño para más de 100 personas. Hemos tenido que comer en el piso con los jóvenes por no contar con mesas y sillas, las precarias divisiones que se hicieron en el lugar para poder desarrollar las actividades fueron llevadas a cabo por docentes sin remuneración alguna y no cuentan con los materiales y las estructuras adecuadas; el único espacio a disposición para lavar los utensilios del desayuno y el almuerzo era la única y precaria pileta del baño; en varias ocasiones los trabajadores debieron pagar de su propio bolsillo la garrafa, el mate cocino o los artículos de limpieza para garantizar las condiciones mínimas.
Estas condiciones de trabajo contradicen las premisas básicas del Programa Envión, que tienden a garantizar el derecho a la salud, la educación, y al desarrollo integral de los jóvenes.
Los despidos que se llevaron adelante los pasados días, fueron sin previo aviso, justificando falta de “lealtad” de los trabajadores con Gabriela Dorrego, y sin ningún tipo de indemnización, a pesar de estar contratados desde Febrero 2009 bajo la modalidad de horas cátedras. Se desconoce de esta forma la relación de dependencia que existe de hecho.
A esto se suma, la violencia con la que se conducen, incluyendo la presencia de personas ajenas al lugar impidiendo, con una actitud intimidante, que los trabajadores puedan ingresar al lugar a buscar sus pertenencias; y llamados repentinos y en horarios de trabajo o fuera de él para que concurramos inmediatamente a las reuniones.
Estas maniobras corroen el trabajo realizado, pisotean a los jóvenes faltándoles el respeto cuando los hacen testigos de situaciones de violencia, resquebrajan los lazos de solidaridad y confianza que los chicos con mucho esfuerzo fueron capaces de construir para con ellos y para con los otros, y debilitan la integridad de los chicos que una vez más vivencian el abandono.
Solicitamos por medio de la presente se facilite la circulación de este comunicado, en vistas a revertir la desfavorable situación en la que se encuentran más de 300 trabajadores.

Vuelve Radiografía!!!

Hoy, martes 9 de marzo, arranca un nuevo ciclo de Radiografía, el programa del Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda.
En esta ocasión, entrevistaremos a Sergio Martínez, miembro de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá (Catamarca), para que nos cuente cómo sigue la lucha contra los emprendimientos mineros tras la represión y pueblada del 15 de febrero pasado. También contaremos con la presencia de Jorge Trevín con quien hablaremos sobre las novedades del proyecto de Techint en la Costa de Avellaneda y Quilmes.
Todo eso y mucho más a las 18 hs por AM TANGO 1120, http://www.amtango.com.ar/

Leé los comunicados de la Asamblea El Algarrobo:
23 de febrero
29 de febrero

Cerramos el 2009 con brindis en vivo

El martes 15 de diciembre se llevó el último programa del año de Radiografía. Compartimos algunos recuerdos, información sobre la actualidad, sanguchitos, empanadas y vino con amigos y amigas. Además, tuvimos una charla con Lucinda Fernández de Cucaiba del Hospital Pte. Perón de Avellaneda que nos acompañó todo el año.
Agradecemos a Julio Resia, quien dirige AM Tango, la emisora que nos da cabida, a Carolina por su aporte desde los controles, sin olvidarnos de Martín y de Leo.
Les deseamos a todos nuestros oyentes e invitados un buen fin de año y un mejor comienzo para 2010. Probablemente nos estemos reencontrando en marzo nuevamente.

Nacho, Gustavo y Aníbal.

Una buena noticia de fin de año!!! Se aprobó la ordenanza que prohíbe el uso de agroquímicos en las vías del ex Ferrocarril Roca en Avellaneda

En el día de ayer, lunes 7 de diciembre, el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado e impulsado por el Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda, junto con otras organizaciones hermanas, para prohibir el uso de agroquímicos en las tareas de desmalezamiento que se llevan a cabo en la vías y terrenos del ex Ferrocarril Roca, con el consiguiente peligro que eso conlleva para la salud de los habitantes cercanos. Esta presentación no fue azarosa ni caprichosa, sino que se debió a que el propio titular de la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), administradora de la línea antes mencionada, Eduardo Montenegro, reconoció la aplicación de glifosato en los 197 kilómetros que tiene la concesión.
Este logro sirve para reafirmar que la única lucha que se pierde es la que se abandona (o la que no se da). Y que la unidad de las organizaciones del campo popular hace menos difícil el camino.
Agradecemos a todos los compañeros que nos acompañaron e hicieron posible que se votara esta ordenanza. Un especial reconocimiento para el compañero Javier López Martínez, quien en su último día como concejal de la Coalición Cívica presentó el proyecto y logró que sea tratado sobre tablas en la última sesión del año del Concejo. Y al Espacio Oikos, quienes presentaron un proyecto similar en Lanús y colaboraron con la presentación en Avellaneda.
A partir de ahora no hay que bajar los brazos, hay que mantenerse alerta para que se cumpla la norma. Y seguir luchando para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, erradicando de raíz todas las causas de la contaminación ambiental que pone en riesgo nuestras vidas.

FORO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE AVELLANEDA

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PROYECTO DE ORDENANZA

NO USO DE AGROQUIMICOS EN TAREAS DE DESMALEZAMIENTO


Visto:

Que la Constitución Nacional, en su artículo 41, establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.”

Que la Constitución Provincial, en su artículo 28, establece que “En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo...”

Que el Estado Argentino es uno de los firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica elaborado durante “la Cumbre de la Tierra” realizada en Río de Janeiro en 1992; que por lo tanto posee rango de principio constitucional y en la que se consagra:

“” […]
Preámbulo:

“Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”
“Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales” […]
Art. 8
Inc. c) “Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas”. Inc. I) “Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes; hará garantizar su conservación y utilización sostenible”. […]
Art. 14
Inc. a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos […]”
Que la ley nacional 25.675 establece en su artículo 4º el principio de prevención, según el cual “Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”, y el principio precautorio, según el cual, “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.”
Que la ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 1º toma como objeto “la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica”, comprendiendo dentro de esta definición el derecho a la salud de sus habitantes.

Que la ley provincial 11.723 dispone en su artículo 55 inc. f el fomento de uso de métodos alternativos de control de malezas y otras plagas a fin de suplir el empleo de pesticidas y agroquímicos en general.

Que los antecedentes legales citados demuestran la necesidad de regular el uso de productos químicos de la producción agropecuaria para utilizarse en zonas urbanas y/o allí donde su uso podría representar un perjuicio para la vida humana y el medio ambiente.

Que el Decreto 499/91 – Ley 10.699 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, que regula la producción y distribución de agroquímicos y/o plaguicidas, establece sobre Empresas de aplicación terrestre lo siguiente:
”Art. 34º.-Las empresas que se dediquen a la aplicación terrestre de agroquímicos con fines comerciales en el territorio de la provincia de Buenos Aires, deberán dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:
1. Los equipos de aplicación terrestre no podrán circular por centros poblados. En casos de extrema necesidad, podrán hacerlo sin carga, limpios y sin picos pulverizadores.
2. La realización de los tratamientos de control de plagas en el radio urbano deberá contar con autorización del organismo municipal competente y con la receta agronómica correspondiente.”

Que en declaraciones al diario Clarín Zonal Avellaneda-Lanús del 22 de octubre de 2009, el señor Eduardo Montenegro, titular de la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), administradora de la ex línea General Roca, reconoció la aplicación de glifosato en los 197 kilómetros que tiene la línea.

Considerando:

Que el Concejo Deliberante de Vicente López, el Concejo Deliberante de Lanús, y en varios Concejos Deliberantes de otros municipios lindantes se han presentado proyectos similares, sin perjuicio que en varios de ellos los Ejecutivos Municipales hayan iniciado acciones para evitar la utilización de estos agroquímicos.

Que ante la evidencia del uso de estos productos para desmalezar zonas adyacentes a las vías, por las empresas concesionarias del ferrocarril o sus contratistas, en los mencionados municipios se ha avanzado en la reglamentación sobre “uso de agroquímicos en el control biológico de pastizales”.

Que nuestro municipio forma parte de la misma región metropolitana, altamente urbanizada y con la ocurrencia de la misma situación; y que por lo tanto redundaría en una mayor eficacia la adopción de medidas similares con carácter preventivo teniendo presente el resguardo de la salud de la población.

Que en el Partido de Avellaneda se verifica la existencia de una importante superficie ferroviaria, gran parte de ella utilizada como playa de maniobras, por lo cual asume mayor potencial el impacto negativo sobre la población adyacente, en vista de la alta densidad poblacional existente en los bordes de estas trazas.

Que por lo tanto todo uso que se haga dentro de cualquiera de estos predios, de sustancias dañinas para la salud humana impacta de un modo directo sobre la población local y sobre las especies de flora y fauna de interés para conservar, máxime con la utilización de un herbicida de amplio espectro como lo es el glifosato.

Que ante la posibilidad que el uso de agroquímicos por parte de algunas empresas con el fin de desmalezar sus predios, requiere del correspondiente ordenamiento de esta administración.

Que además de lo ya expresado, si en reemplazo de dichos productos, se realizaran las tareas de control de hierbas de modo manual y/o mecánico, esta actividad sería más sustentable ambientalmente y contribuiría a la conservación de numerosos puestos de trabajo.

Que, sin perjuicio de lo expresado y como es sabido, la presencia de vegetación adecuada en grandes superficies garantiza una favorable escorrentía del agua de lluvia mejorando las condiciones de drenaje natural, evitando la sobrecarga del sistema de desagüe pluvial, y asimismo morigera los procesos de lixiviación disminuyendo la contaminación de las aguas subterráneas y la erosión de los suelos por inadecuada evotranspiración, así como también la presencia de vegetación en estos espacios contribuye a la mejor regulación de las condiciones climáticas urbanas, moderando el efecto denominado “isla de calor”, con el consiguiente ahorro de energía.

En consecuencia de lo expuesto, las siguientes organizaciones: Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda, Espacio Oikos-Ecosur, Asociación Civil Ambiente Sur, Foro Regional en Defensa del Río de La Plata y Medio Ambiente, Asociación Civil Vecinos de Villa Corina por un Futuro Mejor, Agrupación Clasista Luis Pons, Agrupación “Del Corazón”, Asamblea de Wilde, Central Popular de Lucha, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Movimiento Libres del Sur, Partido Comunista de los Trabajadores
elevamos a vtra. consideración el presente

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1º- Es objeto de esta Ordenanza asegurar la protección de la salud humana y del medio ambiente, en lo que respecta al uso de agroquímicos en el control biológico de espacios verdes dentro del territorio municipal.

Articulo 2º- Prohíbese la aplicación de agroquímicos para la eliminación de pastizales y otras especies vegetales en todos los predios ubicados en el Partido de Avellaneda, ya sean de dominio público o privado perteneciente al Estado Nacional, Provincial y/o Municipal y/o en predios de dominio privado de uso o acceso público.

Articulo 3º- El Departamento Ejecutivo a través de las secretarias correspondientes elaborara en un plazo de sesenta (60) días a partir de aprobada la presente, el proyecto de régimen de sanciones administrativas y económicas que correspondiere por su incumplimiento, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de ser tratado por este Concejo Deliberante.

Articulo 4º - De forma.

Espacio Oikos-Ecosur: Gustavo Belucci

Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda: Ignacio Sabbatella, Gustavo Robles y Aníbal Benítez
Asociación Civil Ambiente Sur: Silvia Mozeris

Foro Regional en Defensa del Río de La Plata: Natalia Ratcheff
Asociación Civil Vecinos de Villa Corina: Nestor Saracho

Agrupación Clasista Luis Pons: Juan Enriquez
Asamblea de Wilde: Norberto Barolo

Central Popular de Lucha Avellaneda: Alejandro Blandi
Partido Comunista de los Trabajadores: Mariana Bosio y Laura Canosa

Instrumento Electoral para la Unidad Popular: Marcelo Fisicaro
Encuentro por la Democracia y la Equidad: Alberto Fernandez Arsuaga

Movimiento Libres del Sur: Leonardo Urrejola
Agrupación “Del Corazón”: prof Rosa Carmen Folino

Glifosato en el campo y en la ciudad: las amenazas para la salud humana

En el programa del martes 1º de diciembre contamos con una visita de lujo: Andrés Carrasco, investigador de la UBA y del Conicet, quien ha sido de los pocos científicos en denunciar los efectos dañinos e irreversibles para la salud humana que conlleva la utilización del glifosato. En abril de este año, publicó parte del resultado de sus investigaciones en Página 12 y a partir de allí ha sufrido presiones de todo tipo. Si bien su voz está autorizada "científicamente" él mismo se encarga de aclarar que el problema es político y económico ya que está anclado en el modo de producción sojero que inunda nuestro país.

Esto queda de manifiesto cuando el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó en su informe al Congreso Nacional en noviembre pasado que "si el mundo necesita soja, plantaremos soja hasta en las macetas". La expansión de la soja va unida irremediablemente al paquete tecnológico que provee la empresa Monsanto, con el glifosato como herbicida y la variante de soja transgénica RR resistente al mismo.

Las consecuencias para la salud se hacen sentir en las poblaciones aledañas a las plantaciones de soja con la aparición de malformaciones en los recién nacidos y enfermedades cancerígenas. Pese a ello, las empresas concesionarias de ferrocarriles urbanos aplican glifosato indiscriminadamente para desmalezar las vías poniendo en peligro la vida de los vecinos.

El Foro de Salud y Medioambiente de Avellaneda presentó el jueves 26 de noviembre, junto a otras organizaciones, un proyecto de ordenanza para prohibir el uso de agroquímicos en espacios verdes. Estamos impulsando su aprobación antes de la finalización del año dado su carácter urgente.

Para conocer un poco más a Andrés Carrasco, copiamos la entrevista que le hiciera el diario El Argentino.

El Argentino
25 de Noviembre de 2009

El otro caso Carrasco

Andrés carrasco: Embriólogo del CONICET, dice que “confirmó” el riesgo.
Cómo cambió la vida del científico del CONICET que denunció la toxicidad del herbicida del boom de la soja. Críticas, militancia y el rol de Garré y Barañao.
Por Matías Loewy

Las ranas “africanas de uñas” o Xenopus laevis, un insumo habitual para estudios científicos de desarrollo embrionario, salieron de su ostracismo de laboratorio. Y podrían poner en jaque o al menos modificar el modo de producción del principal cultivo de la Argentina. Al menos, eso pretende un grupo de médicos, militantes ambientalistas, campesinos y legisladores, para quienes los embriones de la ignota ranita acaban de aportar información decisiva para frenar o detener las fumigaciones con el plaguicida más usado en el país. “¿Qué más vamos a esperar?”, vociferan. El que prendió la mecha es el médico Andrés Carrasco (63), director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA. A comienzos de año, Carrasco extendió el modelo experimental de Xenopus a la evaluación toxicológica. Y, “por decisión personal y a todo riesgo”, como dice, se dispuso a probar los supuestos efectos nocivos del herbicida que contribuyó a impulsar el boom de la soja en Argentina. La revelación de sus resultados provocaría en los meses siguientes un infierno de acusaciones cruzadas, denuncias de intimidaciones, rechazos oficiales y cuestionamientos profesionales. Y vuelve a poner bajo la lupa las relaciones entre ciencia y sociedad. “Yo sabía que esto iba a afectar intereses”, confiesa el investigador y ex director del CONICET. “Pero no podía quedarme callado”.
La palabra clave de la controversia que agitó la rutina de laboratorio (y la vida) de Carrasco es “glifosato”. Componente activo del producto “Roundup” de Monsanto, mueve un mercado anual de US$ 600 millones. Y se vincula a la aprobación y expansión en el país de la soja transgénica, RR o “Roundup Ready”, que hoy ocupa casi 20 millones de hectáreas. Desde 1996, el consumo local de glifosato creció de 14 millones a casi 200 millones de litros.

Según Monsanto, el producto se comercializa con éxito en más de 140 países desde hace 33 años y está clasificado en la categoría de menor riesgo toxicológico. “Pruebas agudas en ratas muestran que es algo menos tóxico que la sal de mesa y mucho menos tóxico que la aspirina”, enfatiza Pablo Vaquero, director de Asuntos Corporativos de la división Latinoamérica Sur de la compañía, en respuesta a Newsweek.

Carrasco ya no le cree. Asegura que decidió realizar el estudio cuando, un par de años atrás, empezó a escuchar que algunos médicos asociaban el uso extendido del herbicida con el cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. “Hice un clic”, grafica. “Me di cuenta de que tenía un modelo experimental con el que podía ver si el elemento era tóxico o no”. Por su condición de médico, añade, era su obligación meterse en ese tema de tanta importancia social.

Con fondos que el Estado ya asigna a su laboratorio (“si los hubiera pedido especialmente al CONICET, probablemente no me los habrían dado”, alega), el científico bañó e inyectó embriones de Xenopus con glifosato puro y también con la formulación comercial del producto, que incluye otros ingredientes, pero en dosis hasta 5.000 veces menores a las que se emplean para fumigar. Y comprobó que los embriones disminuyeron su largo, así como el tamaño de la zona cefálica y los ojos. También halló problemas en el cierre del tubo neural.

El embriólogo asegura que repitió los experimentos con distintas dosis y también con embriones de pollo, y que las malformaciones fueron consistentes y reproducibles. “Es perfectamente válido inferir que también ocurran en embriones humanos ante el impacto del glifosato”, añade.

No todos están convencidos de lo mismo. Carrasco facilitó los primeros datos de la investigación para una nota de tapa de Página/12, el 13 de abril pasado, y no los presentó en una revista o congreso de la especialidad, como resulta habitual en la comunidad científica. Ese paso es central para la dinámica de producción de la ciencia: implica un primer filtro a la calidad metodológica de la investigación y propicia el acceso de los colegas a todos los detalles de un experimento, con el fin de analizarlo y, eventualmente, replicarlo. La transgresión de Carrasco sigue siendo, no sin razón, el primer elemento del que se agarran los detractores del trabajo para cuestionarlo.

“No puedo opinar sobre el estudio del doctor Carrasco, porque nunca leímos ese trabajo en una publicación científica revisada por pares”, señala a Newsweek Guillermo Cal, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), para quien las denuncias sobre eventuales efectos nocivos del glifosato sobre la salud humana son absurdas y desprovistas de fundamento. El ministro de Ciencia, Lino Barañao, también le salió al cruce. En un congreso en Rosario de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), y aunque no nombró a Carrasco, sostuvo que “comunicar la información preliminar de una investigación científica en un medio masivo es poco ético”. El funcionario alertó también por la aparición de un discurso que “ya no es ecologista, sino que es antitecnológico y anticientífico”. Fue ovacionado.
Sin embargo, Carrasco explica que tuvo buenas razones para violar el canon científico. “No todo lo que se publica está garantizado”, argumenta. “Lo importante es que uno esté seguro, y yo lo estaba. No estamos discutiendo una hipótesis sobre la función de un gen, sino algo de mucho impacto en la sociedad. Y yo sentí que había que decirlo”. El investigador dice que presentó por primera vez los aspectos más técnicos de su estudio en una conferencia en el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, el 5 de noviembre pasado, y asegura que ahora está terminando de redactar el informe definitivo para enviar a un journal.

El problema de fondo, agrega Carrasco, es que experimentos como el suyo no son bien recibidos porque traen malas noticias. Y la comunidad científica —agrega— quiere dar buenas noticias: nuevas tecnologías y productos biomédicos. “La ciencia dejó de estar al servicio de la humanidad para estar al servicio de los intereses. Las grandes instituciones académicas están muy comprometidas con los grandes concentrados de capital. Y la demanda es generar mercancías, no resolver los problemas”, dispara.

En la mañana del sábado 24 de octubre, medio centenar de médicos, ambientalistas, estudiantes y militantes sociales participaban del V Encuentro Nacional del Foro Social de Salud y Medio Ambiente, en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Autoridades y profesores brillaban por su ausencia. En el hall, un par de stands vendían libros de alimentación orgánica y agricultura sustentable. También tarta de membrillo. Todo a pulmón. El día anterior, según el programa, tenían que haber disertado Martín Sabbatella, Hermes Binner, Fernando “Pino” Solanas y Carlos Heller. Pero faltaron, y mandaron en su lugar a asesores. “¡Lo que pasa es que no tienen h… para venir a hablar con nosotros!”, bramó ante el micrófono Hugo Gómez De Maio, cirujano infantil del Hospital de Pediatría de Posadas. “Es una vergüenza. ¡La próxima vez que yo sepa que ellos vienen, el que no va a venir soy yo!”.

Gómez De Maio integra el grupo más activo de médicos del interior del país que, desde hace varios años, vienen denunciando los supuestos problemas de salud que causa la exposición aguda y crónica a agroquímicos, y en particular al glifosato. Afirman que provocan retraso mental, trastornos del crecimiento, leucemias, mielomeningocele, abortos, defectos en la calidad del semen... En cierta forma, se sienten protagonistas de una cruzada contra los grandes intereses y las multinacionales. No se permiten la duda, y su verba es encendida. “Round Up es altamente tóxico y lo usamos como si fuera agua de colonia”, denunció De Maio en el foro. “Si no les ponemos un freno, los plaguicidas van a hacer una civilización argentina de idiotas”.

El segundo expositor de la jornada jugaba de local: era, claro, Carrasco. Desde que su investigación salió a la luz pública, cuenta que empezó a ser invitado a lugares que nunca hubiera antes imaginado. Lo presentan sin medias tintas como “el científico del CONICET que demostró que el glifosato causa malformaciones y afecciones diversas a las personas”. Y él no se encarga de desmentirlo. En los últimos meses, dio charlas sobre su estudio y la relación ciencia-sociedad en foros y encuentros públicos en las facultades de Ciencias Sociales y Agronomía de la UBA, en Rojas, en Mar del Plata, en la Cámara de Diputados de la Nación, en Paraná, en Santa Fe, en La Plata, en Villa General Belgrano...

El médico Jorge Kaczewer, miembro del Grupo de Reflexión Rural y autor del libro “La amenaza transgénica”, dice que ya existía preocupación por el glifosato, “pero con el estudio de Carrasco fue ¡pum!, explotó. Fue la frutilla del postre”. “Es como si Carrasco hubiera producido un efecto dominó”, coincide un asesor de la diputada nacional oficialista Julia Perié, quien, junto a 14 colegas, impulsó en agosto una ley para prohibir la comercialización, uso y aplicación del Roundup (el proyecto se está evaluando en dos comisiones).

Para Carrasco, es conmovedor el “calor humano” de la gente, incluyendo a habitantes de poblados rurales, que lo van a escuchar. “Casi me agradecen que exista. Sienten que por fin hay alguien que se ocupa de estos problemas”, se ufana. También denuncia contratiempos. A las pocas semanas de revelar su investigación en Página/12, cuenta que sufrió actos de intimidación en su laboratorio, cuando tres personas fueron a interpelar a sus colaboradores y pedirles de mal modo el informe de su estudio. Señala que se presentaron como abogados de CASAFE y que se fueron con las manos vacías. Cal, de la cámara, niega el episodio: “Nunca hubo ninguna acción intimidatoria. Buscamos el diálogo sobre una base científica, y respetamos todas las opiniones y personas”.

La abogada santafesina Graciela Gómez, militante contra la fumigación indiscriminada con agroquímicos y directora de la ONG Ecos de Romang, acompañó a Carrasco en sendas excursiones al interior. Cuenta que el 9 de septiembre, cuando Carrasco disertaba en unas jornadas organizadas por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, fue hostigado a la hora de las preguntas por un miembro del auditorio que (según ella) defendía los intereses de los lobbies sojeros. “Él se defendió bien. Pero se quedó mal”, asegura. Dos semanas después, Carrasco tuvo su revancha. Dio otra conferencia en Paraná y cuando terminó, el público lo aplaudió de pie durante dos minutos. “Ahí revivió. Fue maravilloso: se lo merecía”, agrega Gómez.

Según a quién se consulte, Carrasco grafica que todavía hay científicos sensibles que se conmueven ante los problemas de la gente, o es el artífice de una maniobra cargada de intencionalidad política. “Son canalladas”, responde Carrasco. El primer día de julio, y para evitar suspicacias, el científico elevó la renuncia a su cargo como Subsecretario de Innovación Científica del Ministerio de Defensa. Se la aceptaron el día 23. “(Nilda) Garré no tuvo nada que ver con mi estudio”, brama. “La señora ministro ni sabía lo que yo estaba haciendo”. Tampoco se enojó cuando lo supo.
Otro punto central que los críticos cuestionan a Carrasco es la aplicabilidad de sus estudios a la vida real. Y hasta qué punto un análisis con embriones de anfibios puede reemplazar, predecir o aproximarse a los resultados de una investigación epidemiológica rigurosa, que hasta ahora nadie encaró “porque no conviene que se haga”, sugiere Carrasco.

Esos dilemas son habituales en la evaluación de riesgo. La ciencia ofrece un método de acercarse a la verdad, no un veredicto. Y los prejuicios o intereses previos pueden sesgar la valoración de la evidencia. Un documento de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), por caso, interpreta que los métodos y procedimientos utilizados por Carrasco no necesariamente indican riesgo para alguien que no sea un anfibio particular bajo determinadas condiciones experimentales.

Jorge Adámoli, ingeniero agrónomo y profesor de ecología de la UBA, también tiene sus reparos. “El glifosato no fue creado para ser usado en el desarrollo de embriones. ¡Si los expusiéramos a la sal de cocina, al vinagre o a la lavandina, también les podría causar un efecto!”, asegura. “¿Carrasco puede no saberlo?”, pregunta Newsweek. “No. Si no se da cuenta de las limitaciones de su estudio, es que alguna intencionalidad debe tener”. Por su parte, Rodolfo Ávila, profesor de embriología de la Universidad Nacional de Córdoba, enfatiza que ninguna investigación en embriones es concluyente por sí sola si no se lo acompaña de otros estudios complementarios. “A lo sumo puede representar una señal de advertencia, pero no se puede hacer una extrapolación directa a los efectos en seres humanos”, advierte.

Meses atrás, un informe multidisciplinario del CONICET concluyó que no había datos suficientes en la Argentina sobre los efectos del glifosato en la salud humana. Pudo haber sido un golpe de gracia. Pero para Carrasco, el documento es “grave institucionalmente, indignante” porque, entre las referencias bibliográficas, se cita estudios encargados por Monsanto. Y porque uno de los autores que lo firma también tiene vínculos con la multinacional. Respecto a las otras críticas, aduce que son “chicanas baratas”, “escaramuzas dialécticas”, “argumentos que destituyen la seriedad de la ciencia”. Su pecado, argumenta, fue meterse con un desarrollo tecnológico que la mayoría de los científicos defiende en lugar de mirar críticamente, lo cual, de alguna manera, los impermeabiliza frente a cualquier cuestionamiento de buena fe. ¿Es un quijote incomprendido, un provocador o un rebelde equivocado? Quizás eso es lo que menos importa. Kaczewer anticipa que Carrasco va en camino de ser un “paria”, como les pasó a otros científicos que “examinaron las verdades en lugar de transar con el poder”. Carrasco saca entonces pecho, y no se sabe si lo sufre o en realidad lo disfruta: “Yo sé que esto algún día me lo van a facturar. Pero yo me lo banco. Con la ciencia”.

Obreros del Corralón Municipal de Avellaneda se organizan por condiciones dignas de trabajo

El martes 24 de noviembre nos visitó Juan Enriquez, quien además de ser vecino de Villa Corina, trabaja en el Corralón de la Municipalidad de Avellaneda. Juan nos contó sobre las pésimas condiciones laborales (que se llevaron la vida de un compañero) y los magros salarios como parte de la cotidianeidad de los laburantes municipales. Para dar vuelta la historia, han conformado recientemente la Agrupación Clasista "Luis Pons".

Aquí el comunicado que difundieron:

En el mes de Agosto del año 2007, el trabajador municipal Luis Pons tomó su guardia como sereno en el Vivero en medio de una noche lluviosa y fría. Puso a secar su ropa, improvisó un brasero, se quedó dormido por el gas del carbón y nunca más despertó. Ya había solicitado que instalen calefacción en el puesto de guardia.Luego de la muerte de Pons, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), Rubén García, comenzó un enfrentamiento –afiches incluidos- con el entonces Intendente de Avellaneda, Baldomero “Cacho” Alvarez, llegándolo a comparar con el Gobernador Sobisch de la Provincia de Neuquén por la muerte del docente Fuentealba. El STMA resolvió comenzar con la retención de tareas por condiciones de trabajo dignas.En las elecciones de octubre del mismo año, Rubén García fue candidato a Diputado Provincial en la misma lista en la que “Cacho” Álvarez se presentó para renovar la Intendencia. Ambos lograron ser electos, y el STMA dejó de lado el enfrentamiento con el Ejecutivo municipal. Los obreros del corralón continuaron con el reclamo en el lugar de trabajo y ante diferentes instancias administrativas, en medio de presiones y ofertas de mejores condiciones individuales. Una Inspección del Ministerio de Trabajo dictaminó que el lugar no es apto para trabajar.

La aventura de trabajar y no perder la vida en el intento

Actualmente, el grupo de obreros continúa con el reclamo por mejores condiciones de trabajo, ya que creen que en esta medida está en juego su vida y la dignidad de sus familias.“Los obreros que hacen el tomado de junta (la colocación de brea en las grietas de las calles) no tienen protección respiratoria y aspiran el humo de la brea caliente. Julio ‘el perro’ Gloria trabajó en este sector hasta que falleció, se fue descomponiendo poco a poco” comentan los obreros. “A un compañero que estaba recién operado de los testículos lo hicieron trabajar igual y el año pasado otro se cayó del techo del Teatro Roma, no se mató de milagro”.

Las horas extras como método de control social

El básico de los municipales es de $800 siendo el Municipio de Avellaneda el que otorga las horas extras. No cualquier municipal puede acceder a este beneficio. Los obreros cuentan: “Cuando hablamos con otros compañeros nos dicen que tenemos razón, pero tienen miedo que les quiten las horas extras si se prenden al reclamo.”

La inseguridad laboral

Los obreros del corralón conformaron la Agrupación Clasista “Luis Pons”, para seguir organizándose contra la inseguridad laboral sin dejar de lado la recomposición salarial, planteando mínimamente se respete el sueldo mínimo de $1527, establecido por el Consejo del Salario. Este año realizaron una misa por el segundo aniversario del fallecimiento de su compañero Luis. Algunas de las irregularidades en el lugar de trabajo son: las instalaciones eléctricas no poseen disyuntores, no hay matafuegos, el agua no es potable, no hay enfermería en el lugar, los camiones de la Secretaría de Obras Públicas no reciben el mantenimiento adecuado llegándole a fallar los frenos y las gomas están muy gastadas. En el barrio Villa Corina viven una cantidad importante de obreros municipales, como vecinos es natural la preocupación por su situación en el lugar de trabajo.

Contacto Agrupación Clasista “Luis Pons”

Juan Enriquez: (15) 3293-7908

E-mail: 2denov.obraspublicas(a)live.com.ar

Los trabajadores del subte luchan por la democracia sindical

En el último programa, 10 de noviembre, nos comunicamos con uno de los referentes de los delegados de base del subterráneo, Beto Pianelli. Ese mismo día se estaba desarrollando un paro de actividades de 24 horas por el reclamo para que sea inscripto su nuevo sindicato. La lucha, que ya lleva varios años, se vuelve titánica ya que los trabajadores se enfrentan no sólo al gobierno y a Metrovías, sino también a la patota de Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y a la demonización que llevan adelante los medios masivos de comunicación.

A continuación, reproducimos un comunicado del Taller de Estudios Laborales más que claro sobre el conflicto.

Declaración del TEL
EL CONFLICTO DEL SUBTE: ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?

El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acusa a los trabajadores del subte de realizar un paro de actividades perjudicando innecesariamente a los usuarios a pesar de que él los había recibido y solicitado “un poco de paciencia”, argumentando que el motivo de su demora radicaba en “la dificultad para resolver” el pedido de inscripción.
Ahora el Ministerio ha dictado la resolución 1024/08 declarando al transporte subterráneo como servicio esencial y encargando indebidamente a la empresa fijar un mecanismo de aseguramiento de servicios mínimos. Esta declaración es totalmente ilegal y en la práctica significa una virtual derogación del derecho de huelga.
No dice el Ministro que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSP) se constituyó por libre decisión de los trabajadores del subte hace más de un año atrás; que el 5 de septiembre de 2008 inició el trámite de inscripción ante la autoridad administrativa; y que el 3 de noviembre de 2008 la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales emitió dictamen favorable a su inscripción por haberse cumplido en debida forma con todos los pasos y requisitos legales.
Oculta también el ministro que el 28 de noviembre de 2008 (hace ya casi un año) la Secretaria Nacional del Trabajo, Noemí Rial, le elevó el proyecto de resolución de inscripción gremial (fs. 112 del expediente). Que pese a contar con el dictamen técnico legal favorable y con el proyecto de la resolución, no la firmó y retuvo el expediente. Que vencidos todos los plazos legales, en junio de 2009 se presentó un pedido de pronto despacho, y aun así no firmó. Que el 29 de septiembre de 2009 el Juzgado Nacional del Trabajo nº 79 dictó resolución ordenándole que resolviera en el expediente. Que, sin ningún argumento válido, el Ministro apeló esa resolución, estirando innecesariamente la solución del problema. Tampoco dice que el 27 de octubre la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó en todos sus términos la resolución judicial que le ordenaba inscribir al nuevo sindicato del subte.
Si existe dictamen favorable de los propios asesores legales del Ministro; si está el proyecto de resolución de inscripción gremial elevado por la Secretaria de Trabajo, Noemí Rial, desde hace casi un año; si ya se vencieron todos los plazos legales; y se dictaron dos sentencias judiciales ordenando que resuelva; nos preguntamos, ¿por qué, el ministro Tomada no firma la resolución de inscripción gremial del nuevo sindicato del subte y premetro?
El art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece claramente el derecho de formar sindicatos sin autorización previa, con el solo requisito de su inscripción en un registro especial. El Ministerio de Trabajo viola abiertamente la norma constitucional convirtiendo al trámite de inscripción en un mecanismo selectivo por el cual se otorga la inscripción solamente a aquellos que son del agrado político del poder, atropellando los derechos a la libertad y autonomía sindical de los trabajadores, en este caso del subte.
Durante el verano de 2009 casi todos los empleados del Metrovías participaron de una consulta, verificada por escribano publico y la prensa, donde se manifestaron por la creación de un nuevo sindicato propio. Más de 1.600 trabajadores del subte ya están afiliados a la nueva organización sindical, aun antes de que ésta cuente con la inscripción gremial, lo que expresa sin lugar a dudas cual es su voluntad.
No se está discutiendo ahora quien tiene la personería gremial, es decir quien tiene la representación única que establece la ley de los empleados del subte. De lo que ahora se trata es que el Ministerio cumpla sin dilaciones injustificables con su función administrativa de registrar a la nueva organización gremial, trámite que según la ley no puede ser condicionado de ninguna forma.
El Ministro de Trabajo viene incumpliendo con sus deberes de funcionario público al negar la inscripción gremial peticionada, vulnerando así el Convenio 87 OIT, pactos internacionales ratificados por nuestro país e integrados en forma directa a nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional, y hasta la ley 23.551 de asociaciones sindicales.
Pero mientras demoraba ilegalmente la firma de la inscripción, no vaciló en homologar un acuerdo espurio entre directivos de la UTA y la empresa Metrovías, para descontar compulsivamente el 1% de los salarios a todos los trabajadores del subte que se desafiliaron masivamente y pasaron al nuevo sindicato, con destino a las finanzas del sindicato que abandonaron y repudian, en una suerte de burla grotesca y provocadora. La empresa Metrovías, que se llena la boca afirmando que son ajenos al conflicto actual, deberá explicar este acuerdo que demuestra que son socios en este nuevo ataque montado contra los trabajadores.
El Ministro de Trabajo Tomada es el responsable directo del conflicto, el principal causante de los serios problemas de transito en la ciudad, el que ha provocado que un simple trámite de inscripción gremial derive en un conflicto de alcances impredecibles, es el responsable de las amenazas y agresiones sufridas por los trabajadores; y de las molestias y perjuicios sufridos por millones de usuarios del subte.
Y finalmente, sumando nuevos desaciertos, como si fuera ajeno a todo lo que está ocurriendo y no el principal responsable, decide fijar un diagrama de servicios mínimos para asegurar, dice, el transporte a los usuarios. Esto constituye una grosera violación de la ley 25.877 aprobada por este mismo gobierno y anunciada como una recuperación de la legalidad por ajustar, correctamente, nuestra legislación a las normas de la OIT en materia de conflictos en servicios esenciales. El servicio de transporte público subterráneo de pasajeros no es un servicio esencial conforme la definición de la OIT y de la misma ley 25.877, y no se puede incluir porque no se ha constituido aun la Comisión de Garantías que es la única que por ley podría ampliar el listado.
Que nadie se deje confundir sobre esto, los trabajadores, que aguardaron durante mas de un año, que cumplieron con todos los pasos legales, que reclamaron por todos los medios a su alcance y agotaron todas las instancias, no tienen la culpa de los problemas derivados de su ejercicio del derecho constitucional de huelga al que se ven impelidos a recurrir para defender sus derechos ante la mala fe e incumplimiento por parte de las autoridades de sus deberes y obligaciones.
Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos plenamente con los trabajadores del subte y premetro y reclamamos del Ministerio de Trabajo de la Nación la inmediata inscripción gremial de su organización sindical (la AGTSP); la derogación de la resolución que encuadra ilegalmente al transporte subterráneo de pasajeros como servicio esencial; así como la que homologa una arbitraria “cuota solidaria” que constituye un robo al salario de estos trabajadores.
Que el Ministerio de Trabajo cumpla con la ley y así concluya este conflicto, recuperemos la normalidad del transporte de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, y se lleve tranquilidad a las familias y a los usuarios, para que dejen de ser rehenes de las especulaciones políticas del gobierno.
Taller de Estudios Laborales
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009
www.tel.org. ar

Día Mundial de la Diabetes

El sábado último, 14 de noviembre, se conmemoró en todo el mundo el Día de la Diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que la diabetes es una epidemia que afecta a 246 millones de personas en el mundo, y alcanzará a 380 millones en 2025.
Cada diez segundos una persona muere por causas vinculadas con esa patología, según un informe de la Federación Internacional de Diabetes (FID).
En Argentina, se calcula que hay dos millones y medio de personas que tienen diabetes y la mitad no lo sabe.Las entidades de lucha contra la diabetes sostienen que del resto sólo el 30% se trata, muchas veces por no conocer sus derechos para acceder gratuitamente a la medicación, ya sea a través de prepagas, obras sociales u hospitales públicos.

Sequía en Córdoba ¿Racionalización del consumo o cuestionamiento del complejo sojero exportador?

Ante la grave sequía que atraviesa la provincia de Córdoba, nos pareció muy interesante reproducir este comunicado del Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida. En el mismo se desarma el argumento falaz construido por el gobierno, medios y la empresa que brinda el servicio de agua potable que busca responsabilizar el consumo doméstico. Por el contrario, el principal culpable es el complejo sojero exportador que utiliza nada menos que el 75% del agua disponible en la provincia.

Declaración y convocatoria de la CCODAV (Coordinadora de Córdoba en Defensa del Agua y la Vida) integrante de UAC

1) No solo el cambio climático es responsable del colapso hídrico

2) Las denuncias de las sucesivas crisis hídricas en toda la provincia, (CCODAV) condujeron irremediablemente al colapso hídrico en todo el territorio provincial y hoy es una trágica realidad que los gobernantes ocultaron año tras año de ruptura del delicado equilibrio en que se sostenía el sistema hídrico provincial de la región semiárida Córdoba.
A pesar que hace años el diagnostico de stress y crisis continuadas es compartido por técnicos y organizaciones ambientales y sociales, recién cuando no se pudo ocultar la noticia, apareció reconociendo lo que llamaron “crisis hídrica”, el subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Jorge Masih que previas directivas y consultas con la comunicadora Marcela Dávila de la transnacional Aguas Cordobesas , compartieron de endilgar a los cordobeses ser responsables de la crisis hídrica porque “consumen mucha agua”
Como siempre, recurrieron al disparatado y falaz argumento de culpabilizar a cada cordobés, acusándonos de consumir 400 lts, por día, que en la provincia significa la friolera de 1.288 millones de litros/día y a nivel de la capital 640 millones de litros/día y para culpabilizarnos, adicionaron el tramposo argumento que la Organización Mundial de la Salud fija solo 200 litros habitante/día, o sea que además de violar normas internacionales, los cordobeses ya nos tomamos toda el agua y la de generaciones futuras en 4 días, lo que no se dice es que mas del 75 % del consumo se lo llevan las 5,7 millones de hectáreas del complejo agro industrial exportador sembradas con monocultivo de soja transgénica en la provincia de Córdoba. Durante la campaña 2009/2010 (proyecciones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos) el consumo humano debería ser solo el 5% del total del agua disponible, situación negada a los habitantes del Norte Cordobés, Punilla, Sierras Chicas y los pobres de la ciudad desde hace años, a pesar de los declamados programas “aguas para todos” profusamente difundidos en cada campaña electoral, que terminan casi siempre en pozos de aguas con arsénico u otros contaminante y escándalos relacionados con corrupción.

Estos argumentos solo sirven para ocultar las responsabilidades del gobierno y su modelo criminal en el colapso hídrico que reconoce entre otros:

• La privatización y el desguace de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias, para favorecer en la capital el ingreso de la transnacional Suez-Roggio (Aguas Cordobesas) desde hace 12 años, con el abandono total del interior provincial en un desquiciado sistema de cooperativas, municipios, aguateros o pozos de agua. Esta empresa privada y monopólica solo estuvo preocupada por sus macroganancias sin realizar inversiones, y en lo que va desde el 2008 a la fecha, aumento las tarifas un 60% a través de 5 tarifazos.

• El “complejo agroalimentario” como gusta de llamar el gobernador a los especuladores y exportadores del monocultivo de soja transgénica, quienes devastaron el bosque nativo en un 96% y lo convirtieron en desiertos incapaces de retener el agua agravada por la contaminación que producen sus paquetes tecnológicos de agrotóxicos.

• La expansión inmobiliaria donde se vuelcan las regalías sojeras que han desertificado la provincia y secado las cuencas, contaminando ríos, arroyos y acuíferos.

Masih, tampoco se privó de “llevar tranquilidad” sobre las reservas de agua de la Capital, explicando que el dique San Roque que comenzó a operar en 1944, cuando la población de Córdoba era de 380 mil personas y que hoy abastece a más de 900.000 habitantes de la zona norte y gran Córdoba, todavía “aguanta un tiempito más”, ocultando que se encuentra en el record histórico de 6,69 metros bajo el vertedero, sin contar con la sedimentación del fondo, lo que reduce todavía más su capacidad de embalse. Tampoco mencionó la segura y abundante floración de algas que liberarán sustancias tóxicas (con olor a gamexane) en los meses de noviembre, diciembre y enero.
Sobre el dique Los Molinos, que abastece a la zona sur de la ciudad, con 360.000 habitantes, señaló que “no tiene problemas”. Lo que omitió fue referirse a la calidad del agua contaminada con agrotóxicos en los 64 kilómetros de canal a cielo abierto, sometido en este momento -época de siembra- a un diluvio de agrotóxicos, contaminación criminal que fue motivo de una denuncia penal por envenenamiento por parte de numerosos vecinos de la zona sur de la capital agrupados en la CCODAV y permanece cajoneada en la fiscalía anticorrupció n (Amayusco) desde julio de este año.
Lo que no pudo ocultar el subsecretario, es la tremenda crisis hídrica en las Sierras Chicas (50 mil habitantes): Río Ceballos, Salsipuedes, Unquillo y Mendiolaza, abastecidas por el Dique La Quebrada, que se encuentra a 10,23 metros por debajo de su capacidad máxima de embalse de 34 metros .
El intendente de Salsipuedes declaró graves sequías en los pozos de captación, pero a pesar de ello hace poco otorgó la factibilidad de un megaproyecto inmobiliario a Bugliotti, del grupo financiero Dinosaurio, que requerirá de miles y miles de litros de agua.
Cruz del eje, y en las localidades de Punilla: Cosquin, Bialet Mase, Tanti, Carlos Paz y otras la situación es desesperante, ya en muchas de ellas se han implementado cortes horarios y camiones aguateros tratan de paliar la situación.
Pero la tragedia de los 1800 habitantes de Rayo Cortado patentiza las mentiras y el abandono del estado, un cartel de la campaña “Agua Para Todos” es el testigo de pozos que se secaron y personas que solo tienen agua a 20 kmts. de allí.
El gobernador Schiaretti no perdió el tiempo y se involucró de lleno en la crisis hídrica con las propuestas de trasvasamientos de cuencas a pesar del fracasado acueducto contra natura de Calera – Rio Ceballos casi terminado, pero con la fuente de agua a punto de colapsar (dique San Roque) y reflotó su viejo proyecto del acueducto Paraná – Córdoba que deberá salvar 400km. desde Santa Fe y elevar el agua a una altura superior a los 300 ms. con un formidable costo energético pero que seguramente terminará para riego de su querido sector agroalimentario como gusta de llamar a los especuladores sojeros y como plan B, prevée un acueducto desde el río Dulce, que también atraviesa una región sojera escasa de agua.
El agua no es una mercancía para comerciar, es un derecho humano y de todos los seres vivos. Pocas alternativas son posibles ante este cuadro de tragedia e indolencia de gobernantes y especuladores, por lo que es indispensable detener la sangría del modelo y establecer un plan de ordenamiento territorial con participación popular y una ley de bosques que prohíba la deforestación y ordene la reforestación ampliada del bosque nativo por un periodo suficiente para permitir la recuperación natural de las cuencas y ecosistemas.
¿Qué podemos hacer para ahorrar agua? no usar el inodoro, no lavarnos los dientes o bañarnos menos – NO: declarar nuestro alerta rojo y participar, organizarnos, luchar y movilizarnos para así recuperar y crear una empresa estatal e integral de agua y saneamiento, pública y comunitaria, bajo control y gestión de usuarios y trabajadores.
Convocamos a Todas la Organizaciones y vecinos a una asamblea,. en el Salón Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos 450 para establecer un plan de lucha conjunto el día martes 3 de noviembre a las 20.hs